Europa continúa estudiando la denuncia por la corrupción judicial de España

La Comisión Europea continúa estudiando la demanda presentada contra el Reino de España por la presunta corrupción judicial sistémica que, según el denunciante, está asolando al tercer poder de la democracia de este país. El órgano de gobierno de la Unión Europea sigue estudiando el caso, sobre todo por el peso de las pruebas presentadas.

Hay que recordar que la denuncia, a la que Diario16 tuvo acceso, fue presentada en el mes de septiembre de 2019 y partía de los datos del Eurobarómetro de 2019 que constataban el amplio descredito de la Justicia española entre la ciudadanía, que cada año va en aumento y muestra de ello es que la mayoría «considera necesaria una reforma profunda y urgente de la Justicia por su corrupción sistémica», afirma la denuncia. Esa desconfianza en la Justicia tiene diferentes causas como las presiones políticas y las injerencias o presiones de intereses económicos.

Según los datos del Eurobarómetro realizado a las empresas españolas, éstas tienen una percepción muy negativa de la independencia de los jueces y los tribunales «por las presiones por intereses económicos de las entidades involucradas en las causas judiciales», indica el documento presentado a la Comisión Europea.

Además, la denuncia hacía referencia a los datos del CIS del mes de julio de 2019 en los que se «recoge la mala consideración que tienen los españoles sobre la Justicia y la corrupción de los jueces, que consideran en un 80% que es bastante o muy necesaria una reforma de la Administración de Justicia porque al 59% les inspira poca o ninguna confianza, puesto que el 51% considera que el grado de independencia de los jueces es bastante bajo o muy bajo por su politización y corrupción».

La denuncia, además, hacía referencia a que, dentro del propio poder judicial, existen profesionales que, desde el anonimato, «han reconocido la existencia de presiones y sobornos para orientar la resolución de asuntos en una dirección determinada. Así se refleja en el resumen de los informes 2016‐2017 de la Red Europea de Consejos Judiciales sobre las encuestas sobre percepción de independencia realizadas entre jueces europeos».

Por otro lado, el mal funcionamiento sistémico de la Justicia española y del Tribunal Supremo ha sido constatado por el Servicio de Compliance de la Unión que ha detectado más de sesenta casos en los que el Tribunal Supremo omitió su deber de instar cuestiones prejudiciales ante el TJUE, tal y como publicamos en Diario16.

La denuncia incidía en el hecho de que el problema se encuentra en que, a pesar de las constantes denuncias de la ciudadanía y de los profesionales de la abogacía, el Consejo General del Poder Judicial, el encargado de sancionar las conductas presuntamente corruptas de los jueces, está archivando todas las quejas presentadas «en una clara muestra de su corporativismo, haciendo inútil cualquier tipo de denuncia de corrupción contra los jueces que sistemáticamente “caen en saco roto” y quedan impunes sin sanción. Tan grave es la situación de corrupción de los jueces y su órgano de gobierno, el CGPJ, que una asociación de ciudadanos se vio en la necesidad de denunciar al CGPJ “por corrupción sistemática y prevaricación permanente”», se afirmaba en el documento.

La denuncia incide en el hecho de que todas las quejas y los actos denunciados por parte de la ciudadanía o de la sociedad civil ponen de manifiesto que en España no es operativo formular denuncias por las actuaciones de los jueces ante el CGPJ porque son archivadas sin «siquiera incoar el correspondiente expediente para realizar una mínima investigación de los hechos, razón por la que nos vemos obligados a formular esta denuncia ante la Comisión Europea para que realmente se lleve a cabo una investigación para esclarecer la situación de corrupción judicial sistémica consentida por el Reino de España».