Esta es la pregunta que se hace mucha gente; si leemos la prensa de Madrid, no toda pero si una gran parte, Europa no parece estar dispuesta a ayudar a los países del sur del continente, España entre ellos, además de Italia, Portugal y Grecia.
Si leemos la prensa extranjera, el tratamiento es bastante diferente. Hace muchos años y con gobiernos diferentes, el estado español no ha cumplido los acuerdos y directrices en materia de déficit y otros varios. Su credibilidad es escasa tirando a nula. Ha tenido un crecimiento económico muy por encima de la media europea y no ha aprovechado para enderezar y mejorar su economía.
Los gobiernos europeos saben que en España hay más políticos que Alemania, Francia e Italia juntas, como también saben que tiene más coches oficiales que EE UU. Si añadimos la red ferroviaria de alta velocidad, la más extensa de Europa y la segunda de todo el planeta por detrás de China, resulta normal la desconfianza de algún país en dar dinero a España por su mala administración pública.
Existen otros motivos que, sin duda, han erosionado la credibilidad española; la justicia es uno de ellos pero no la única, la corrupción y la malversación de fondos es otra y muy elevada, el volumen de la administración central es inmenso (ministros vicepresidentes, asesores, etc. Y no olvidemos el rescate que se hizo a la banca española y lo que supuso para ya su maltrecha economía.
A la hora de escribir estas líneas no se ha llegado a ningún un acuerdo sobre la ayuda que recibirá España para superar la crisis provocada por el coronavirus, la mayoría de países europeos están de acuerdo a colaborar pero no quieren que sea a fondo perdido -una pequeña parte si- pero el resto que sea a base de créditos con bajos intereses.
La desconfianza, de la que antes hacía mención, hará que el dinero que llegue a España deberá de tener un destino y objetivos concretos que, supuestamente, tendrían que ser consensuados por el gobierno y la comisión europea y deberán de ser revisados en sus cumplimientos. Los países del norte no aportarán fondos sin condiciones previas y que el estado español haga lo que quiera con los mismos.
El problema puede recaer sobre la ciudadanía que siempre acaba pagando los platos rotos por culpa de la mala administración y la clase política. Las nóminas y las pensiones se pueden ver reducidas, perjudicando a los que menos culpa tienen de esta situación. Si esto sucediera y el gobierno no modificara, a la baja, el elevado coste de la administración podría haber una revuelta social en el país, más todavía, en la situación actual en que se encuentra España y su discutida y discutible monarquía.
Confiemos que se llegue a un acuerdo, aceptable por todas las partes, y que se lleven a término, escrupulosamente, las condiciones que se hayan llegado a pactar. Es necesario para poder superar el problema sanitario y la crisis económica que éste ha provocado.
