El sindicato joven de CCOO ha pedido al Gobierno “que deje de contradecirse con la cotización obligatoria a la Seguridad Social en las prácticas académicas no laborales”, una medida que aprobó el Ejecutivo en diciembre del año pasado y que se encuentra en fase de desarrollo normativo.
El Gobierno se rectificó así mismo el pasado martes en el Congreso, donde afirmó que “permitirá que las empresas no den de alta a sus becarios, cuando realizan practicas no laborales”. Ahora es el sindicato joven de CCOO. El que le reclama que el ejecutivo “se haga cargo de sus compromisos sin generar más incertidumbre”, ha señalado la Secretaría de Juventud del sindicato Comisiones Obreras.
Tras la negociación y posterior firma del Plan de Choque de Empleo Joven 2019-2021 por parte del Gobierno, los sindicatos y la patronal, en diciembre de 2018, el Gobierno “ha optado por caer en una dinámica de contradicciones en torno a la regulación a la cotización a la Seguridad Social de las prácticas no laborales que pone en cuestión su capacidad de asumir los compromisos adquiridos”, denunciado la secretaria de Juventud.
Semanas después de la publicación en el BOE del Real Decreto-ley que debía obligar a empresas e instituciones a cotizar a la Seguridad Social por todas las personas que estén desarrollando prácticas no laborales, reciban o no contraprestación económica, la comparecencia en el Congreso de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha generado dudas no solo sobre la reglamentación final de la medida sino sobre su misma continuidad.
“la incertidumbre generada por la ministra Celaá sobre una medida impulsada por su Gobierno lleva a CCOO a subrayar la necesidad de evitar más improvisaciones sobre asuntos que afectan gravemente a la juventud”
CCOO consideró en su momento que esta iniciativa, aun habiendo sido adoptada por el Gobierno de manera unilateral y sin el menor diálogo con los agentes sociales, podía ayudar a cubrir lagunas de cotización de algunos estudiantes y, sobre todo, contribuir a la elaboración de un mapa de ‘becarios’ que permitiese no solo determinar su número sino también su ubicación y funciones, en aras de asegurar el carácter formativo de las prácticas y de combatir el fraude, tanto a través de la Inspección de Trabajo como de la propia acción sindical.
En un comunicado, los jóvenes de CCOO señalan que “la incertidumbre generada por la ministra Celaá sobre una medida impulsada por su Gobierno lleva a CCOO a subrayar la necesidad de evitar más improvisaciones sobre asuntos que afectan gravemente a la juventud”.
En todo caso, “es el Ejecutivo quien debe hacerse cargo de sus compromisos, y los compromisos adquiridos con sindicatos y patronal pasan por el desarrollo del Plan de Choque de Empleo Joven que contempla la elaboración de un ‘estatuto de las prácticas no laborales’ que garantice su necesaria vinculación con programas formativos, la existencia de apoyo económico a quienes las realicen, un correcto seguimiento del proceso de aprendizaje y una protección social adecuada”, ha señalado el sindicato.
La inmediata elaboración de este Estatuto, en el marco del diálogo social, ha de ser la prioridad absoluta del Gobierno. Las improvisaciones, la unilateralidad en la toma de decisiones o las contradicciones entre ministerios no contribuyen en modo alguno a mejorar la realidad de la juventud española.
Celaá ha reconocido que los empresarios son “reticentes a pagar, sobre todo en determinados ciclos formativos”. La CEOE ya se mostró en contra de la medida, por que “conlleva un incremento de costes para las empresas que se suman a los que ya afrontan, lo que puede acabar poniendo en peligro dichas prácticas”, afirmó un portavoz de los empresarios. También las universidades, a través del CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) se opuso a esta medida planteada por el Ejecutivo.
