El 24 y 25 de marzo el Tribunal Supremo juzgará al actual diputado por Sobiranistes, Joan Josep Nuet. Hablamos con él sobre su caso y su periplo judicial. También, sobre la necesidad de que la izquierda española no dé la espalda a Cataluña. Acto seguido lanza una advertencia a los republicanos españoles y una petición a la izquierda española para ir de la mano: “si mañana en el Congreso de los Diputados hay una mayoría republicana, va a pasar exactamente lo mismo que con Cataluña […] Va a haber una reacción conservadora que va a utilizar todos los aparatos del Estado para acallar la voz de los republicanos y de la gente de izquierdas y no podremos decir que hay que renunciar a ser republicanos porque despertamos al fascismo”. Nuet dice estar preparado y con ganas de defenderse, aunque siempre ha pedido que fuera juzgado en Cataluña.

1. Haciendo un poco de memoria, la fiscalía presentó una querella contra la expresidenta, Carme Forcadell y miembros de la mesa del Parlament en febrero del año 2017. En un principio, usted no apareció en la querella porque tu trayectoria política no demostraba tu “voluntad de sumarte al proyecto político de ruptura unilateral”. Más tarde sí que se le incluyó. En ese momento te mantuviste muy crítico y lo calificaste de “profundo error” esa discriminación ideológica. Quería preguntarle sobre cómo vivió ese momento.

Fueron dos años muy intensos. Desde finales de 2015 hasta finales de 2017 (cuando hubo nuevas elecciones). Yo durante esos dos años fui miembro de la Mesa del Parlament y viví todo ese proceso de forma muy cercana, muy intensa porque allí se concentraron una parte importante de las presiones que se ejercieron sobre la representación democrática. En un principio, cuando se inició la primera querella a mí no se me tuvo en cuenta. Luego de forma posterior sí que me incluyó en el resto de querellas que se iniciaron contra la mesa. Aquí hay que decir que nosotros no estábamos acostumbrados, ya ni siquiera preparados para esa ofensiva judicial. Hay que tener en cuenta que el Parlamento de Cataluña, en sus 30-40 años de historia, muchas de sus leyes y resoluciones habían sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, anteriormente al periodo 2015-2017. Pero con una diferencia, antes el Tribunal Constitucional siempre operaba al final de la aprobación de una ley o de una resolución. El parlamento hacía un debate, aprobaba una ley, aprobaba una resolución y cuando ya esta ley y esta resolución se publicaba en el Boletín Oficial del Parlamento, el Tribunal Constitucional en algunos casos suspendía primero y luego en una sentencia anulaba este decreto, esta resolución o esta ley. Por tanto, el Tribunal Constitucional respetaba el trámite parlamentario. ¿Por qué? Porque en toda democracia es sabido que, en el trámite parlamentario, los textos legales se modifican. Una ley se tramita, pero la ley a lo largo de su trámite sufre modificaciones muy importantes. Lo mismo ocurre con una resolución, puede ser presentado un texto, pero luego mediante las enmiendas y mediante el debate, el texto que se aprueba se parece más o menos del texto original.

Hay que tener en cuenta que siempre en una democracia se ha respetado la libertad de los diputados y de los grupos parlamentarios para establecer de forma libre ese debate. Poder emitir opiniones y poder emitir votos. Esta actividad está protegida constitucionalmente y estatutariamente porque el parlamento es un ámbito de máxima libertad y debe poder formularse cualquier propuesta. Incluso aquellas propuestas que no son constitucionales deben poder debatirse en el Parlamento. En este sentido, está la famosa sentencia 42/2014 del Tribunal Constitucional que ya recordó en su día que la Constitución Española no es militante, y, por tanto, cualquier idea política debe poder ser debatida.

Nosotros veníamos con ese impulso. Pensábamos que al final del debate parlamentario ya el Tribunal Constitucional tomaría las decisiones que crea conveniente, pero en esta ocasión todo cambió. Al haber en Cataluña en el año 2015 una mayoría de gobierno y una mayoría parlamentaria independentista, en medio de la carrera, el Tribunal Constitucional cambió su criterio y pasó de operar después de la aprobación, a antes de la aprobación. De esta manera, estableció un filtro previo sobre qué resoluciones, qué leyes y qué debates son posibles o no en el Parlamento. Para ello actuó sobre el órgano parlamentario que se encarga del trámite y del ordenamiento del debate parlamentario que es la mesa.

