El Tribunal Supremo ha confirmado una pena de 10 meses de prisión para cuatro guardias civiles –uno de ellos, con el cargo de cabo primero– que durante años profirieron comentarios, humillaciones e insultos homófobos a un compañero del cuartel de Noia (A Coruña). El asunto ha vuelto a poner de actualidad el debate sobre los derechos de las minorías en los cuarteles de la Benemérita.
El cuerpo policial fundado por el duque de Ahumada no ha quedado a salvo de turbios casos de abusos contra agentes que viven una sexualidad diferente a la heterosexual. En pleno siglo XXI, cuando estas cosas debían estar superadas, parece que todavía pululan militares y policías que llevan el machismo castrense hasta sus últimas consecuencias, un exceso de hormona masculina que terminan pagando otras personas inocentes. Así, en 2004 el agente José Ramón Romero tuvo que darse de baja en su puesto de la Guardia Civil de Castellón. Nadie sabía a ciencia cierta el motivo y algunos lo atribuían a una depresión. Nada que ver. En ese tiempo, José Ramón dejó definitivamente de ser lo que no era, un varón, y se convirtió en lo que siempre había sido, una mujer. Había nacido oficialmente Alba Romero. En en Alto Mando no fue bien recibido ese cambio de identidad y se impidió su vuelta a la actividad profesional. De hecho, un tribunal médico la declaró “inútil para el servicio por falta de testículos”. Pero Alba Romero, con 20 años de carrera, no había dado ese paso crucial en su vida para no luchar. Y siguió defendiendo sus derechos fundamentales en los tribunales. Dos años después, en el 2006, la Benemérita admitía al primer transexual de la historia. El Consejo de Ministros del 13 de agosto del 2013 aprobaba una modificación del reglamento militar que abría la puerta, definitivamente, a que los transexuales pudieran enrolarse en el ejército y en la Guardia Civil. Y Alba Romero fue reintegrada a su puesto.
A veces resulta difícil conseguir que la Constitución sea respetada en los cuarteles, no solo del Instituto Armado, también en las unidades de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire. Hace solo unas horas, el Supremo publicaba otra sentencia que airea una situación sangrante de persecución y discriminación por razón de sexo. El Alto Tribunal desestima los recursos de los guardias civiles acusados de acosar a un compañero y confirma una sentencia previa del Tribunal Militar Territorial Cuarto, con sede en A Coruña, que los condenó como autores de un delito consumado de abuso de autoridad, en modalidad de acoso profesional y atentado contra la dignidad personal del trabajo, así como por discriminación por orientación sexual.
Así, aparte de la pena de 10 meses de cárcel, que incluye una atenuación por dilaciones indebidas en el proceso, el Supremo ha ratificado la multa de 10.000 euros que deben abonar a la víctima en concepto de daños psíquicos y morales. Además, el Tribunal Supremo subsana la sentencia recurrida para añadir la responsabilidad civil subsidiaria del Estado en el pago de esta indemnización.
Los hechos probados de la sentencia confirmada recogen que, entre 2010, cuando la víctima llegó al cuartel de Noia, y 2014, un cabo primero de la Guardia Civil y otros tres agentes más veteranos que él, se dirigían a la víctima despectivamente con expresiones como “maricón”, “maripili”, “fresita” y “la mujer del puesto”.
En concreto, el cabo primero profirió comentarios como que “los maricones no deberían de estar en la Guardia Civil”. “Arriba España y muerte a los maricones” y “prefiero tener un hijo muerto o drogadicto que maricón” fueron otras de las expresiones empleadas por este superior, según relata el fallo.
Todas estas descalificaciones se alternaban, en ocasiones, con bromas o mofas, así como con comentarios sobre su competencia profesional tales como “inútil” o “vago”, añade la sentencia. Toda esta situación comenzó desde el momento en que el hombre se incorporó al puesto de Noia, en junio de 2010, y se mantuvieron de forma ininterrumpida hasta que el 30 de noviembre de 2014 tuvo que ser atendido por una crisis de ansiedad.
Desde esa fecha, la víctima permanece de baja para el servicio por razones médicas, recibiendo atención psicológica y psiquiátrica, ya que presenta un cuadro crónico y complejo de larga duración, diagnosticado como un trastorno mental severo.
Los acusados, entre otros argumentos, recurrieron la sentencia del tribunal de A Coruña ante el Supremo alegando vulneración del derecho a la presunción de inocencia, por estimar que, a su juicio, no había pruebas suficientes. Sin embargo, el Tribunal Supremo lo ha desestimado al destacar que el Tribunal Militar Territorial Cuarto ha realizado una valoración “razonable y razonada” de las pruebas, tanto de la declaración de la víctima como de los testigos que corroboraron su versión. De hecho, los magistrados insisten en que no hubo contradicciones, ni modificaciones ni ambigüedades en las diferentes declaraciones, sino que son “firmes, persistentes y contundentes”.
El último caso de abuso en el cuartel puede ser solo la punta del iceberg de una situación preocupante en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español. Cerca de 350 agentes se han quitado la vida, por diferentes causas, en los últimos 16 años. Problemas familiares, emocionales y psíquicos y también incomprensión, abusos y presiones en el ámbito laboral son algunas de las causas que podrían están detrás de estas negras estadísticas. Hoy, más que nunca, podemos decir que falta transparencia en un sector demasiado hermético y cerrado no solo a la ley, sino a la realidad del mundo en que vivimos.
