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Imperialismos y prensa

Eduardo Luis Junquera Cubiles
Nació en Gijón, aunque desde 1993 está afincado en Madrid. Es autor de Novela, Ensayo, Divulgación Científica y análisis político. Durante el año 2013 fue profesor de Historia de Asturias en la Universidad Estadual de Ceará, en Brasil. En la misma institución colaboró con el Centro de Estudios GE-Sartre, impartiendo varios seminarios junto a otros profesores. También fue representante cultural de España en el consulado de la ciudad brasileña de Fortaleza. Ha colaborado de forma habitual con la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón y con Transparencia Internacional. Ha dado numerosas conferencias sobre política y filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad UNIFORM de Fortaleza y en la Universidad UECE de la misma ciudad. En la actualidad, escribe de forma asidua en Diario16; en la revista CTXT, Contexto; en la revista de Divulgación Científica de la Universidad Autónoma, "Encuentros Multidisciplinares"; y en la revista de Historia, Historiadigital.es
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La invasión de Irak, en 2003, fue tan inmoral como lo es la agresión de Rusia a Ucrania en pleno 2022. Un solo bando, un solo discurso, un solo patriotismo: eso es lo que pretendía Estados Unidos con las enormes restricciones que impuso a la prensa durante la contienda, principalmente al inicio de la invasión terrestre. En aquel entonces, la única vez que el imperialismo estadounidense invocó la Convención de Ginebra fue para hablar de sus prisioneros de guerra en el país, pero jamás mencionaron que la misma Convención prohíbe disparar contra civiles desarmados, lo que incluye a periodistas, y asesinaron a unos cuantos. Los llamados “incorporados” eran periodistas a los que se les permitió acompañar a los soldados estadounidenses a condición de que “observaran” la guerra desde el interior de los tanques o vehículos blindados, es decir, desde el punto de vista del bando invasor. Ese grupo de periodistas no puso voz al dolor de los iraquíes ni mostró imágenes de la destrucción causada por los misiles estadounidenses.

La ausencia de corresponsales de guerra sobre el terreno no nos permitió ver el drama que se vivió en las calles y plazas, en los mercados callejeros, en los colegios destruidos, en los hospitales y centros de salud arrasados por las bombas y en los edificios y residencias en los que vivían los ciudadanos iraquíes. Al contrario, se acuñó el término “daños colaterales” para blanquear los crímenes del trío Bush-Cheney-Rumsfeld. ¿Dónde se ha visto una guerra en la que no mueran inocentes? Es la historia, es la vida, nos dirán. En un alarde de soberbia y para no dar muchas explicaciones acerca de las bajas causadas entre sus marines por el experimentado ejército iraquí, los portavoces del ejército estadounidense también se inventaron aquello del “fuego amigo”, otro eufemismo que encubrió multitud de muertes.

Saddam Hussein, el sanguinario dictador, poseía alrededor de 60 palacios en Irak. Recibimos muchas noticias que informaban con emoción y detalle de la destrucción de algunos de ellos, como si su demolición significase el advenimiento de la democracia en Irak, pero un teletipo de Reuters fechado el 3 de abril de 2003 dio cuenta de que los misiles que alcanzaron el complejo presidencia Al Radwaniya, un palacio al suroeste de Bagdad, habían matado a doce niños y seis adultos que vivían en una granja cercana. El resto de la prensa apenas comentó la noticia. Doce niños y seis adultos. Daños colaterales, por supuesto. Tampoco, naturalmente, se podía decir abiertamente que la razón de invadir Irak no era encontrar las armas de destrucción masiva, que nunca aparecieron, sino implementar un superproyecto neoliberal con el fin de privatizar toda la economía iraquí (no solo el sector petrolero).

Para esta misión se eligió a Paul Bremer, nombrado jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA), que se esmeró en privatizar el sector público, liberalizar todos los sectores de la economía iraquí y favorecer los negocios de las empresas estadounidenses en Irak. Ya en mayo de 2003, el Wall Street Journal había revelado que se había encargado al gabinete BearingPoint Inc. la ejecución de un plan que llevaba por título «Para que la economía iraquí pase del renacimiento al crecimiento sostenido». “Renacimiento” y “crecimiento sostenido”, más eufemismos. Posteriormente, el secretario de Estado, Colin Powell, reconoció que los datos aportados durante su discurso en la Asamblea de la ONU para demostrar la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, el 5 de febrero de 2003, eran falsos.

Sin ir más lejos, los llamados «contratos para luchar contra el fuego en los pozos petrolíferos» fueron concedidos en secreto a una filial de Halliburton, la compañía que dirigió el vicepresidente norteamericano, Dick Cheney, entre 1995 y 2000. Kellogg Brown & Root obtuvo esta licitación sin concurso previo y sin limitaciones en lo referente a la duración y las sumas implicadas. Por cierto, que esta empresa fue investigada en el Congreso de Estados Unidos por el «patrón de fraude, abuso y despilfarro» en contratas en Irak por valor de 8.200 millones de dólares. La “guerra global contra el terrorismo” admitía esto y mucho más. ¿Qué no tragamos entonces?

Cuando las principales televisiones de Estados Unidos se mostraron partidarias de difundir el vídeo de los prisioneros de guerra estadounidenses en poder del ejército de Irak, que ya había sido emitido por la televisión nacional iraquí, el secretario de defensa, Donald Rumsfeld, declaró que eso estaba prohibido por la Convención de Ginebra, pero que, incluso así, los medios podían hacer lo que desearan. Y, al menos en primera instancia, esos medios se abstuvieron de mostrarlos porque todos sabían que ese “lo que desearan” era una amenaza en boca de Rumsfeld y sabían también cómo se las gastaban tanto él como Cheney y cuántas herramientas pueden tener a su disposición un secretario de Defensa y un vicepresidente de Estados Unidos a la hora de hacer el mal a conciencia.