Hay que recordar que en las últimas tres legislaturas siempre ha habido mayoría absoluta de diputados y diputadas independentistas. Al final, los partidos independentistas se presentaron a las elecciones con programas independentistas y los diputados no habían hecho más que intentar aplicar su programa electoral con el cual legalmente se pudieron presentar. El Tribunal Constitucional decidió que había que actuar antes y no después y le dijo a la mesa que había debates que no era posible que se produjesen en el parlamento. Este cambio de criterio fue caótico. Caótico para los diputados, caótico para los grupos parlamentarios, caótico para los servicios jurídicos del Parlament y caótico para la Mesa del Parlament. Por esta razón, estamos ante un cambio de criterio que bajo mi punto de vista ha marcado negativamente la democracia en el Estado español, debido a que ha quedado impugnado aquello de que “en paz y sin violencia” se puede hablar de todo. No se puede hablar de todo ni se puede hablar de la unidad de España. Es un debate que está tutelado judicialmente hoy día por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo y que no permite que los parlamentos hablen de ello.

2. ¿Cómo ha vivido personalmente su caso durante todo este tiempo?

Llevo ya casi tres años y medio de periplo judicial. Tanto yo, como el resto de imputados, el gobierno, la Mesa del Parlamento y las dos entidades sociales, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana, que son, los ámbitos en los cuales se ha operado en esta operación judicial.

En primer lugar, me gustaría decir que siempre he defendido que se nos debería juzgar en Cataluña por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hoy en día es un debate que está en el corazón de lo que va a ser posiblemente la posición de la justicia europea. Debemos recordar que tribunales en distintos países se está cuestionando que el Tribunal Supremo haya absorbido estas competencias. Países como Bélgica, Alemania, Suiza, Reino Unido. Significa que en el procedimiento judicial quien nos tenía que haber juzgado era un tribunal catalán. Eso se traducía en que teníamos derecho a la apelación. En el caso de que no nos gustara esa sentencia, teníamos el derecho al recurso del Tribunal Supremo. Al juzgarnos el Tribunal Supremo, en mi caso y en el de otros compañeros, no hay capacidad de recurso de amparo. Solo se puede ir al Tribunal Constitucional en la medida que puedas defender que algunos de tus derechos fundamentales se han conculcado.

Entonces, solo un tribunal resuelve nuestro caso. Esto nos crea una indefensión. Sabemos como mínimo que la justicia belga ha puesto en cuestión este trámite judicial y España podría ser condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Una condena que iría en la línea de otras condenas que ha recibido el estado español por no haber seguido el procedimiento de garantías judiciales para los procesados. Esta condena al Estado español podría acabar anulando por parte de la justicia europea la sentencia del Tribunal Supremo y otras sentencias que el Tribunal Supremo pueda acabar estableciendo sobre el denominado Proceso Catalán.

Yo siempre he defendido eso. Tengo ganas ya de que llegue el juicio, de poderme defender ante el Tribunal, con una acusación de desobediencia reiterada, por la cual, tanto la abogacía del Estado, como la fiscalía del Supremo, me piden una inhabilitación. Por otro lado, también hay una acusación particular que opera el grupo de extrema derecha VOX y que me pide 12 años de cárcel. Casi con toda seguridad, la acusación de VOX va a decaer desde el principio, porque ya decayó como acusación contra el resto de la Mesa.

Sin embargo, debemos recordar que son 12 años de cárcel por permitir una votación parlamentaria. Yo me voy a defender teniendo en cuenta que tengo una diferencia respecto al resto de compañeros y compañeras, dado que yo no soy independentista. Coincidimos en unas votaciones. Concretamente en el trámite de la ley de Referéndum para que esta ley pudiese ser debatida en el pleno del Parlamento, pero en otras muchas votaciones, no coincidimos porque yo a las leyes independentistas me opuse y las voté en contra. Ni yo, ni mi grupo político es independentista. Considero que, por permitir un debate parlamentario, no debería criminalizarse esa acción parlamentaria. A lo mejor un debate parlamentario puede ser motivo de una crítica política y de la petición de dimisión de diputados y de dirigentes. Al final, las urnas acaban poniendo a cada uno en su lugar, pero iniciar una causa penal con petición de pena de cárcel para personas que son dirigentes políticos y que han defendido ideas políticas que la Constitución Española permite defender, realmente creo que es un antes y un después en la justicia española y en el parlamentarismo español.

