¿Gerona o Girona, Lérida o Lleida,…?

En uno de mis últimos textos me dediqué a poner el dedo en la llaga de ciertos ejemplares del gremio de los “maestros Ciruela”: personajes que, según un refrán castellano, no saben leer ni escribir y ponen escuela. Ahora bien, la ignorancia, como dice la sabiduría popular, es muy atrevida y los maestros Ciruela abundan también en otros colectivos. Es el caso del obispo de la diócesis de Lérida y también del tándem formado por los miembros de la casta política y, en general, por los “plumillas” de los medios de comunicación, que se complementan y que tienen también el lenguaje (oral y escrito) como instrumento fundamental de trabajo. Hoy hago referencia a estos dos últimos pseudo-profesionales de la palabra para tratar de responder a las alternativas, formuladas en el título de esta reflexión. Se trata de dos casos ilustrativos de alternativas lingüísticas, que son sólo la punta del iceberg de muchas otras.

Desde el inicio de la Transición (1975), en las CC. AA. con dos lenguas oficiales, se inició el mal llamado proceso de “normalización” lingüística, del que nos ocuparemos en una próxima entrega. Con la “normalización” se ha pretendido y se sigue pretendiendo generalizar e imponer el uso de la lengua autóctona (catalán o vasco o gallego u otras modalidades lingüísticas) en todos los ámbitos de la comunidad autónoma respectiva. Esto provocó, al mismo tiempo, otro efecto, deseado y buscado por los nacionalistas: el progresivo desplazamiento, la marginación y la eliminación de la lengua española (el mal llamado “castellano” en la Constitución de 1978), en los ámbitos institucionales y en las situaciones más formales de comunicación (medios de comunicación, enseñanza, etc.).

Sin embargo, los maestros Ciruela de la casta política no se contentaron con esto. Procedieron también a la “normativización” de ciertos aspectos del español, la lengua común de todos los españoles. La normativización es un proceso que, en general, precede a la normalización del uso de una lengua. Con la normativización se toman decisiones sobre la naturaleza de una lengua, determinando la “norma” (léxica, ortográfica, fonética y morfosintáctica) que hay que aplicar al usarla. Ahora bien, la normativización y su resultado, la norma, no pueden ser caprichosas, ya que podrían entorpecer la comunicación entre los usuarios de la lengua. Por eso, no se puede actuar a la ligera, como lo han hecho los maestros Ciruela de la casta política española, metiéndose en camisa de once varas.

Según el Art. 25.2. del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, sobre régimen local, sólo mediante ley aprobada por las Cortes Generales se puede modificar la toponimia. En base a este artículo, se ha ido cambiando la toponimia en español e imponiendo, como única forma oficial, ciertos topónimos en gallego, en catalán, en vasco, etc. Así, según los maestros Ciruela de la casta política, en vez de Gerona, Lérida, Orense, La Coruña, Guipúzcoa o Vizcaya,… hay que decir, al utilizar el español, Girona, Lleida, Ourense, A Coruña, Gipuzkoa o Bizkaia. Y éstos son sólo algunos ejemplos. En efecto, muchos otros topónimos han cambiado de nombre sin haber pasado por el Congreso de Diputados. Basta con consultar el Registro de Entidades Locales (REL).

En los procesos de normativización de las lenguas autóctonas (en nuestro caso, las de las CC.AA. con dos lenguas oficiales), es lógico y razonable que se restablezcan los topónimos tradicionales de estas lenguas y que se fomente el uso de los mismos cuando se emplean dichas lenguas. Ahora bien, lo que no es de recibo, desde ningún punto de vista, es que, cuando los hispanohablantes usamos el español, tengamos que utilizar topónimos o también palabras procedentes de estas otras lenguas (catalán o gallego o vasco, etc.). ¿Por qué?

Desde el punto de vista de la lingüística aplicada, cuando dos o más lenguas entran en contacto pueden suceder tres cosas (de esto nos ocuparemos en un próximo texto). Una de ellas es la amalgama parcial de las lenguas en contacto. En este caso, unidades lingüísticas o estructuras morfosintácticas o fónicas transitan entre las lenguas en contacto, provocando interferencias y contaminándose mutuamente. Ahora bien, la presencia de unidades lingüísticas del catalán o del gallego o del vasco,… cuando se utiliza el español o viceversa, da una pobre y mala imagen del que habla o escribe. Es algo muy negativo. En efecto, las interferencias de una lengua sobre otra denotan que el locutor posee un bilingüismo desequilibrado y deficiente, fruto de las lagunas y de la inconsistencia de su competencia lingüística en las lenguas en contacto.

