Iceta no estudió Historia de España

Los partidos políticos protagonistas de la Transición están cerrando filas en favor de la Monarquía, intentando defender lo indefendible, lo que les lleva a cometer errores y a afirmar cosas que denuestan más que dan valor a la institución que ocupa la Jefatura del Estado.

Ejemplos hay muchos y en todas las formaciones políticas que forman parte de esa especie de club de fans monárquico que se ha creado tras los escándalos y las investigaciones abiertas al rey emérito. Sin embargo, resultan cuanto menos sorprendentes las declaraciones hechas por el líder del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Miquel Iceta: «La monarquía ha dado los mejores 42 años de los últimos tres siglos en España», palabras que fueron completadas por otras que muestran un desconocimiento profundo tanto de la Historia de España como de los sistemas políticos al referirse a la República: «no soy partidario de un cambio de régimen».

Vayamos por partes. En referencia al contexto histórico, la dinastía borbónica ha sido la que ha traído la más absoluta decadencia a España. Desde que Felipe V accediera el trono después de la Guerra de Sucesión hasta Felipe VI el país ha ido perdiendo en todos los aspectos. Carlos III, un rey que, en teoría, tiene un «currículo impecable», permitió la corrupción de su ministro de la guerra Pedro López de Lerena, a quien Jovellanos definió como «hombre no sólo iliterato, sino falto de toda especie de instrucción y conocimientos en todos los ramos, y aun de toda civilidad, sin que los altos empleos en que se halló pudiesen cultivar la grosera rudeza de sus principios». Fue el propio Jovellanos quien acusó a López de Lerena de utilizar los comisos para su enriquecimiento personal a través de un procedimiento por el cual el ministro se llevaba un 25% de lo obtenido por la venta de productos decomisados por las autoridades.

Carlos IV, por su parte, regaló el país a Napoleón y permitió que un corrupto como Godoy controlara España hasta la firma del tratado de Fontainebleau en el que se estipulaba la invasión militar conjunta franco-española de Portugal aliada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y se permitía para ello el paso de las tropas francesas por territorio español, siendo así el antecedente de la posterior invasión francesa de la península ibérica y de la Guerra de la Independencia Española.

El hijo de Carlos IV, Fernando VII, tomó el trono sin que existiese abdicación a su favor por parte de su padre e impuso un régimen absolutista contra la que se levantó el general Del Riego. En ese momento el Borbón se vio obligado a acatar la Constitución de Cádiz de 1812, algo que duró sólo 3 años, tras los cuales inició una dura represión contra los liberales, lo que provocó que España se mantuviera al margen de la evolución política del resto de Europa y que tuvo como consecuencia el retraso socioeconómico del país.

Fernando VII creó un sistema que luego ha sido utilizado por varios de sus herederos dinásticos. A causa de los levantamientos e insurrecciones en las colonias americanas, la Marina necesitó ampliar su flota. Para lograrlo en el menor tiempo posible, el gobierno de Fernando VII negoció con Rusia la compra de una parte de la flota del Zar. Esta operación multimillonaria llenó muchos bolsillos, los del rey incluidos. Sin embargo, cuando los barcos llegaron Cádiz se comprobó que eran para desguace y, por tanto, no podían navegar hasta el continente americano, por lo que fueron desechados. No obstante, el dinero no fue devuelto y Fernando VII se quedó con sus comisiones.

Isabel II, por su parte, tuvo que exiliarse y estuvo envuelta en escándalos de corrupción relacionados con el tráfico de esclavos, una trama que fue diseñada por su madre, la viuda de Fernando VII. El modelo de negocio creado por María Cristina de Borbón era un triángulo formado por la familia real, armadores catalanes y vascos y las oligarquías coloniales el Cuba. Los barcos viajaban al golfo de Guinea y cargaban a los esclavos en puertos clandestinos que estaban dirigidas por traficantes franceses, holandeses y portugueses. Posteriormente, cruzaban el Atlántico hasta las islas sur de Cuba donde la permisividad de las autoridades permitía la descarga y el traslado de los esclavos africanos a las haciendas y, en algunos casos, su transporte a los estados del sur de los Estados Unidos. Isabel II tuvo que exiliarse en Francia bajo la protección de Napoleón III y Eugenia de Montijo.