Tengo una posición muy crítica ante esa forma de proceder, pero voy a defenderme porque creo que soy inocente. Mi voluntad nunca fue desobedecer al Tribunal Constitucional, sino permitir un debate político que estaba ya en la calle. Que había tenido un debate político en la campaña electoral y lo lógico era que ese debate se viese también en el Pleno del Parlamento y que no se prohibiese al pleno del Parlamento debatir sobre la independencia de Cataluña porque ese era el debate que estaba en la sociedad catalana de forma amplia.

3. ¿Ha habido una intención de escarmentar y de castigar a Cataluña?

Hubo una decisión que fue política. El gobierno del Partido Popular en ese momento cortó amarras con el diálogo político que mantenía con el gobierno de Cataluña. Recordemos que días antes de la declaración unilateral de independencia, había un diálogo entre el presidente de la Generalitat y el presidente del Estado sobre si tenía que aplicar o no el artículo 155 de la Constitución y que se estuvo barajando adelantar la convocatoria electoral de las elecciones al Parlamento de Cataluña para evitar su aplicación y para que un nuevo gobierno iniciara un nuevo periodo para evitar algo que no tenía precedente en la democracia española. En este contexto, el Partido Popular tomó una decisión que fue respaldada por el Partido Socialista. Una vez acordaron una posición común, ya todo fue imparable. Tanto la declaración del 155 por parte del gobierno de España, como la Declaración Unilateral de Independencia por parte de la mayoría parlamentaria en Cataluña.

Es aquí cuando el gobierno en España toma una segunda decisión: derivar el conflicto catalán a los tribunales. Quien operaba ya sería la Fiscalía General del Estado y operaría a través de los dos grandes mecanismos: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

En la medida que se pone el conflicto político en manos de los tribunales, la política queda apartada y es la judicatura la que marca el calendario político, que es lo que ha pasado en estos últimos cuatro años. Se ha judicializado el conflicto y precisamente esta legislatura, que hemos iniciado con el gobierno de Pedro Sánchez, el debate que ha aparecido es que había que sacar a los tribunales del conflicto político, y había que volverlo a poner en la mesa de la política, que es el diálogo, la negociación y el acuerdo político. ¿Qué nos hemos encontrado? Que ahora ya los tribunales se han acostumbrado a dictar la política española y catalana. Además, una judicatura donde desde hace mucho tiempo, los órganos del sistema judicial no se corresponden con las mayorías democráticas que hay en los parlamentos, porque son órganos nombrados en su día por la mayoría absoluta del Partido Popular, que han, de alguna forma, repartido en el conjunto de la judicatura jueces a dedo con ideas conservadoras, contrarios al proceso que ha vivido Cataluña, pero contrarios también al diálogo.

Es por eso que tenemos una judicatura que en este momento se ha acostumbrado a hacer política y vemos sentencias por parte del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo que son sentencias políticas y que el Partido Popular sigue gobernando en España a través de ellas, a pesar de que ya no está en el gobierno. Por tanto, es una tendencia negativa, compleja. Hemos visto las resistencias del Consejo General del Poder Judicial a renovarse. El PP no quiere hacer un acuerdo que adecúe el Poder Judicial, podríamos decir, a la voluntad popular. Intenta el poder judicial estar al margen de la voluntad popular y quiere prolongar este período. No solo para el tema catalán, también para de juicios por temas de corrupción.

El Partido Popular empezó a penetrar en el poder judicial, en primer lugar, contra el 15M y en segundo lugar contra sus juicios por corrupción para controlar ese proceso. Luego llevó el proceso independentista catalán. Evidentemente eso es un problema grave y un paso atrás que está dando la democracia española.  Debe haber los cambios necesarios, para que el debate catalán vuelva a la política, vuelva a las mesas de diálogo, de negociación y de acuerdo político, porque sin acuerdo político este conflicto entre Cataluña y el Estado lo que hace también es lastrar el conjunto de la política española. Se ha convertido, de facto, en el problema principal al lado de la monarquía. Y el tema de Cataluña al lado de la monarquía, están haciendo que el modelo constitucional de 1978 esté haciendo aguas y que esté en una profunda crisis y lo que se está intentando hacer por parte de los poderes económicos, judiciales y políticos no es resolver esta crisis mediante el diálogo, sino resolverla mediante una judicialización conservadora intentando de esta manera dejar atado y bien atado, un modelo constitucional, que no resiste el paso del tiempo. Tanto la monarquía, como el concepto de unidad de España, como concepto sagrado que viene ya de la historia, son dos conceptos que deben ser revisados y que deben ser reformados. Sin esa reforma, la constitución se cae a trozos y puede originar un colapso de este modelo y un colapso del Estado. Es mejor dialogar, reformar, para tener otro extenso período de convivencia democrática en el Estado español, pero eso significa que hay que buscar soluciones a tantas crisis, la crisis del modelo de Estado y la crisis de la monarquía en España.

