La desestabilización del sistema climático plantea riesgos inusualmente graves de daño para la vida y la integridad física de los ciudadanos. Los Gobiernos y las empresas tienen la responsabilidad de detener el cambio climático.
Los Gobiernos
Los Gobiernos tienen la obligación de mitigar los efectos nocivos del cambio climático tomando las medidas más ambiciosas posibles para evitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el plazo más breve posible. Aunque los Estados más ricos deben abrir camino tanto en el ámbito nacional como mediante la cooperación internacional, todos los países deben tomar todas las medidas razonables para reducir las emisiones hasta el máximo de sus capacidades.
También deben adoptar también todas las medidas necesarias para ayudar a quienes están dentro de su jurisdicción a adaptarse a los efectos previsibles e inevitables del cambio climático, para que se hagan sentir lo menos posible en sus derechos humanos. Deben hacerlo sean o no responsables de dichos efectos, ya que tienen la obligación de proteger a las personas de perjuicios causados por terceros.
Además, los Gobiernos deben tomar medidas para atajar el cambio climático con la mayor celeridad y humanidad posibles. En sus esfuerzos para abordar el cambio climático, no deben recurrir a medidas que violen los derechos humanos ni directa ni indirectamente. Por ejemplo, no se se deben crear zonas de conservación ni llevar a cabo proyectos de energía renovable en las tierras de pueblos indígenas sin consultarles y obtener su consentimiento previo.
En todas las medidas, los Gobiernos deben respetar el derecho a la información, así como la participación de todas las personas afectadas.
No obstante, los compromisos actuales formulados por los gobiernos para mitigar el cambio climático son absolutamente insuficientes, ya que tendrían como resultado un catastrófico aumento de 3°C en la temperatura media mundial sobre el nivel preindustrial antes de 2100. En Francia, Países Bajos y Suiza, entre otros países, la ciudadanía está demandando a sus gobiernos por su inacción a la hora de establecer objetivos y medidas de mitigación del cambio climático suficientes.
Las empresas
Las empresas también tienen la responsabilidad de detener el avance del cambio climático y deben evaluar los posibles efectos de sus actividades y adoptar medidas para evitar las repercusiones negativas. Publicar sus conclusiones y sus medidas de prevención y tomar medidas para remediar los abusos contra los derechos humanos que causan o a los que contribuyen, ya sea por sí mismas o en colaboración con otros actores. Su responsabilidad se extiende a los daños a los derechos humanos derivados del cambio climático.
Las empresas, especialmente las del sector de los combustibles fósiles, también deben adoptar medidas para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero de forma inmediata —lo que incluye un cambio de negocio a las energías renovables— y hacer pública la información pertinente sobre sus emisiones y sus medidas de mitigación. Estos esfuerzos se deben extender a todas sus subsidiarias, filiales y entidades de su cadena de suministro.
Las empresas del sector de los combustibles fósiles han figurado históricamente entre las más responsables del cambio climático, situación que se mantiene en la actualidad. La investigación demuestra que tan sólo 100 empresas productoras de combustibles fósiles son responsables del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1988.
Hay cada vez más pruebas de que las principales empresas del sector de los combustibles fósiles conocen desde hace décadas los efectos nocivos de quemar estos combustibles y han intentando ocultar esa información e impedir cualquier iniciativa de abordar el cambio climático.
La razón no está en las empresas y el gobierno, que así quedan como representantes directos de otra realidad que es el capital y el dinero. Las primeras no son sino maquinas productivas de la reproducción de capital y los segundos, instituciones manipuladas por las practicas neoliberales que ponen a su servicio las instituciones del Estado. El mal no está en las empresas y en los estados sino en el uso que de estas hace una hegemonía ideológica impuesta por los recursos de la minoría que obtienen los mayores porcentajes de beneficios del sistema. Conviene dejarlo claro para que sepamos que contra lo que se ha de luchar si es que queremos sobrevivir y no acabar, como en la crisis de 2008, asumiendo sus responsabilidades y aportando cambios que solo a ellos beneficia. La recuperación no sirvió para restaurar el status quo anterior, sino para aumentando la diferencia rellenar el vacío que solo ellos habían creado a través del sistema financiero, cargando sobre las espaldas de los trabajadores el peso de su expolio que, visto lo visto, ahora pretenden mejorar aprovechando la debilidad y el desconcierto con que los ciudadanos hemos respondido a su operación estratégica –apoyando a la extrema derecha y repitiendo el ciclo del siglo pasado cuando la inflación, a partir de 1929, se comió los ahorros de la gente y que el fascismo aprovecho para algo similar a lo que ocurre en la política actual.
Evidentemente el cambio climático pasa por las empresas y la falta de gestión de los Estados, pero estos no son más que meros agentes de la reproducción del dinero, de la rentabilidad que los inversores, reproduciendo billetes en las macetas de un mercado que nada tiene que ver con la economía real, ni con las materias primas, ni con el trabajo, ni con lo social, ni con la ciudadanía, sino que los usa como tierra fértil a la que explotar. Una ideología que se resiste a facilitarle al planeta las condiciones que recuperación que es necesarias para su subsistencia y que la agota, en la búsqueda de beneficios inmediatos, hasta dejarla esquilmada, sencillamente porque no encaja dentro de los principios que mueven esa idea de que el egoísmo individualista puede aportar nada a un sistema social.
Es la estructura económica dominante el deseo y la voluntad de los capitalistas, del 1% que vive sin conexión con la realidad de la gente común, la que determina la dirección final de las relaciones de producción capitalista y cómo funcionan nuestros Estados, interviniendo en los momentos oportunos y generando las condiciones de cómo ha de funcionar las instituciones para que su marcha sea la que a ellos les conviene (o creen que les conviene porque no sufren buena parte del mal que afecta a todos).