La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la ministra de Igualdad, Irene Montero, el secretario general de CCOO, Unai Sordo y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, han firmado este jueves el Acuerdo por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el trabajo tras un proceso extenso de diálogo social con los agentes sociales, consulta y participación.
Yolanda Díaz considera que el acuerdo “refleja mecanismos y procedimientos concretos para que los registros retributivos, las auditorías y los planes de igualdad sean instrumentos eficaces para la igualdad real. Es un acuerdo efectivo, que viene a romper los sesgos de género en la valoración de los puestos de trabajo”, señaló la ministra de Trabajo.
La ministra resaltó también la actuación de los agentes sociales en este procedimiento normativo. “No solo han estado en el desarrollo de los textos sino que, con su presencia, se ha reforzado y asegurado la obligación de que los planes de igualdad sean negociados, garantizando así lo que ya dictaba la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva»
Irene Montero
Por su parte, Irene Montero ha asegurado que, como ministra de Igualdad, se siente “especialmente orgullosa” de estampar su firma en un acuerdo junto a los agentes sociales y la Ministra de Trabajo, porque “este gesto sencillo es un símbolo de época”.
“Queremos trabajo decente, queremos plena igualdad. Queremos derechos laborales y seguridad en el empleo. Queremos retribuciones justas. Ponemos de nuestra parte, desde el diálogo, para que esas justas reivindicaciones del feminismo y las trabajadoras de este país estén hoy más cerca que ayer; muy conscientes de todo lo que nos queda por avanzar pero muy firmes, también, en cada uno de los pasos que vamos dando”, señaló la ministra de Igualdad.
Además, tanto CCOO como UGT han coincidido en señalar que se trata de un acuerdo “muy importante” que representa “un gran avance y contribuye a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”.
Los ministerios y las organizaciones sindicales destacaron la importancia del desarrollo del diálogo social, que ha sido “fundamental” procedimiento normativo, así como las aportaciones de otras entidades, asociaciones y personas que han participado en la consulta y en la audiencia.