4. Quería preguntarle sobre la izquierda española y si siente que ha abandonado en cierta manera un abandono hacia la izquierda catalana. Recordando un poco el célebre poema de Martin Niemöler de “primero vinieron a por los comunistas, pero yo no dije nada porque no era comunista”.

Sin duda. Hay que recordar, primero, un poquito de historia. En los años 30, durante la Segunda República y durante todo el proceso de transición, se teorizó algo que sigue siendo absolutamente válido y que 40 años después de la transición sigue siendo absolutamente actual. España es un país plurinacional y los cambios cualitativos que puede haber en este estado serán impulsados por un pacto. Un pacto entre la clase trabajadora y los sectores populares en el conjunto del Estado, la izquierda política, la izquierda sindical, la izquierda social con los pueblos, que buscan en distintos territorios del Estado su libertad y que buscan la autodeterminación en sus territorios. Esos conceptos son los conceptos que en los años 30 hizo que en Cataluña los comunistas del PSUC y los republicanos de Esquerra Republicana actuasen en una misma lista electoral. El frente popular que gana en el conjunto de España en 1936, en Cataluña se llama Frente de Izquierdas (Front d’Esquerres). Y era la lista de Esquerra Republicana bajo la cual se integraron los anarquistas y los comunistas. El cambio en aquella época vino de la mano de republicanos independentistas o republicanos soberanistas porque Esquerra Republicana en los años 30 no era exactamente un partido independentista, era un partido soberanista, pero colaboraban con comunistas y con anarquistas para frenar al fascismo y para frenar a la derecha. En la transición pasó algo parecido. En la Asamblea de Cataluña estaban los soberanistas colaborando con comunistas, socialistas, etc., etc. Por eso, para que en España haya una mayoría progresista, hay que sumar no solo a la izquierda política, sindical de tradición obrera, sino también a los movimientos soberanistas en Galicia, Euskadi, en Cataluña, pero también hay que hablar de Valencia o de Andalucía o de otros territorios del Estado que tienen una pulsión soberanista y que son progresistas.

No hay que confundir esto con un nacionalismo excluyente o de derechas, porque estos movimientos, ya se han demostrado que colaboraron en el pasado, en la actualidad y lo seguirán haciendo en el futuro en una mirada progresista y de izquierdas. Porque España es plurinacional. Ahora bien, la derecha española, a lo largo de la transición, poco a poco fue ganando hegemonía en el modelo de Estado. Es clave la mayoría absoluta de José María Aznar, es clave la lucha contra ETA y la utilización de las víctimas del terrorismo. Es la consolidación de una mirada de España profundamente conservadora y yo diría que reaccionaria, que conecta con el liberalismo reaccionario que se construye en España en el siglo XIX y que provoca que la transición entre el Antiguo Régimen y el Régimen liberal sea muy débil. Lo mismo ocurre con la transición después de la dictadura. Este pacto que se hace también con la dictadura incorpora también esa mirada conservadora y reaccionaria donde la unidad de España es una unidad anti-obrera, anti-catalana, anti-vasca, anti-gallega. Para mí básicamente es la época en el que el PP tuvo mayoría política y construye una hegemonía. En esa hegemonía ha caído el PSOE y tengo que decir, por desgracia, que ha caído una buena parte de la izquierda que está a la izquierda del PSOE.

