El Gobierno ha puesto en marcha la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizados y la Delincuencia Grave 2019-2023, cuyo objetivo es dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y demás organismo públicos de un marco de referencia unificado y actualizado para prevenir y luchar contra estos fenómenos delincuenciales que causan un grave daño a la sociedad.
Este nuevo texto, que ha sido publicado el jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), revisa y actualiza la anterior estrategia, cuyo marco de vigencia se extendía de 2011 a 2014, y se adapta a los cambios en determinados aspectos delincuenciales, tecnológicos, sociales y de la situación internacional desde una visión integral.
Entre sus principales objetivos destacan la desarticulación de las estructuras criminales; la reducción de sus actuaciones; dificultar la implantación de nuevos grupos; reducir el impacto de este tipo de delincuencia sobre la sociedad; y contrarrestar la creciente vinculación entre terrorismo y crimen organizado.
Beneficios ilícitos
“El crimen organizado, por su carácter transnacional, su flexibilidad, capacidad de adaptación y obtención de beneficios ilícitos supone uno de los mayores impactos negativos en las sociedades modernas”, señala el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el prólogo de esta estrategia.
Una de las novedades de esta Estrategia Nacional contra el Crimen Organizados y la Delincuencia Grave 2019-2023 es que incorpora entre sus líneas de acción la investigación y la neutralización de la estructura económica y financiera de las organizaciones criminales. También pone el acento en la promoción de capacidades de inteligencia estratégica y operacional para anticiparse a las amenazas.
Otros ejes de acción estratégicos pasan por la cooperación y coordinación internacional; la elaboración y la adaptación legislativa; la formación y capacitación; y la utilización de las nuevas tecnologías contra el crimen del siglo XXI.
Esta estrategia ha sido aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional y ha sido elaborada por el Ministerio del Interior, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaría de Estado de Seguridad. Además, en su elaboración se han tenido en cuenta las aportaciones de otros expertos de los ministerios de Justicia, Hacienda y Economía y Empresa, así como de la Fiscalía General del Estado y del Departamento de Seguridad Nacional.
Tiene un periodo de vigencia de cinco años, hasta 2023, y encomienda al CITCO la elaboración de informes de seguimiento y análisis para poder evaluar los efectos de su aplicación.
