Las fuerzas independentistas −Junts per Catalunya, ERC y la CUP− estaban convencidas de que ganarían las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017 por mayoría absoluta de votos y que ese aval sería suficiente para poner en marcha la secesión del Estado español. Aquellas fueron las elecciones convocadas por Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución y aunque es cierto que los soberanistas lograron un buen resultado, superando la barrera de los dos millones de sufragios y revalidando la mayoría obtenida en los comicios de 2015, no pudieron pasar del 47% de votos favorables a la independencia. Pese a que las urnas dejaron un pueblo catalán fracturado en dos mitades −separatistas y constitucionalistas− los líderes del ‘procés’ han insistido en la independencia por la vía unilateral. Ese fue el primer grave error del bloque soberanista: no ser capaz de entender que un Estado no se puede construir con una mitad frente a la otra mitad.

En su declaración como acusada en el juicio que se celebra estos días en el Tribunal Supremo, Carme Forcadell, ex presidenta del Parlament, ha reconocido ante los magistrados que el objetivo político no se cumplió (por tanto tampoco la instauración de la República). “Pensábamos tener mayoría absoluta…”, dijo dubitativamente a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal. “Y no la tuvieron…”, repuso la representante del Ministerio Público. “No, por supuesto”, concluyó Forcadell que, eso sí, recordó que las movilizaciones ciudadanas para exigir la independencia “fueron un espectáculo para que la gente disfrutara, lo pasara bien, siempre por la vía pacífica catalana”.

Pero si el primer error de cálculo de los independentistas fue no tener en cuenta las matemáticas y dejarse llevar por el fervor patriótico, todavía cometieron uno mayor: liquidar a capricho las leyes vigentes, saltarse el ordenamiento jurídico para crear uno nuevo y a su conveniencia. En su declaración, Forcadell ha tratado de ofrecer la imagen de fiel funcionaria que siempre respetó la Constitución, la ley y los reglamentos de la cámara regional. Según ella, como presidenta de la Mesa del Parlament se limitaba a tramitar las resoluciones y proposiciones que llegaban de los diferentes grupos parlamentarios, como las leyes de desconexión con España, y ha querido dejar claro que en ningún momento tenía “potestad” para entrar en el fondo de las propuestas y rechazarlas. “Yo no cumplí con ninguna estrategia, me limité a cumplir con el cargo de presidenta del Parlament”, ha asegurado.

Forcadell recordó que el pacto nacional por el referéndum estaba formado por 4.000 entidades y que también se sumaron los sindicatos y numerosas asociaciones cívicas. “Yo cumplí con los deberes del Tribunal Constitucional, no era nuestra voluntad desoír las sentencias pero teníamos que defender la libertad de expresión, la soberanía parlamentaria, el pluralismo político, la inviolabilidad de los diputados y los derechos fundamentales, que no cambian aunque cambien los magistrados del Tribunal Constitucional”, ha recalcado.

Para Forcadell, el Alto Tribunal es un órgano judicial politizado. Y quizá tenga razón la presidenta del Parlament. Hace años que PP y PSOE participan en un cambalache bochornoso para repartirse los cargos de los magistrados que aspiran al Alto Tribunal. A ningún partido político le ha interesado acabar con esa instrumentalización intolerable de la Justicia por parte del Poder Ejecutivo y de aquellos polvos estos lodos. En cuarenta años de democracia ningún Gobierno ha visto el momento oportuno para abordar la reforma tan necesaria del Poder Judicial, en general, y en particular del Tribunal Constitucional, un órgano jurisdiccional de vital importancia porque posee competencias para tumbar decisiones de los Gobiernos central y autonómicos. Sin un Constitucional plena y auténticamente imparcial e independiente la credibilidad de la democracia española queda en entredicho. Solo cabe una respuesta a la pregunta de por qué hasta ahora ni populares ni socialistas se han tomado en serio un problema tan grave como la manipulación de la Justicia: porque a ninguno de los dos le ha interesado un poder judicial libre de injerencias políticas, ya que ello supondría perder el control sobre un órgano tan importante como el TC.

Ese déficit de imparcialidad del Alto Tribunal fue aprovechado como justificación y coartada por los independentistas para aprobar las leyes de desconexión y dar el salto a la independencia por el camino del referéndum ilegal y la vía unilateral. Cuando el Constitucional emitió sus autos advirtiendo a los líderes separatistas de que de persistir en sus objetivos podrían estar incurriendo en graves delitos, todos ellos hicieron oídos sordos alegando que no podían acatar resoluciones de un tribunal controlado políticamente. “Consideramos que las sentencias del Constitucional vulneraban derechos fundamentales. El tribunal nos estaba pidiendo algo imposible: convertir la Mesa del Parlament en un órgano censor que decida sobre lo que se puede hablar y lo que no. Si permitíamos que la censura entrara era el final de la democracia”, ha alegado Forcadell.

“¿Entonces se podría admitir una resolución del Parlament para debatir sobre la legalización de la trata de blancas, por ejemplo?”, inquirió la fiscal tratando de tender una trampa a Forcadell. “Eso no sería respetar los derechos humanos y ningún grupo parlamentario permitiría que se debatiera sobre eso”, respondió la expresidenta, que se enfrenta a 17 años de prisión. La líder catalana trató de sortear la celada de Madrigal, pero fue precisamente en ese momento donde quedó al descubierto el punto más débil del argumento independentista. “¿Entonces está usted por encima del Tribunal Constitucional?”, volvió a la carga Consuelo Madrigal. “Yo no he dicho eso; lo respeto muchísimo. Pero una cosa es la Constitución y otra el Tribunal Constitucional. Los derechos están en la Constitución y el intérprete supremo de la Constitución es el Tribunal Constitucional. En ningún momento pretendíamos desoírlo. Lo valoro porque durante muchos años hizo un buen trabajo, pero en los últimos años ha habido una politización, ha utilizado criterios políticos en lugar de criterios jurídicos”, añadió. Forcadell puso como ejemplo la sentencia del TC sobre el Estatut que declaró inconstitucionales “varios artículos que en otros parlamentos autonómicos eran perfectamente constitucionales. Creo que el tribunal está politizado y además otras instituciones han desoído al Constitucional y no ha pasado nada”.

El argumento de Forcadell basado en la supuesta politización de órganos judiciales tan importantes para el buen funcionamiento del Estado resulta impecable hasta un cierto límite: nadie puede saltarse las resoluciones de los juzgados y tribunales en función de sus opiniones o intereses particulares. De ser así, la sociedad estaría condenada al caos. Ese fue el segundo gran error de los independentistas. Anteponer las ideas a la ley. El diagnóstico fue acertado (mal funcionamiento del TC) pero el tratamiento (incumplir el ordenamiento jurídico) completamente equivocado. La Justicia española necesita una reforma en profundidad para garantizar su independencia. Pero esa reforma habrá que hacerla siempre desde el respeto al marco legislativo y a las instituciones. La vía de la desobediencia civil solo conduce a un callejón sin salida, tal como estamos comprobando estos días en el juicio del ‘procés’. Dentro de la ley cabe todo y se puede discutir de todo. Incluso sobre cambiar la ley.

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