Por eso, cuando hablamos o escribimos debemos mantener separadas las lenguas y utilizar o la una o la otra. Esto es signo de un grado de bilingüismo más equilibrado; y, por consiguiente, da una imagen más positiva del locutor. Por eso, si utilizo el español y me refiero a la capital del Reino de los Belgas, hablaré de Bruselas y no de Bruxelles; o si me refiero de la capital del Reino Unido, hablaré de Londres y no de London; o si me refiero a la región francesa donde se encuentra una de las sedes del Parlamento Europeo, hablaré de Alsacia y de Estrasburgo y no de Alsace y de Strasbourg. Del mismo modo, cuando se usa el español, hay que utilizar los topónimos tradicionales en español y decir Gerona, Lérida, Orense, La Coruña, Guipúzcoa, Vizcaya,… y no, como pretenden los maestros Ciruela de la casta política, Girona, Lleida, Ourense, A Coruña, Gipuzkoa o Bizkaia,… Y éstos son sólo algunos ejemplos.

Por otro lado, desde el punto de vista del funcionamiento del lenguaje, hay que insistir en el hecho de que el uso de las lenguas es uno de los lugares donde el poder del pueblo y, por lo tanto, la auténtica democracia directa son una realidad tangible. En efecto, una lengua es y será lo que deciden, con el uso oral o escrito, los usuarios de la misma: los locutores. Ni la Real Academia Española (RAE), como expondremos infra, ni los indocumentados maestros Ciruela de la casta política, aún menos, pueden prescribirnos cómo debemos hablar o escribir. En el campo lingüístico los ciudadanos-locutores son auténticos soberanos e imponen su ley: los usos lingüísticos.

El punto de vista y la labor de la RAE son respetuosos con la naturaleza y la lógica histórica de las lenguas, que acabamos de apuntar. Como precisa el escritor y académico Javier Marías, la RAE, “a lo sumo, advierte, mediante las marcas ‘vulgar’ o ‘negativo’ que tal o cual vocablo pueden resultar malsonantes o denigratorios”. Por lo tanto, si la RAE, ese conclave de sibaritas del lenguaje, no puede imponer los usos del español, con menor motivo podrán hacerlo los maestros Ciruela de la casta política. Como decía el lingüista y también académico E. Alarcos-Llorach, “hay que dejar la lengua y las lenguas en paz. En ellas manda la colectividad. Si los ciudadanos son los depositarios de la soberanía política, los hablantes son los de la lingüística”. Por su lado, el también académico y lingüista Gregorio Salvador, no se cansaba de repetir que “las academias son como los notarios […], que sólo dan fe de que tal cosa se dice así en tal nivel de uso”.

En relación con el tema abordado, se podrían aportar otras muchas citas de autoridad, que van siempre en la misma dirección: cuando se habla o se escribe en español, los topónimos catalanes, gallegos o vascos que tengan forma tradicional española deben ser utilizados según la grafía que corresponde al español. Y por eso, hay que decir y escribir Gerona y no Girona, Lérida y no Lleida, Orense y no Ourense, Cataluña y no Catalunya, País Vasco y no Euskal Herria, Vizcaya y no Bizkaia, Guipúzcoa y no Gipuzkoa… Y suma y sigue.

Esto —que es evidente, lógico y dictado por el sentido común—, ha sido tergiversado por los maestros Ciruela de la casta política que, con la ayuda de los “plumillas” apesebrados y también de los profesores acríticos, han ido imponiendo cambios en la toponimia en español. Estos cambios no sólo contaminan, deforman y degradan la lengua española; también contribuyen a desarmar lingüística y culturalmente a los hispanohablantes, al tiempo que constituyen una nueva derrota del bilingüismo y un nuevo paso hacia el monolingüismo en las lenguas autóctonas. Así, como ha escrito certeramente Javier Cercas, “nuestros disparates políticos son un reflejo de nuestros disparates lingüísticos, porque quien no respeta el lenguaje no respeta la realidad”.

A los indocumentados de la casta política se les podría decir aquello de “Manolete, Manolete, si no sabes torear “pa” qué te metes”; y a los “plumillas” y a los profesores, que dejen de repetir y difundir, como papagayos, lo que han decidido, en base a criterios partidistas e irracionales, los maestros Ciruela de la casta política.