La ausencia de políticas preventivas en materia forestal ha quemado más de 100.000 hectáreas en lo que va de año. El Gobierno apaga su conciencia destinando 2,3 millones de euros para reparar los daños causados por los incendios registrados los pasados meses de septiembre y octubre en las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, del Duero y del Cantábrico.
Las inversiones se destinarán a eliminar los tapones formados por los restos vegetales que cayeron al cauce de los ríos debido a los incendios; a la retirada de residuos y sedimentos que hayan podido llegar hasta los cauces y que disminuyen su capacidad de desagüe; a la corta de ejemplares quemados y con riesgo de caída sobre el río, así como a la poda selectiva de aquellos ejemplares dañados pero que presentan indicios de rebrote.
Además, también se ejecutarán defensas puntuales de márgenes en puntos sensibles a sufrir erosiones, así como fajinas para evitar el arrastre de cenizas hasta el cauce.
Así, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, pretende paliar los daños ocasionados sin plantearse, al menos públicamente, un cambio radical en un tema de vital importancia como es la prevención de incendios.
Son muchas las voces de expertos que hace años claman por una implicación seria y rigurosa de las instituciones que suponga más presupuesto para afrontar con eficacia las diferentes causas que parecen ser el origen de las plagas de incendios que todos los veranos se llevan miles de hectáreas, vidas y viviendas.
