Francisco Góngora Cara, alcalde de El Ejido por el Partido Popular, podría ser juzgado también por un presunto delito de blanqueo de capitales, según consta en la documentación judicial a la que ha tenido acceso Diario16. Así lo pide la Fiscalía en el escrito en el que se adhiere al recurso presentado ante el Tribunal Supremo por la representación legal del Partido de Almería (PAL) del anterior alcalde de El Ejido, Juan Enciso. El blanqueo de capitales se uniría a la acusación de comisión de los presuntos delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
Además, el Ministerio Público entiende razonable la solicitud de la parte (PAL) de que el juicio oral sea celebrado por otros magistrados distintos de los que han adoptado la decisión recurrida. Así consta en el escrito de la Fiscalía en relación al recurso del abogado del PAL, presentado en nombre de Juan Enciso.
La esencia del recurso está en resolver si la remisión hecha por la Audiencia Provincial de Almería al Juzgado de lo Penal para el conocimiento y fallo del procedimiento es conforme a derecho o si, por el contrario, pudiera vulnerar las reglas de competencia y el derecho al juez que marca la ley. La Fiscalía concluye su escrito de manera contundente: «Por todo ello, y a la luz de la doctrina jurisprudencial citada, procede admitir y estimar el recurso, entendiendo razonable la solicitud de la parte de que el juicio oral sea celebrado por otros magistrados distintos a los que han adoptado la resolución recurrida».
La representación legal del alcalde de El Ejido, encabezada por el letrado Juan Marfil Castellano —el mismo que defiende al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat—, impugnó el recurso, solicitó que no se juzgara el presunto delito de blanqueo de capitales y pidió que el juicio oral se realizara en el Juzgado de lo Penal correspondiente y no en la Audiencia Provincial.
El Caso Góngora tiene su origen en un presunto «pelotazo» urbanístico por la compraventa de unos terrenos rústicos por la empresa Agrícola Euro Alpujarra S.L, participada por el actual alcalde de El Ejido, su hermano, su padre y un socio. La operación tuvo un coste de 300.000 euros y se realizó dos años antes de que se aprobara el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la localidad almeriense. Los terrenos pasaron a ser urbanizables y se estimó, según la denuncia del PAL, que se lograron unos beneficios de 1,2 millones de euros.
El Juzgado número 2 de El Ejido archivó la primera denuncia en diciembre de 2011 porque se estimó que los delitos habían prescrito. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Almería revocó esa resolución tres años después al estimar parcialmente el recurso presentado por los abogados del PAL.
Se calificaron los presuntos delitos y la parte denunciante solicitó que se incluyera también el de blanqueo de capitales, lo que fue rechazado por la Audiencia Provincial y se devolvió el caso al Juzgado de lo Penal. Esto es lo que se ha recurrido en el Supremo y la Fiscalía se ha alineado con la parte recurrente.
