La polémica huelga de letrados de la administración de justicia ha generado el tan temido efecto dominó. Ahora son los sindicatos representativos de los funcionarios del sector, Comisiones Obreras, UGT, CSIF, SATG y CIG los que llaman a paros parciales indefinidos a partir del 17 de abril, entre las 10 y las 13 horas, y a una huelga general el 19. Quieren que se les suba sus retribuciones en la misma cuantía en que se ha hecho a los LEAJ. Además, exigen la paralización de la ley orgánica de eficacia administrativa que supondrá toda una revolución organizativa en la llamada planta judicial”.
De llevarse a cabo la huelga, corre peligro el plan de choque que se está elaborando con los informes del Consejo General del Poder Judicial, de los tribunales superiores de justicia y de los colegios de abogados y procuradores. De lo que ha trascendido hasta ahora de ese plan de choque, una de las propuestas, la de celebrar vistas orales por las tardes hasta que los juzgados se pongan al día, ha sido rechazada contundentemente por abogados y procuradores. En el ministerio de justicia no quieren pronunciarse sobre este asunto, pero ya han dejado claro que es muy difícil lo que ha propuesto el CGPJ de dotar de jueces y letrados de refuerzo porque eso supondría un desembolso presupuestario que, en estos momentos, no es posible. Habrá que buscar otras soluciones.
Y la nueva convocatoria complica las cosas aún más. Son 45.000 los funcionarios que prestan servicios en la administración de justicia. Si secundan la convocatoria de los sindicatos lo más seguro es que la paralización se mantenga por mucho que los letrados vuelvan a ejercer sus funciones. Además, las asociaciones de jueces y fiscales que se han reunido con representantes del ministerio exigen también incrementos “adecuados” de sus retribuciones. No se conforman con la actualización del 3,5% contemplada en los presupuestos. Señalan que la conclusión mas significativa del acuerdo con los letrados de la administración de justicia es que “hay dinero”. Piden la convocatoria urgente de la “mesa de retribuciones” y preparan acciones si, de aquí al 30 de mayo, no se han atendido sus demandas. Unas acciones entre las que no se descarta la huelga.
El acuerdo con los letrados ha abierto la caja de pandora. El asunto tiene una difícil solución porque estos 45.000 funcionarios no cobran lo mismo. Si la zona donde ejercen su trabajo depende de una comunidad autónoma perciben una retribución diferente que si están adscritos al ministerio en aquellas comunidades donde esas competencias no han sido transferidas: Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y Léon, Islas Baleares, Murcia, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A todas ellas hay que añadir lo que se llama “territorio ministerio”, instancias cuya gestión administrativa depende del departamento que dirige Pilar Llop: Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo.
La guerra de los salarios ha estallado en la administración de justicia. Se desconocen cuales pueden ser sus efectos. Sólo la de un colectivo reducido como es el de los letrados, ha supuesto la suspensión y el aplazamiento de casi 4.000 actuaciones entre vistas orales, juicios, diligencias previas, consignaciones y notificaciones. Como ya hemos contado aquí mismo, en jurisdicciones como la laboral la demora de las actuaciones suspendidas puede llegar a ser de tres meses. Y si, encima, el plan de choque que propone la prolongación de jornada no esta bien visto por abogados y procuradores, es muy difícil la puesta al día en este año. Y con una huelga de los funcionarios que, a fin de cuentas, son los que tienen que sacar el trabajo, el colapso está servido.
