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¿Están negociando PP y PSOE la renovación del CGPJ?

Bruselas le ha dicho al PP que el asunto debe solucionarse antes de que España asuma la presidencia de turno de la UE, en el segundo semestre del año

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análisis

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Si nos remitimos al literal del titular de este análisis, no. Oficialmente no hay negociación alguna sobre el Consejo General del Poder Judicial. Pero sí se ha hablado de este asunto en el transcurso de los contactos que se llevaron a cabo para que los populares apoyasen los decretos de medidas anticrisis. Fueron unas “conversaciones privadas”. Y lo que sí se ha podido saber es que se ha quedado en volver a hablar de este asunto. Negociaciones, de momento, no. Pero “conversaciones” las hay.

El Partido Popular está recibiendo fuertes presiones por parte de Bruselas para que se olvide, de momento, de la propaganda en la que acusa a Pedro Sánchez de “injerencia en la justicia” y pacte el acuerdo. La Comisión Europea lo ha vuelto a decir: “menos viajes denunciando lo que no es denunciable, y más gestos tendentes a llegar al pacto de renovación del órgano de gobierno de los jueces”.

La presión llega a tal extremo que en Génova se vuelve a hablar de propuestas concretas para desbloquear la situación. Han llegado a proponer a los socialistas, eso sí dicen que “de manera informal”, que seis de los veinte vocales procederían de una lista elaborada por las tres asociaciones judiciales mayoritarias, la Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Dos por cada una de ellas. Esa lista sería asumida junto a los otros 14 candidatos que se “extraerían de personalidades del mundo judicial y académico, de renombre y prestigio reconocido”. Incluso parece ser que se ha pensado en una persona concreta para presidir el órgano, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega.

Los socialistas insisten en su postura original. Los vocales deben ser propuestos y votados en el Congreso y el Senado de una lista que elaborarán los dos grupos mayoritarios. Eso sí. Están dispuestos a admitir propuestas de otros grupos para lograr la mayor representatividad posible. A lo que sí está dispuesto el PSOE es a una importante concesión: derogar el decreto de marzo de 2022 mediante el cual un CGPJ en funciones no puede designar jueces para las instancias superiores, audiencias provinciales, tribunales superiores territoriales y Tribunal Supremo. Pero eso se haría una vez hubiesen tomado posesión los nuevos vocales y se hubiese restablecido la normalidad en el organismo.

Del otro punto de desencuentro ya se ha publicado en Diario16. El PP quiere que el nuevo Consejo General del Poder Judicial adquiera el compromiso de disolverse una vez haya sido aprobada la reforma de la ley orgánica que regula su elección y su funcionamiento.

La derecha no renuncia a que sean las asociaciones judiciales las que elijan directamente la totalidad de los vocales. Una pretensión que choca con dos obstáculos. El primero, y más importante, es que podría ser inconstitucional ya que se sustraería al Parlamento la competencia de las cámaras en esta materia. Y, en segundo lugar, que no todas las asociaciones judiciales están de acuerdo con este sistema de elección ya que la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador, se haría con la práctica totalidad de las vocalías. Alguna asociación judicial ha advertido de que si se decide este nuevo sistema “deberá establecerse mecanismos correctores” para una mejor representatividad.

También otros colectivos que tienen que ver con la actividad jurídica se resisten a aceptar el sistema propuesto por el PP porque quedarían relegados. Tal es el caso de los abogados, letrados de la administración de justicia, funcionarios de dicha administración, y el mundo académico, sobre todo catedráticos de derecho que se consideran tan cualificados o más que los propios jueces para estar presentes en un órgano que decide más asuntos que los estrictamente judiciales para llegar, incluso, al ámbito político.

Y luego está la urgencia para desbloquear esta situación cuanto antes. Bruselas le ha dicho al PP que el asunto debe solucionarse antes de que España asuma la presidencia de turno de la UE, en el segundo semestre del año. Pero para el mundo judicial ésto es demasiado tarde. Los llamados “vocales conservadores”, que están en funciones, miran con lupa el decreto de marzo de 2022 para buscar algún resquicio dentro de la norma que les permita designar a los titulares para las plazas vacantes. Sobre todo, las del Tribunal Supremo. Dicen haber encontrado ese “atajo” pero han sido advertidos de que pueden generar un nuevo conflicto que supondría volver al distanciamiento cuando se están haciendo esfuerzos ímprobos para desbloquear la situación.

De momento, todo sigue igual. Pero nadie descarta una sorpresa en forma de acuerdo que sería recibido con alivio no sólo en el mundo judicial sino también en el ámbito político. Desde Moncloa se repite lo mismo. No tiene por qué haber urgencia. El acuerdo ya está hecho, con nombres y apellidos. A falta de esa firma que no se llegó a estampar porque al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le temblaron las piernas en el último momento y puso la excusa de algo que no tenía nada que ver con el tema que les ocupaba: la supresión del delito de sedición del Código Penal.

De ahí que Núñez Feijóo insista en que se volverá a hablar de este asunto “después de las elecciones”. Pero no dice de qué elecciones. Porque, a lo mejor el as que guarda en la manga no son las generales como algunos interpretan, sino las municipales de mayo.

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