Pedro Sánchez es un presidente con tanta legitimidad democrática como los seis precedentes, vaya por delante la obviedad. Flaco favor le hacen a la democracia quienes, de forma interesada, confunden presidencialismo y parlamentarismo, como si nosotros eligiéramos directamente al presidente del gobierno y no a los miembros del Congreso de los Diputados, encargados a su vez de la elección del presidente. En otro orden de cosas, la moción de censura no fue introducida en el artículo 113 de la Constitución como instrumento al servicio del marketing político, sino como verdadera fórmula para exigir la responsabilidad política del gobierno. Así, el resultado que ha derivado de la misma, por extraordinario que sea en nuestro régimen democrático, no le resta un ápice de legitimidad a la elección.

Dicho lo cual, el entusiasmo que algunos han experimentado con el cambio de color del gobierno no puede opacar las dudas razonables que se derivan de un análisis racional de la situación. Para empezar, el gobierno de Sánchez cuenta con una posición de patente debilidad por la complejísima aritmética parlamentaria de la que depende. En segundo lugar, deberá gobernar con un presupuesto de partida al que anteayer calificaba, no sin razones, como antisocial y manifiestamente mejorable. Es más, ni siquiera está clara la concreción final de ese presupuesto, susceptible de enmiendas en el Senado, y que podría obligar al PSOE a retratarse y elegir entre el blindaje del insolidario cuponazo vasco o destinar esa partida de 540 millones a gasto social y fortalecimiento de la deteriorada igualdad entre españoles. Y este hecho pone de relieve una de las más crudas incógnitas que enfrenta el gobierno del presidente Sánchez.

El PSOE dependerá en el Parlamento no sólo de Podemos sino también de los partidos nacionalistas, independentistas y secesionistas. He aquí un bloqueo esencial para acometer cualquier proyecto social reconocible. Por más que algunos sigan empeñados en dibujar la cuadratura del círculo, la hegemonía del discurso nacional-identitario suele determinar la sepultura inmediata de la agenda social.

¿Pero es que acaso no necesitamos un gobierno de izquierdas en España? Con los índices de desigualdad crecientes, una tremenda precariedad laboral, la degradación de la negociación colectiva, la proliferación de falsos autónomos y fraudes de ley, un nivel de pobreza infantil indiscutiblemente preocupante, una serie de medidas fiscales que siguen cargando las tintas sobre los impuestos indirectos y las rentas del trabajo mientras que las grandes fortunas, plataformas digitales y corporaciones multinacionales mantienen abiertos todos los atajos para la elusión y el fraude fiscal, con todo este panorama, digo, la respuesta indubitada a la anterior pregunta es un sí rotundo. Por supuesto que necesitamos un gobierno que, sin maximalismos ni quimeras prestas para frustrantes incumplimientos y decepciones, cambie el rumbo de una política habitualmente sumisa con los poderosos y bastante inflexible con quienes peor lo están pasando. No se trata de lanzar alharacas populistas para tomar el cielo por asalto, bastaría con hacer habitable el suelo que pisan a diario los más desfavorecidos.

Ahora bien, ¿es factible pensar que el gobierno tendrá voluntad o margen de maniobra para aplicar políticas sociales, destinadas a estrechar la brecha entre débiles y poderosos? Sobre la voluntad, lo más ajustado parece esperar a los hechos. Desde luego, algunos antecedentes no son positivos. Ni las reformas laborales en su día implementadas por el PSOE, ni su política fiscal, ni su deliberada coautoría de la reforma del 135 de la CE son precedentes halagüeños. En todo caso, el tiempo nos dirá. El tiempo y los apoyos parlamentarios.

Y volviendo al principio, ahí radica la mayor de mis preocupaciones. No podemos olvidar que algunos de los soportes parlamentarios del señor Sánchez no tienen de izquierdas ni los ademanes: así el PDCat, eufemística marca diseñada para lavar la hedionda corrupción convergente, con líderes explícitamente neoliberales como la sra. Artadi y otros vomitivamente racistas como el sr. Torra, siempre dispuestos a consensuar con el PP reformas laborales tendentes a la precarización y recortes sociales; así el propio PNV, partido de orígenes genuinamente racistas y ultraderechistas, experto en extorsionar a unos y a otros para engordar sin fin sus innumerables privilegios; y así el resto de secesionistas, de todo pelaje y condición pero con un indiscutible denominador común: su proyecto explícito de hacer saltar por los aires el Estado.

