Erase una vez un partido político, llamado Partido Popular (PP), galante de la medalla de imputación por corrupción. Cuenta con 137 diputados en nuestro Parlamento y es el partido de Gobierno de esta nuestra querida España. Creo que a todos, si lo analizamos fríamente nos resulta chocante, y podemos preguntarnos qué está pasando para que suceda esto.
Aunque no debemos discriminar a otros partidos, que colaboran activamente en este ya establecido deporte nacional, el juego de «¿quién es el que más roba?».
No se puede dejar de recordar cifras como que, la corrupción cuesta a los españoles un total de 87.000 millones de euros, cantidad suficiente para recuperar recortes en sanidad, educación o dependencia.
Evidentemente es dinero que no consideramos nuestro, ya que si tenemos en cuenta que actualmente somos 28,2 millones de personas activas en España, equivale a que nos roban a cada uno de nosotros algo más de 3.000 euros anuales, para el beneficio de unos pocos, algo que en ese caso no permitiríamos, pero que actualmente estamos admitiendo con total resignación.
Pero hay otros aspectos de la corrupción, que lamentablemente hasta ahora han estado abandonados, como es la defensa de los denunciantes de corrupción en las instituciones públicas.
Todos estaríamos de acuerdo en que no sería necesario llevar a cabo una legislación particular a este respecto, ya que deberían ser los mecanismos ya existentes en este sistema democrático y de derecho, valedores de estas personas. Pero lamentablemente no es así.
Esta semana Ana Garrido, ha estado en el Parlamento Europeo con motivo del encuentro “Human Rights and Whistleblowers”, hablando de su caso y dando voz a una iniciativa que ha propuesto la Plataforma X la Honestidad, donde han presentado un Anteproyecto de Ley de defensa del denunciante de corrupción de instituciones públicas.
Esta propuesta se llevó a cabo el pasado 18 de octubre, a todos los partidos políticos con representación en nuestras cámaras, y donde también se invitó a participar a UPYD, como partido que ha llevado como bandera la lucha contra la corrupción. Donde el PP, junto con Coalición Canaria y EH Bildu no asistieron y por tanto no apoyaron esta iniciativa, lo cual no es de extrañar aunque sí lamentar.
Pero aunque otros partidos como el PSOE, Ciudadanos, Podemos, PNV apoyasen verbalmente esta propuesta, voy a hacerme eco, y suscribir cada una de las palabras que la propia Ana Garrido pronunció en Europa: «es difícil que salga la Ley adelante en España, teniendo en cuenta que el Gobierno actual está compuesto (y sustentado) mayoritariamente por los partidos más salpicados por casos de corrupción. Pueden decir buenas palabras, pero en el fondo no les interesa, ya que el entramado es de tal magnitud que si se denunciara la corrupción, se rompería el engranaje que facilita su estado de bienestar y sus “negocios»».
Cómo se puede permitir que quienes tengan que legislar y permitir que siga adelante un proyecto de ley de estas características, sean los más perjudicados del resultado de esta legislación. Se puede definir como la hipocresía en estado puro.
¿Qué se puede esperar de esto? Pues lógicamente lo que está pasando, que se pongan piedras en el camino, y seguramente que el resultado no sea el más beneficioso para asegurar una real protección a tantas personas que querrían denunciar corrupción, sino algo para pasar el trámite.
Una ley más donde queriendo quedar bien frente a la imagen pública, lo que prevalezca sea intereses partidistas.
En la España que yo quiero, evidentemente no debería existir esta lacra social, pero más aún, valientes que han decidido denunciarla no deberían sufrir las situaciones de miseria, abandono social, por llevar a cabo una acción valiente y de sentido del deber y respeto por lo público.
Gracias a todos los que anteponiendo vuestro bien personal habéis dado el paso adelante por todos nosotros y por una mejor sociedad.
