El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto la apertura de juicio oral contra un total de 22 personas por las presuntas irregularidades cometidas entre 2001 y 2002 en el proceso de compra por parte del Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa. Entre los imputados se encuentra un asesor de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Juan María del Álamo.
Según la información pública del propio consistorio, este funcionario está adscrito al grupo de Ciudadanos como asesor de transparencia y participación:
Por ese trabajo, el imputado y propuesto para ser procesado por el Caso Lezo, cobra una cantidad de 34.141,54 euros anuales.
Esta situación lleva marcando al partido liderado en el Ayuntamiento de Madrid por Begoña Villacís desde hace años pero Ciudadanos no ha prescidido aún de sus servicios. Según publicó en enero de 2018 Madridiario, la formación naranja no le aplica el código ético del partido porque, según ellos, no se trata de ningún cargo institucional ni orgánico, no es afiliado sino un funcionario asignado a su grupo.
Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento confirman que es el grupo municipal correspondiente el que decide la continuidad o la salida de cualquier funcionario, por lo que las reticencias a que Del Álamo deje sus funciones podrían ser interpretadas como una decisión política. Es algo habitual que haya rotación en los funcionarios asignados a los grupos municipales y que sean enviados a otros destinos. Por esa razón, sorprende la insistencia del equipo de Villacís de mantener a una persona para la que un magistrado de la Audiencia Nacional pide apertura de juicio oral, sobre todo con la dureza del auto hecho público en el día de hoy, por «por hechos presuntamente constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos agravado previsto en el artículo 432.1 y 2 del Código Penal —según redacción vigente en el momento de la comisión de estos hechos».
El auto, además, insiste en que las acciones de las personas para las que se solicita la apertura de juicio oral, tuvieron como consecuencia que «el sobreprecio pagado por adquirir SAA osciló, al menos, entre 23.000.000 y 35.485.981 $ 25.422.000 € y 38.684.145 €-. De esta cantidad, se destinaron 1.500.000 $ -1.657.892 € a la adquisición del 51 % de WATCO SA, para la que los investigados carecían de autorización. De acuerdo con el porcentaje de su participación en CANAL EXTENSIA SA, CANAL DE ISABEL Il abonó indebidamente de ese sobreprecio un importe comprendido entre 17.250.000 $ y 26.250.000 $ -19.066.500 € y 29.013.109 €-, del que 1.125.000 $ -1.243.419 €- se destinaron a la compra de WATCO SA».
Pueden consultar el auto de la Audiencia Nacional AQUÍ