El propio Rumsfeld cuestionó públicamente la relevancia de las Convenciones de Ginebra y puso sobre la mesa métodos criminales de interrogación como el uso de perros guardianes para aterrorizar a los detenidos (constan en los informes de abuso durante los interrogatorios de la prisión de Abu Ghraib) o técnicas de inmersión en agua. Las entrevistas realizadas por Human Rights Watch a veteranos del ejército estadounidense revelaron que algunos soldados u oficiales que intentaron quejarse a la cadena de mando preocupados por el trato inhumano y las torturas a los prisioneros fueron presionados por oficiales de rango superior o incluso por abogados militares de la oficina de la fiscalía militar para que guardaran silencio. Se les aseguró que los mandos aprobaban los métodos de los interrogatorios y que eran legales. Incluso, a uno de los oficiales se le recordó el «honor de la unidad» como una razón para guardar silencio. El poder prostituye las palabras para defender lo inaceptable y apela a mitos y entelequias varias con tal de justificar su barbarie.

Por lo visto, preservar el “honor” (el buen nombre) de una unidad es compatible con los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos. Las torturas y malos tratos no se produjeron únicamente en la prisión de Abu Ghraib, sino en centros como el Campo Cropper, en el Aeropuerto de Bagdad, donde se hallaban recluidos los máximos dirigentes del régimen iraquí y algunos miembros de la resistencia; en los centros secretos de interrogación como el Campo Nama, cerca de Bagdad, y el Campo Diamonback, en el aeropuerto de Mosul; en los campos de prisión improvisados en varias localidades; y también en las bases operativas de avanzadilla, como la de Tigre, en Al-Qaim, y la de Mercurio, en Faluya.

Fue el presidente Bush, en realidad, quien dio la autorización a la CIA para entregar a presos y detener a otros en lugares secretos. Varios países europeos colaboraron. Nadie como nosotros para tapar nuestras miserias. El Pentágono ordenó nueve investigaciones diferentes, dos de ellas demostraron que las políticas de interrogación de Rumsfeld contribuyeron a la tortura y abuso en Irak y Afganistán. Pero los investigadores no disponían de las facultades legales necesarias para procesar a Bush, Rumsfeld y Cheney. En algunos aspectos, todos lo sabemos, vivimos una ficción de democracia, y lo ocultamos con engaños que todos aceptamos.

En caso contrario y si las fuerzas no fueran tan desiguales, multitud de prohombres de la política estadounidense estarían en prisión hasta sus últimos días. En ocasiones, el respeto sagrado por la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión y la información parecen quedarse en nada cuando están en juego los intereses económicos de Occidente. Al Jazeera fue uno de los pocos medios que mostró la guerra de Irak tal cual fue, una espeluznante fiesta de muerte, abyección y destrucción. Mientras, la mayor parte de las televisiones estadounidenses contrataron a militares retirados que mantenían estrechos vínculos con el Gobierno, y su forma de hablar de la guerra era extremadamente belicista y muy similar a la que hoy utilizan los medios rusos. Con frecuencia, hablaban con emoción y entusiasmo de “nuestro ejército”, “nuestros tanques”, “atacaremos”, etcétera.

También existe una extraña consonancia en nuestros medios cuando nos hablan de la “guerra de Putin”, cuando antes jamás escuchamos “la guerra de Bush-Cheney-Rumsfeld”, como tampoco fueron calificados como «oligarcas» los empresarios afines al Partido Republicano que más se lucraron con la guerra por medio de la prestación de servicios en Irak, que fueron desde las operaciones militares en las que participaron mercenarios hasta la construcción de infraestructuras (minuciosamente destruidas por los estadounidenses), pasando por la formidable operación logística que dio cobertura completa a las tropas. Esos empresarios recibieron más de 138.000 millones de dólares y diez de ellos acapararon el 52% de los fondos, de acuerdo con un informe del Financial Times. Muchos de los contratos fueron otorgados directamente a personas próximas al Gobierno de Bush sin que se permitiera la competencia con otras empresas del sector.

El análisis del Financial Times demostró que dos empresas se beneficiaron del conflicto bélico con contratos por valor de, al menos, 72.000 millones de dólares y ¿acaso es una sorpresa? La que más beneficios obtuvo fue Kellogg Brown & Root, la filial de Halliburton vinculada al vicepresidente Cheney. Todos ellos fueron y son tratados como empresarios respetables, no como «oligarcas», y no han visto restricción alguna en sus cuentas bancarias o tarjetas de crédito. La protección y predilección que la Administración Bush mostró por estos empresarios no difería en casi nada de la que muestra el Kremlin por los llamados “oligarcas”.

Las guerras de todas las épocas han tenido un fortísimo componente económico que incluye el robo, el saqueo y la obtención de recursos de todo tipo en poder del enemigo, y eso es muy difícil de defender en el mundo de hoy. En Irak murieron entre uno y un millón y medio de personas a causa de la guerra. Todo indica que, en el mejor de los casos, nos dirigimos a una guerra de desgaste en el conflicto entre Rusia y Ucrania, con consecuencias imprevisibles para la humanidad si tuviera lugar el peor de los escenarios de utilización de armas nucleares tácticas o estratégicas.

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