La lucha contra el tráfico de órganos lo vuelve a liderar España. Un año después de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobará una resolución promovida por nuestro país junto a Guatemala, para combatir la trata de personas con fines de extracción y tráfico de órganos humanos. Esta Resolución actualiza la aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas hace poco más de un año. En ella han trabajado estrechamente el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Prevenir y combatir la trata de personas con fines de extracción y tráfico de órganos

Con esta nueva Resolución, España apuesta por lograr que los delitos relacionados con el tráfico de órganos se analicen desde la perspectiva de los Derechos Humanos, la salud y la óptica penal. Se trata de delitos cuya prevención y persecución requieren de la formación adecuada y la estrecha colaboración de las autoridades sanitarias y especialistas de la salud con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

La Resolución reconoce el valor del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos, como primer documento legal internacional que define con precisión este delito y cuya apertura a firma se llevó a cabo en la ciudad española de Santiago de Compostela en el año 2015, en reconocimiento a nuestro país por su liderazgo en la lucha internacional contra este tipo de prácticas.

 

Contenido de la nueva resolución

La nueva Resolución reclama a los Estados Miembros de Naciones Unidas a: desarrollar sus propios sistemas de trasplantes, según los principios éticos defendidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sobre los que se asienta el sistema español de trasplantes.

También se insta a vigilar porque la extracción de órganos humanos se produzca en centros específicamente autorizados por las autoridades sanitarias nacionales. Realizar auditorías periódicas de los centros acreditados para la donación y el trasplante. Desarrollar registros que permitan garantizar la transparencia de la donación y el trasplante, la trazabilidad y la calidad y seguridad de los órganos humanos. Aportar información periódica a los registros internacionales, como el Observatorio Mundial de Donación y Trasplante establecido por la OMS y gestionado por la ONT en España.

Se insta a los Estados a capacitar a los profesionales sanitarios, y fuerzas del orden para detectar posibles casos de tráfico de órganos

También insta a la OMS, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a seguir elaborando directrices internacionales sobre los aspectos sanitarios, penales y de derechos humanos relacionados con la prevención y la lucha contra estos delitos. Más aún, solicita a la Secretaría General de Naciones Unidas la elaboración de un informe sobre la implantación de esta Resolución y su presentación en la Asamblea General en su 75º Periodo de Sesiones (año 2020).

Con esta medida, España pretende que los países se comprometan al cumplimiento de todos los aspectos contenidos en la Resolución. Los países copatrocinadores de esta Resolución se elevan ya a 69, distribuidos de forma equilibrada en todos los grupos regionales, frente a los 40 que apoyaron la anterior.

La resolución se inspiran en el sistema español de trasplantes. Nuestro país – a través de la ONT – ha hecho hincapié en la cooperación entre los profesionales sanitarios y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como un elemento clave en la detección precoz y la investigación de este tipo de delitos.

De hecho, la ONT ya trabaja con la Fiscalía en el desarrollo de un Protocolo de actuación para profesionales sanitarios, en caso de sospecha de posible tráfico de órganos. Su objetivo es canalizar las denuncias ante presuntas violaciones de la legislación española en materia de trasplantes de órganos, que pudieran constituir un indicador de trata de personas o compra venta de órganos. En la elaboración de este protocolo también participarán representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de la red de donación y trasplantes y de la Organización Médica Colegial, que se incorporarán en breve al grupo de trabajo.

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