Hace unos años, concretamente en 2005, el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid comenzó una “cacería” mediática y personal hacia los profesionales del Hospital Severo Ochoa, de Leganés. Con la excusa de una denuncia anónima, se acusó al doctor Luis Montes y su equipo de muertes sospechosas en su unidad. Todo era una patraña para privatizar la sanidad a cualquier precio, impedir que la gente pudiera morir dignamente, y al mismo tiempo, intimidar a los profesionales de la sanidad pública madrileña.
No lo consiguieron, a pesar de ir a los tribunales. Pero el sufrimiento, fue y ha sido muy alto e injusto para unos profesionales que hacían bien su trabajo, y para muchas personas que tuvieron que morir con un sufrimiento insoportable. En todos estos años, Luis Montes, se convirtió en una referente en la defensa de la sanidad pública y la muerte digna.
Sí, se convirtió, porque desgraciadamente hace unas semanas Luis Montes fallecía de manera sorpresiva durante un viaje. Y aquí, nuevamente, en el dolor, el PP y Ciudadanos, han vuelto a mostrar su verdadera cara, impidiendo que en la ciudad de Leganés una calle lleve su nombre. Según ellos, es decir, según el PP y Ciudadanos, “no reúne los condicionantes ni méritos suficientes para tener una calle en Leganés” o “podría herir sensibilidades”
Los hechos, califican al PP y Ciudadanos, de igual forma que califican el trabajo del doctor Montes. Un trabajo, por la sanidad pública y la muerte digna, que ya ha cambiado España. Según el CIS, un 58,4 por ciento de los españoles apoyan la regulación legal de la eutanasia, incluso entre los que se declaran católicos, un 60 por ciento, y demás creyentes, un 43,7 por ciento. Es decir, la sociedad española apoya de manera mayoritaria la regulación legal de la eutanasia.
Poner un nombre a una calle, trataba de reconocer a una persona que ha luchado por la sanidad pública. Pero, lo importante es que gracias a su trabajo, miles y miles de españoles pueden hoy morir con dignidad, incluidos aquellos que le persiguieron sin piedad.
Pero en estos momentos, hay que continuar el trabajo al que dedicó su vida Luis Montes. Y realizar una regulación de la eutanasia a nivel nacional. En este sentido, es de agradecer iniciativas como las del Parlamento catalán, o la del PSOE al presentar una proposición de ley para regular la eutanasia en España.
El PSOE, con su proposición, pretende responder a una demanda social cada vez más presente. Y lo hace, desde un planteamiento donde la clave está en establecer garantías suficientes para una cuestión que no es estrictamente sanitaria. Al tiempo que se despenalizan las conductas eutanásicas en el Código Penal.
Para ello, se basa en dos premisas. La primera, es que la regulación se asienta sobre la necesaria compatibilidad entre principios básicos y derechos reconocidos en la Constitución, tales como los derechos fundamentales a la vida y la integridad física y moral, pero también la dignidad personal, la libertad o la autonomía de la voluntad.
La segunda, es que la regulación de la eutanasia ha de asegurar que la decisión de la persona que la solicita sea autónoma, libre de presiones, informada y sostenida en el tiempo, y no debida a circunstancias de la persona que tuvieran más que ver con una falta de condiciones dignas, médicas, sociales o familiares, para afrontar esa situación.
Así, en la iniciativa del PSOE, se afirma que se deben valorar, además de la capacidad, autonomía y libertad de la persona, las condiciones de la enfermedad (irreversibilidad, pronóstico temporal de la muerte, sufrimientos que padece y posibilidad de alivio…)
Se opta por un modelo dotado de una regulación sistemática, ordenada y garantista, incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que reconoce como derecho subjetivo de las personas, que se encuentran en determinados supuestos, el solicitar y recibir ayuda para morir anticipadamente. Estas situaciones, que se definen detalladamente, son una enfermedad grave e incurable, y la discapacidad grave crónica.
Siempre hay que dar la bienvenida a la conquista de nuevos derechos y libertades. Y hacerlo, desde la seriedad y el rigor. Para morir con dignidad se necesita ayuda profesional, garantías y seguridades. Y esto es lo que se pretende, y el camino que recientemente se ha abierto en el Congreso.
