Casi dos semanas de paro de transporte son brutales para la economía española. La organización UPTA, formada por autónomos como los que dicen comandar el paro de transporte, solicitó “responsabilidad” el pasado jueves 17 de marzo a la Plataforma para la Defensa del Transporte por Mercancías. UPTA señaló el peligro de paralizar la economía en la situación de crisis límite en la que se encuentra. El sólo anuncio del paro de diciembre ya sembró el caos en la distribución española y mostró el camino de cómo golpear y hacer daño. Ahora son nueve días de movilizaciones que han logrado paralizar a empresas de las que dependen miles de empleos como Calvo, Azucarera, Cuétara, Humana, Dcoop, Jaencoop o Agrosevilla. Otras están al límite, como Danone, Estrella Galcia, Pastas Gallo o Heineken.
El estallido social buscado la ultraderecha está prendiendo después de su fracaso intentando capitalizar el descontento contra el Gobierno por las restricciones de libertades derivadas de la pandemia. Aunque Abascal sigue haciendo guiños a los negacionistas, a costa de enfrentarse con Jiménez Losantos sobre la necesidad de la vacunación, la revuelta cayetana pinchó y no consiguió la fuerza necesaria para asustar a Pedro Sánchez. Esta vez han infectado un sector estratégico con un modelo insostenible que agonizaba desde hace años en un momento de extrema debilidad en la cadena de suministro, a caballo entre una pandemia y una guerra en un país fundamental para el abastecimiento de materias primas.
Los buenos propósitos de pobres diablos sobre ruedas, la parte más frágil, golpeada y explotada del sector, están siendo dirigidos por intereses oscuros que no se ocultan. Los chalecos amarillos de España se abrazan con V0x anunciando “que van a por el Gobierno” mediante la paralización de país mientras Santiago Abascal señala la “necesidad de que el PsoE desaparezca”. Mientras abogaban por mantener las penas de cárcel para los piquetes, han azuzado la extrema violencia con las que se actúa en este paro, apedreando camiones en marcha con total impunidad. No sufren, los medios no señalan sus contradicciones de decir defender al pueblo mientras votan contra la subida del salario mínimo, contra prohibir despedir por enfermedad o por abstenerse en la subida de las pensiones.
El Gobierno ha gestionado la situación muy torpemente, con el agravante de tener a todos los medios de comunicación mayoritarios en contra y ofreciendo altavoces a los convocantes de un paro ilegal. Lo mismo que se criminalizó a los trabajadores en huelga de Cádiz y se normalizó el uso de tanquetas, ahora interpelan a nuestra empatía por unas personas que, ciertamente, lo están pasando muy mal. Es cierto que la Plataforma para la Defensa del Transporte por Mercancías es un fantasma. Un colectivo sin acreditar de la que huía la patronal representada en Comité Nacional de Transporte por Carretera, interlocutor del gobierno y convocante del alegal paro de transporte de diciembre, porque se encontraban en una guerra de poder. Pero esta entidad planteaba reivindicaciones necesarias sobre los servicios a pérdida en un sector, el de los camioneros autónomos, al límite después de una década de bajadas sucesivas de sus ingresos. La prohibición de los servicios de transporte a pérdida encaja con la prohibición de la venta a pérdidas en todos los escalones de la cadena alimentaria. Ley a la que votó en contra V0x a finales de 2021.
No se ha querido actuar teniendo aprobada una Ley que se podía desarrollar, al amparo de la transposición de la Directiva Europea 2019/633, referida a las relaciones entre operadores de la cadena alimentaria, y satisfacer las reclamaciones legítimas de un sector, parando el veneno de la ultraderecha. No se han querido tomar medidas estructurales ni se ha querido incomodar a la gran distribución, ya contrariada por las medidas reguladas favorables al sector de transporte después de las negociaciones de diciembre, como la obligación de la descarga de los camiones. No se ha querido ir más allá contra Mercadona, El Corte Inglés, Coca Cola o Carrefour. Pero tampoco se ha querido limitar el precio de los combustibles, centrando entonces la problemática en los impuestos que soporta combustible.
La solución aportada de subvencionar el gasoil, además de ridícula por la dotación económica planteada, es insostenible. No se puede salvar el sector del transporte si el problema radica en que se ofrecen servicios sistemáticamente por debajo de coste. La cuestión no es que la patronal pague a los convocantes del paro bajo coste (ellos son parte de la patronal), la cuestión es que la distribución paga bajo coste porque se tiran los precios en las pujas inversas como modelo de negocio. La producción a pérdida es el mismo problema que tiene el campo, sector que también intenta capitanear la ultraderecha mientras vota en contra de sus intereses
El falso debate sobre los impuestos debilita enormemente al Gobierno en uno de los países europeos en los que menos se gravan los hidrocarburos y con menos peajes en las carreteras. Permite que se extienda la ideología ultraliberal en el prime time de todas las franjas de la parrilla televisiva mientras los youtubers de Andorra se lo inculcan a la juventud. Alimenta un estallido social que esta vez puede ser real a manos de pobres diablos sobre ruedas dirigidos por intereses oscuros.
