El ex conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn −que se enfrenta a 16 años de prisión en el juicio del ‘procés’−, negó ante los magistrados del Tribunal Supremo que existiera “inactividad” o dejación de funciones de los mossos d’Esquadra durante el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y que en todo momento la policía autonómica cumplió con las órdenes que llegaban de la Justicia para impedir la celebración de la consulta.
Pese a presentarse como un garante de la legalidad, Forn aseguró que el Tribunal Constitucional −que advirtió de que las normas de desconexión con el Estado aprobadas por el Parlament de Cataluña eran inconstitucionales y que la celebración de la jornada electoral podía ser constitutiva de delito−, “no es imparcial porque sus miembros son nombrados por partidos políticos”. Con todo, Forn recordó que cumplió con todas las órdenes de Fiscalía que le llegaron. “Mi compromiso político era de apoyo al referéndum para que la gente pudiera expresarse pero lo diferenciaba de mis competencias como conseller. Mi compromiso político era celebrar el referéndum pero se cumplían todos los mandamientos judiciales”, aseguró. El conseller declaró que los mossos “nunca recibieron órdenes políticas por parte de la Generalitat”. “Las órdenes judiciales iban dirigidas también a otros cuerpos policiales y repasemos los autos judiciales para ver quién cumplió y quién no cumplió”, aseveró.
A preguntas del fiscal Fidel Cadena, Forn reconoció que fue detenido en una ocasión por “meter una bandera catalana en el Estadio Olímpico”, aunque finalmente se retiró la acusación porque la Policía desistió en el juicio. Socio de la asociación independentista Òmnium Cultural desde hace 30 años, Forn declaró que nunca ha participado en ninguna asamblea de esta organización y puntualizó que solo era “un socio que pagaba su cuota”. Durante la tercera jornada del juicio en el Supremo, Forn mantuvo que no participó en la hoja de ruta a la independencia, de modo que no sabe si estaban implicadas las asociaciones culturales catalanas.
Sobre el documento Infocat que apostaba por comenzar el proceso de independencia de forma “conservadora” pero “elevando el nivel de conflictividad” en cuanto a acciones y calendarios cuando llegara la reacción del Estado en defensa de la constitucionalidad, dijo que “no lo comparte”. También asegura que los mossos estuvieron de parte de los mandamientos judiciales. “Creíamos que el procés estaba avalado por una base legal para llevar a cabo un referéndum, una consulta que no es delito porque se despenalizó con anterioridad”, insistió.
Respecto a la manifestación ciudadana que tuvo lugar en dependencias de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda de la Generalitat en los días anteriores al referéndum −mientras una comisión judicial llevaba a cabo un registro por orden del juez de instrucción número 13 de Barcelona−, dijo que aquello “fue una expresión de protesta por los hechos que se estaban produciendo”. “Es normal ver gente protestando contra las decisiones de los jueces, no creo que sea inconstitucional. Le pedí al mayor Trapero que hablara con Jordi Sánchez para reconducir y garantizar la seguridad ciudadana” dijo.
Cuando el fiscal le preguntó si es cierto que una letrada de la administración de Justicia tuvo que esquivar a la multitud saliendo del edificio por el cine Coliseo, manifestó que “eso es peliculero, no lo hizo subiendo por los tejados, sino saltando un muro de metro y medio. Era la manera más segura para garantizar su seguridad. Fue ella la que quiso salir por un lugar seguro”. Sobre los coches de la Guardia Civil que fueron atacados durante aquella protesta, afirmó que “lo he visto y lo condeno. No recuerdo que fueran siete coches destrozados. Todos hemos visto las imágenes de los Jordis subiendo a los vehículos para dar una consigna y que la gente se calmara”. Y concluyó que nadie intentó “echar abajo las puertas de la Conselleria”.
“Aquello fue para protestar por unas detenciones y unos registros. El motivo no era impedir el paso a la comitiva judicial; de hecho pudo hacer su trabajo. No fue un ataque a Cataluña, eso es una expresión errónea. Se hicieron inspecciones en la Conselleria sin que se nos comunicara y si lo hubiéramos sabido nos habríamos ahorrado algún problema. Habría que saber por qué la Guardia Civil, teniendo efectivos, no los empleó”, añadió.
Forn dijo que sabía que el día del referéndum la Generalitat estaba obligada a retirar los sobres, las urnas y la propaganda electoral. “Antes del 1-O no se incautó nada. Eran órdenes para todos los cuerpos policiales”, alegó antes de negar que las instrucciones de la Fiscalía fuesen trasladadas a los servicios jurídicos del Govern para ser recurridas, “salvo una en la que creíamos que nuestras competencias eran vulneradas”.