Alfonso XIII, por su parte, protagonizó diferentes escándalos de corrupción y permitió, por otro lado, la dictadura de Primo de Rivera. Hay acontecimientos históricos, como la guerra de Marruecos, que serían inexplicables sin la participación de Alfonso XIII, quien se benefició de la contienda por partida doble, ya que fue socio de los grandes empresarios que se beneficiaban de la explotación de las minas del Rif y cobró elevadas comisiones de los equipamientos comprados para el Ejército. Fue el bisabuelo de Felipe VI quien se empeñó en que el Ejército interviniera en la construcción de una línea de ferrocarril para facilitar el transporte de fosfatos y hierro. Esta decisión fue una de las que provocó una guerra que terminó con la derrota de Annual y que dejó más de 20.000 soldados de reemplazo muertos, todos hijos de familias obreras, porque los vástagos de las familias ricas estaban exentos de ir a la guerra si pagaban 1.000 pesetas.

Esta guerra costó a España más de 5.000 millones de pesetas de la época. Una buena parte de ese dinero acabó en las cuentas en Suiza de Alfonso XIII.

Sin embargo, el negocio de las minas en Marruecos no fue el único del bisabuelo de Felipe VI, puesto que también tuvo intereses en empresas que gestionaban servicios públicos, como el Metro o la Transmediterránea. Además, también tuvo participación en el sistema de apuestas de las carreras de galgos. Fue la II República la que desmanteló el tinglado que tenían montado en los canódromos y se presentó una demanda contra Alfonso XIII por estafador.

Durante todos estos años de hegemonía borbónica, España perdió sus colonias y fue imbuyéndose en el retraso tecnológico, empresarial y social, hecho que se arrastra hasta nuestros días.

Y ahora tenemos el caso del rey emérito, hecho que ha colocado a la Monarquía en una crisis tan grave que la responsabilidad de los gobernantes está en devolver a los españoles y las españolas la voz de la democracia. Es muy grave que Juan Carlos de Borbón esté siendo investigado por una fiscalía por el presunto cobro irregular de comisiones y, por extensión, por supuestamente haber escondido ese dinero del fisco español. Es muy grave que esas actividades se produjeran durante el tiempo en que ocupaba la Jefatura del Estado y es muy grave que la impunidad que da la inviolabilidad haya sido utilizada para acumular riquezas y ocultarlas en países con secreto bancario. El New York Times calculó, en base a una información de Forbes, que la fortuna de Juan Carlos de Borbón superaba los 2.000 millones de euros. ¿De dónde sacó todo ese dinero?

Aprovechando su posición de privilegio, el rey emérito ha participado, presuntamente, en diferentes tipos de negocios que han sido tapados por la connivencia de la clase empresarial (que se beneficiaba de su intermediación comercial) y de la gran mayoría de los partidos políticos de la Transición. Todo ello, además, con la ocultación de éstos en los principales medios de comunicación. Cuando los escándalos ya no podían taparse, la Justicia se puso a trabajar para ser benigna y dejar a Juan Carlos de Borbón al margen.

Además del AVE de La Meca, el rey emérito se estuvo embolsando, presuntamente, un sobreprecio que oscilaba entre 1 y 2 dólares por barril de petróleo importado. Así lo denunció Roberto Centeno, exconsejero delegado de CAMPSA. Si tenemos en cuenta que España importa cada día 1 millón de barriles, aproximadamente, no hay más que hacer la cuenta de lo que, supuestamente, ha recaudado Juan Carlos de Borbón durante las últimas décadas.

Tras este repaso, ¿puede seguir el señor Iceta defendiendo que la Monarquía ha dado a España los mejores años de su historia? Desde luego, no. Un líder político debe asesorarse y documentarse para poder argumentar una postura, sobre todo cuando se habla de hechos históricos. A la ultraderecha y a los populismos se les ha acusado de reescribir la historia en su favor. ¿Acaso es lo que están haciendo ahora los partidos y dirigentes políticos de la Transición para defender a la Monarquía? Contra la historia no caben discusiones ni interpretaciones y, como dijo Aldous Huxley, «Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia» y, como hemos visto, los Borbones han dado demasiados ejemplos de lo que un país no puede hacer ni permitir.