Ésta no es una cuestión baladí. Al contrario de lo que cierta izquierda se empeña en creer, España no es un patrimonio de la derecha: ¡qué desatino! Es hora de que nos sacudamos todos los complejos y no permitamos esa grotesca patrimonialización de nuestro país. Más que nada porque, al contrario de lo que erráticamente entienden algunos, España no es una noción esencialista, no es una quintaesencia ni cosa parecida. España es el instrumento más sólido y real que tenemos para garantizar la igualdad. Y en estos atribulados tiempos no parece poca cosa. Aún resuenan los ecos de ilustres altavoces del poder económico, como el Círculo de Economía, reclamando al presidente Sánchez un encaje de Cataluña en España, un pacto fiscal y el reconocimiento de estatus constitucional al Estatuto. Algunos otros voceros de las élites plantean ya de forma indisimulada la expansión de los privilegios y cupos a cada territorio, para así fomentar el chantaje de las deslocalizaciones y la competencia fiscal a la baja que termine implicando el irreversible desmantelamiento del Estado social. En la lógica insolidaria y egoísta del neoliberalismo, la fragmentación del poder político – su entera dilución – puede servir de peana para que los grandes capitales transnacionales sigan gobernando Europa y el mundo sin límites ni controles. Un poder político fuerte, integrado, por supuesto ampliable pero nunca fragmentable, supondría un contrapeso al mercado desregulado y sin cortapisas que defienden. España, en este debate, no aparece como un lugar de relleno o éxtasis sentimental, sino como un verdadero dique de protección contra tantos desmanes. En tanto que espacio político territorial e institucionalmente vigente – y hasta que no consolidemos una Unión Europea diferente a la actual, sin deslocalizaciones ni paraísos fiscales, dobles velocidades o flagrantes desequilibrios – el Estado sigue siendo un instrumento real, no virtual, para corregir desigualdades, atropellos y abusos. Los que se declaran enemigos del Estado, aquellos que no persiguen política distinta que la fractura del Estado y la privatización del espacio político compartido, no pueden ser nunca aliados de un verdadero gobierno de izquierdas.

El camino no puede ser el de tejer pactos y alianzas a cualquier precio para diferir en el tiempo la convocatoria electoral. El objetivo debiera ser recuperar la iniciativa y construir una gran mayoría social desde la izquierda. Esa mayoría social sólo será posible si somos capaces de hegemonizar el eje socioeconómico frente al nacional-identitario y desenmascarar a los nacionalistas como enemigos de la causa social, cómplices de privatizaciones y recortes, obsesionados con levantar una frontera entre conciudadanos que inviabilice un proyecto de vocación universal, racionalista, laico y transformador. Un proyecto alejado de la superstición de los chamanes que a diario se relamen ante derechos históricos, plurinacionalidades y conciertos económicos, máscaras diversas de la desigualdad y el privilegio. Un proyecto, en fin, de ciudadanos libres, iguales y fraternos.

Yo sí le deseo lo mejor al presidente Sánchez. Hay retos acuciantes en nuestro país. Mientras escribo, el Juzgado de lo Social nº 6 de Valencia dicta una sentencia repleta de verdad: los riders de Deliveroo son falsos autónomos y el fraude a la Seguridad Social cometido es clamoroso, lacerante y obsceno. ¡Luego nos dirán que las pensiones no son sostenibles! Sin cotizaciones sociales, generalizando el fraude de ley, desde luego que no. Ahí tiene el presidente un campo propicio para demostrar su compromiso social.

España sí necesita un gobierno de izquierdas, alejado de la corrupción, los recortes sociales y la retórica neoliberal de la nueva derecha. Por supuesto que es necesario un gobierno que pondere políticas redistributivas, solidarias e igualadoras. ¡Qué más quisiéramos! Pero sin Estado, o de la mano de quienes pretender fracturar el Estado, será imposible.

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Nací en Madrid en noviembre de 1989. Me licencié en Derecho en 2011 por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Práctica Jurídica por la EPJ de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2013. Desde hace más de cinco años me dedico al ejercicio libre de la abogacía en las jurisdicciones civil, penal y social, así como en el Turno de Oficio. Curso estudios de Ciencias Políticas en la UNED. Formé parte del Consejo de Dirección de Unión Progreso y Democracia. En la actualidad, soy portavoz adjunto de Plataforma Ahora y su responsable de ideas políticas. Creo firmemente en un proyecto destinado a recuperar una izquierda igualitaria y transformadora, alejada de toda tentación identitaria o nacionalista. Estoy convencido de que la izquierda debe plantear de forma decidida soluciones alternativas a los procesos de desregulación neoliberal, pero para ello es imprescindible que se desembarace de toda alianza con el nacionalismo, fuerza reaccionaria y en las antípodas de los valores más elementales de la izquierda.

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