II Aniversario Banco Popular: ni Bankia ni falsedad contable, crisis de liquidez y Saracho

El informe de los inspectores del Banco de España ha dado un vuelco a las conclusiones y estrategias jurídicas de muchos despachos de abogados y ha deshabilitado de razón el argumento de la falsedad de las cuentas del Banco Popular.

En primer lugar, la causa efecto que describe el informe muestra cómo no hay ninguna similitud con lo ocurrido en el caso Bankia, dado que, mientras está demostrada y constatada la falsedad contable en la salida a bolsa de Bankia, en el Caso Popular, el informe pericial presentado ante la Audiencia Nacional, no define ni describe que las cuentas del Banco Popular no presenten la imagen fiel de la sociedad.

En segundo término, en la elaboración del informe, los inspectores del Banco de España señalan claramente que el motivo de la resolución del Banco Popular fue la crisis de liquidez provocada desde el 20 de abril del 2017 hasta el 6 de junio, siendo la de los últimos días de ese mes de la que no puede reponerse la entidad. Esta misma versión es la que también es subrayada y especificada tanto por la JUR, como por el FROB, como por el BCE. Por tanto, ¿qué interés hay en intentar imputar la responsabilidad a las cuentas, algo que la documentación demuestra que no fueron manipuladas, o a asimilar lo ocurrido con el Popular con Bankia?

Por tanto, la causa efecto de la resolución, tal como señala el informe pericial del Banco de España no es la falsedad contable o la no imagen fiel de los estados contables del Banco Popular, sino la crisis de liquidez provocada durante el segundo trimestre de 2017.

Este cuadro se expone en la presentación de resultados del primer trimestre del 2017, fechada el día 5 de mayo del 2017, confirma cómo la situación de máximo stress en la no renovación de la financiación mayorista, o vencimientos a corto del año 2017, estaba controlada con la segunda línea de liquidez, disponiendo después del pago de los vencimientos de 5.949 millones a final de año.

Desde los primeros meses del 2017 hasta la resolución salieron un total de 21.176 millones de depósitos, siendo los días 5 y 6 de junio cuando salió un 46,63 %  por un importe de 9.875 millones. Por tanto, esta fuga de depósitos es la causa-efecto comienzo del procedimiento de resolución.

Los acontecimientos que marcaron los peritos del Banco de España como detonantes de dicha salida masiva de depósitos son:

1. La intervención y la política de comunicación del presidente Emilio Saracho en la Junta General de Accionistas, presentando una doble vía —venta del banco y ampliación de capital para poder continuar la actividad, es cuando acontece la primera salida masiva de depósitos, comenzando al mismo tiempo, la degradación de ratings de las principales agencias de calificación.
2. La segunda es la publicación en El Confidencial de la inminente venta del Banco ante una posible quiebra. Fue publicado el día 11 de mayo del 2017.
3. La tercera salida masiva es la intervención el día 23 en Bloomberg TV de la presidenta de la JUR, Elke König, donde afirmó que el Banco Popular era uno de los bancos que estaban vigilando.
4. La cuarta salida masiva de liquidez se produce con la publicación el día 31 de mayo del 2017 en Reuters de una noticia sobre la inminente resolución del Banco Popular.

A todas estas salidas de depósitos pudo sobreponerse el Banco Popular con sus propios recursos.

Es a partir del día 3 de junio, con el inicio del procedimiento de resolución a través del proyecto Hipócrates, cuando se inicia la retirada definitiva de depósitos que hizo que fuera resuelto el Banco Popular.

El efecto sabemos que fue la resolución del Banco Popular y la causa para llegar a dicho efecto, no es por tanto la falsedad contable ni la no presentación de la imagen fiel, sino que fueron todos aquellos actos que desencadenaron la crisis de liquidez y, de una manera especial, todos aquellos que se realizan entre el día 3 y el 6 de junio. Una concatenación de salidas de depósitos que, principalmente, son realizadas por empresas de inversión, vinculadas a los bancos a los que se presentó la posibilidad de participar en el proyecto Hipócrates, y empresas y organismos públicos que sacaron sus depósitos sin exponer los motivos de esa retirada, por tanto, a través del presunto uso de información privilegiada.

Fueron especialmente crueles las salidas realizadas el día 5 de junio por organismos del Estado como la Seguridad Social, la CNMC o la Sareb, quien justificó a Diario16 que retiraron los depósitos por la rebaja de la calificación de rating, algo ilógico puesto que la última rebaja se produjo en el mes de mayo.

Los mismos peritos definieron como incomprensible la actuación de Emilio Saracho en el documento de declaración FOLTF que remitió el Consejo de Administración al BCE, documento donde se expuso toda la argumentación sobre las previsiones y estimaciones negativas, pero sin mencionar los recursos y posibles acciones que podía ejecutar.

«No podemos dejar de señalar que, a pesar de que, aparentemente, el BCE conocía el carácter de estimaciones de las provisiones necesarias, llama la atención que en la declaración de posible insolvencia del 6 de junio de 2017 no se señalara el carácter provisional de estos importes o que las ratios de solvencia mejorarían por las operaciones de ventas de sociedades en curso o, incluso, por una posible ampliación de capital», se puede leer en el informe pericial del Banco de España.

Respecto a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 84 de Madrid, en referencia a la exoneración por presunto enriquecimiento ilícito del Santander, cuando una sentencia expone una causa efecto, tiene que fundamentar la relación entre ambas. La resolución fue fruto de una actuación administrativa de un organismo de la UE, junto con el mecanismo de resolución nacional: FROB. Si bien son los que realizan la ejecución, el presunto inductor y el que ha programado dicha actuación, es, por tanto, el que se beneficia del acto que es ejecutado por dichos mecanismos europeos. Para ello, solo hay que revisar el documento que es aprobado por el Consejo de Administración del Banco Santander el día 22 de mayo del 2017, en donde se aprueba lo que se realizó la madrugada del día 7 de junio del 2017 en la notaría donde se protocoliza dicho acto de resolución.

Para finalizar, solo cabe responder a la pregunta ¿quiénes son los inductores, quiénes los ejecutores y quiénes los beneficiarios y los perjudicados en dicha actuación administrativa de un organismo de la Unión Europea? Serán los jueces quienes tengan que responder a estas preguntas. Ahora, que lo hagan desde la independencia y la objetividad de saber impartir y aplicar la justicia en igualdad de condiciones, no minusvalorándose los jueces ante las presiones del poderoso, sino agrandándose para realizar y ejercer la función que deben desempeñar: defender el imperio de la ley, frente a la ley del imperio que quieren imponer los poderosos.