Error incompresible

No es infrecuente, sino común, que la prisa, la premura que nos imponemos para sacar adelante un proyecto o idea, conduzca, a pesar de la buena fe en el empeño, a cometer errores de bulto obsesionados por el cumplimiento de un sueño largamente esperado que opaca la visión detallada de las aristas que incorpora. Quizá esta sea la razón por la que la anhelada Ley del <<solo sí es sí>> haya mostrado, en sus pocas semanas de aplicación, agujeros que producen efectos indeseados que cuestionan su eficacia, al abrir la puerta a la reducción de penas a los condenados por abuso o agresión sexual.

Error sorprendente por no haber pensado en los efectos de modificar, a la baja, el suelo de las condenas por agresión sexual —se elimina el concepto equívoco de abuso— que pasan de ocho a seis años en la parte baja de la horquilla cuando la víctima sea menor de 16 años; a 4 años frente a los 6 antes de la reforma en los casos de agresiones sin agravantes que, de haberlos, pueden ir de los 8 a los 15 años, en violaciones con penetración.

Rebajas justificadas con el argumento de que proteger a la mujer es el objetivo básico de la norma, que la reducción del suelo de las condenas obedece a que en éste tipo de delitos hay conductas sexuales de escasa gravedad junto a otras gravísimas; y, también, para desmentir la acusación a las feministas de buscar siempre el aumento del castigo a los violadores. Consideraciones con un fondo loable que no valoraron durante la redacción de la Ley, que estaban abriendo el camino a los ya condenados para solicitar una reducción de sus condenas, al amparo del artículo 2.2 del Código Penal que establece la obligación de revisar a la baja las condenas cuando se produce un cambio legislativo que afecte al condenado.

De este modo las bondades de la Ley, sustanciales para la protección de la mujer frente a las agresiones sexuales, se emborronan y opacan ante la opinión pública que se queda con el dato de que los violadores van a salir antes a la calle o van a recibir menores condenas. Hecho confirmado ya en varias sentencias, y las que vendrán, por los recursos que se van a presentar ante los tribunales: ¡qué condenado que pueda ver reducida su pena no lo va a solicitar! Circunstancia que no se puede obviar argumentando que los jueces hacen una interpretación machista porque son conservadores, y están en contra de todo avance que conceda mayor protección a las mujeres, como ha señalado Victoria Rosell, magistrada, actual Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y partícipe en la redacción de la nueva Ley.

¿Cómo es posible que no hayan pensado que esto se iba producir? No puedes caerte del guindo tontamente, cuando por todos es sabido que la magistratura es mayoritariamente conservadora. ¿Cómo es posible esta falta de previsión, por no pensar en el hueco que dejaban abierto para producir un efecto contrario al deseado: que enmaraña el valor de la Ley ante los ciudadanos? Qué sentido tiene la intención <<buenista>> de bajar el suelo de las condenas que favorece a seres abyectos, que nadie había planteado. El resultado es el impacto a futuro del tiro en el pie que se ha pegado el Ministerio de Igualdad, por las prisas, por no pensar con visión —igual que los grupos parlamentarios que no vieron estos huecos en la tramitación de la Ley—, que genera una innecesaria patata caliente en el Gobierno que solo puede sustanciarse reformando la Ley, porque aguantar el chaparrón de sentencias que van a caer en un goteo constante es un sinsentido, de impacto negativo, a un año de las elecciones generales.