El artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos establece que los altos funcionarios del Gobierno federal pueden ser procesados por mandato de la Cámara de Representantes, mientras que el Senado tiene el poder exclusivo de juzgarlos. Y el artículo 2, sección 4, ordena que “el presidente, vicepresidente y todos los funcionarios civiles de Estados Unidos serán retirados del cargo al ser acusados y declarados culpables de traición, sobornos y otros delitos y faltas graves”. Es el denominado juicio de impeachment, que estos días ha estado de plena actualidad por haber sentado en el banquillo al inquilino de la Casa Blanca, el magnate de los negocios Donald Trump, por sus supuestas relaciones con actividades de espionaje para perjudicar a sus rivales del Partido Demócrata.
Finalmente, tras un mar de papeles y expedientes oficiales, declaraciones testificales, ríos de tinta en los periódicos y manifestaciones ciudadanas, Trump ha salido airoso del proceso gracias a la mayoría que los republicanos ostentan en el Senado. Y ahí es donde surge la gran pregunta: ¿cómo puede ser que en la considerada primera democracia del mundo un asunto turbio que debería dirimirse en los tribunales, ante jueces imparciales e independientes, se vea sustituido por una pantomima, una mascarada, una gran farsa donde la sentencia final es dictada por los compañeros y amigos de partido del acusado? No tiene ningún sentido y sin embargo estamos hablando de una figura legal, la del impeachment, que fue recogida por los padres de la Constitución norteamericana hace más de dos siglos.
El procedimiento, tan contaminado por lo político que no debería denominarse técnicamente un juicio, hace saltar por los aires los pilares fundamentales de toda democracia, entre ellos el fundamental: el principio de separación de poderes, que entre otras cosas impide que políticos puedan juzgar a políticos (más aún si son del mismo partido). Hoy, desde la óptica europea, puede decirse que el impeachment es poco menos que un teatrillo que en España (con todos los problemas y males endémicos que acarrea nuestra Administración de Justicia) sería impensable. Imaginemos, por poner un ejemplo, que un presidente del Gobierno español salpicado por graves indicios de delito compareciese ante una comisión parlamentaria de investigación y no ante los magistrados de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo. Sería un auténtico escándalo que terminaría por darle la puntilla definitiva a nuestro ya maltrecho y politizado sistema judicial. Pues algo que aquí nos parece una aberración jurídica, el llamado “juicio político”, en la mayor democracia del mundo es considerado lo normal dentro del buen funcionamiento del sistema, lo cual prueba que no estamos tan mal en calidad democrática como algunos van diciendo por ahí.
En el procedimiento de impeachment es el Congreso quien inicia los trámites de la investigación. Así ocurrió en el escándalo que persiguió a Richard Nixon por el asunto Watergate en 1974. Y también en el proceso de destitución contra Bill Clinton en el caso Monica Lewinsky. La Cámara de Representantes debe aprobar por mayoría simple el alegato formal o acusación. Es cuando el imputado queda oficialmente “acusado” (impeached), de forma que la Cámara ha cumplido con la función que en España realizaría, con todas las garantias procesales, un Juzgado de Instrucción. Es entonces cuando el expediente pasa al Senado, cuya sentencia requiere una mayoría de dos tercios de los presentes. De recaer un fallo condenatorio, la pena consiste en la destitución del presidente de los Estados Unidos de todos sus cargos públicos.
Existen al menos tres tipos de conductas que constituyen motivos suficientes para abrir un juicio político contra el hombre más poderoso de la Tierra: exceder o abusar indebidamente de los poderes de su cargo; comportamiento incompatible con la función y el propósito del cargo; y uso indebido del cargo para un propósito inapropiado o beneficio personal. Entre 1789 y 2007, la Cámara de Representantes ha iniciado sesenta y dos procedimientos de juicio político y ha enviado al Senado a veinte funcionarios federales. Los presidentes demócratas Clinton y Johnson no fueron destituidos tras ser sometidos al juicio político. El republicano Nixon dimitió antes del inicio del proceso. Y Trump ha salido absuelto. Además, los intentos por abrir impeachment contra presidentes como John Tyler, James Buchanan, Ulysses S. Grant, Grover Cleveland, Herbert C. Hoover, Harry S. Truman, Lyndon B. Johnson, Ronald W. Reagan, George H. W. Bush, George W. Bush y Barack Obama terminaron en rotundo fracaso, ya que por lo general no resulta nada fácil reunir las pruebas suficientes para sentar en un banquillo al presidente de la primera superpotencia mundial. Todo lo cual demuestra que más allá del espectáculo mediático internacional que suele acompañar a estos procesos, estamos ante una herramienta legal que rara vez culmina con una sentencia condenatoria precisamente porque el acusado tiene las espaldas cubiertas por sus respectivas mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado. ¿Puede haber, por tanto, algo más politizado que un impeachment? Y sin embargo, tenemos que tragar con ese falso mito de que Estados Unidos es el país de la democracia de alta calidad, de la justicia moderna y garantista y de la suma libertad. Ahí es nada.
Impeachment: una gran farsa en la considerada democracia más avanzada del mundo. Bueno es que empezamos a decir las cosas como son… Pero en todos los ámbitos y países. Ese mismo caso en la España que usted describe seria muy parecido si no, igual, pero con togas. Eso ya ha pasado y sigue pasando. Este desgraciado país, heredero de un genocidio no juzgado, donde sus herederos, han conseguido alargar sus miserias hasta nuestros tiempos, no puede acusar al «Impeachment» americano.