Actualmente, hemos visto que a la vez que el independentismo crece en Cataluña, hay dirigentes de izquierdas que acusan al independentismo de despertar el fascismo. ¡Qué barbaridad! El independentismo lo único que ha hecho es lo mismo que haría ahora el movimiento republicano si consiguiese la hegemonía con el tema de la República, o si el movimiento sindical en el Estado español consiguiese una hegemonía para intentar cuestionar algunos aspectos de la democracia española en su mirada más conservadora, más burguesa, de democracia de propietarios. El día que se consiga por parte del republicanismo mayoría parlamentaria, el día que se consiga una mirada de izquierdas y sindical con mayoría parlamentaria, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional va a hacer lo mismo que ha hecho con los catalanes. Va criminalizar esos movimientos y va a intentar a los líderes de esas mayorías meterlos en la cárcel. En Cataluña eso ha pasado porque hay un 52% de la población que se declara independentista. Que hay prácticamente un 15% más que se declara soberanista.

Por tanto, hay una mayoría política y mayoría social que está por esa mirada. De ahí ha venido esa reacción furibunda. Pero repito, si mañana en el Congreso de los Diputados hay una mayoría republicana va a pasar exactamente lo mismo. Va a haber una reacción conservadora que va a utilizar todos los aparatos del Estado para acallar la voz de los republicanos y de la gente de izquierdas y no podremos decir que hay que renunciar a ser republicanos porque despertamos al fascismo. “Que los sindicatos no hagan huelgas generales, porque las huelgas generales despiertan al fascismo”. Yo creo que la izquierda española, no usaría en ese caso estos argumentos.

5. ¿Por qué utiliza esos argumentos en el caso de Cataluña?

Porque la izquierda española está presa del discurso de la derecha. Ha comprado una unidad de España conservadora que en muchos momentos dibuja bajo la bandera del centralismo, consignas progresistas o de izquierdas. En España no se puede ser de izquierdas y ser centralista. El centralismo es una concepción que ha sido defendida por la derecha y mediante el centralismo no llegarán las políticas progresistas. Creo que eso lo debe aprender la izquierda española. Se ha olvidado en buena medida a los pioneros del federalismo en España, que eran republicanos, que eran federalistas, que eran de izquierdas y que no tenían una visión centralista, sino una visión muy marcada por un estado plural y que la pluralidad era lo que permitía seguir siendo un Estado conjunto. El día que se intente imprimir un impulso centralista, posiblemente España acabará partiéndose.

6. ¿Hay una relación entre democracia y descentralización?

Es evidente porque la democracia española para que pueda ser democracia debe respetar, esa plurinacionalidad que está en la génesis de lo que somos. Negar eso no lo consiguió el liberalismo español del siglo XIX que intentó unificar el Estado de una forma centralista. No lo consiguió el franquismo y yo creo que no lo va a conseguir una visión uniformadora de la Constitución de 1978. Desde que los borbones llegan al trono con Felipe V, se ha intentado imponer en los últimos 300 años y no ha funcionado. Y es mejor que la izquierda española entienda que la colaboración y el trabajo conjunto con los pueblos que quieren autodeterminarse es lo único que en España concede una mayoría social y el intento de construir un Estado al servicio de las mayorías populares que es lo que estamos intentando desde hace ya mucho tiempo. No lo conseguirán ellos solos. Sánchez es presidente gracias a Bildu, a ERC y a otros. El día que ERC y Bildu no tenga la fuerza que tiene en el Congreso, posiblemente la que gobernará España sea la derecha. Por eso, o la izquierda española trabaja con esos movimientos soberanistas o no podrá gobernar. Y debe saber que si quiere gobernar no lo podrá hacer de una forma centralista, ignorando la plurinacionalidad. Es una pescadilla que se muerde la cola, pero precisamente es allí donde están las oportunidades.

7. Se suele comentar la banalización del lenguaje de la extrema derecha al referirse al movimiento soberanista o independentista como “golpistas”. Quizá sea un síntoma del auge de la extrema derecha a nivel nacional. Quería preguntarle sobre el movimiento independentista y la derecha en Cataluña.  

Ayer se publicaba un estudio del Periódico de Catalunya de un famoso sociólogo, Oriol Bartomeus, que explicaba que en los últimos 10 años ha habido una modificación profunda, política e ideológica del electorado catalán si comparamos al electorado catalán que permitió las mayorías de Jordi Pujol de 1980 hasta el año 2012, comparado con el período del año 2012 al 2021. En este sentido, ha habido un desplazamiento en Cataluña clarísimo hacia la izquierda y hacia el soberanismo. Y eso es un signo positivo del proceso. El proceso ha politizado y ha absorbido en Cataluña gran parte de las energías del 15M, algo que no ha pasado en ningún otro territorio del Estado español. También ha provocado que las opciones de derechas clásicas en Cataluña, Convergència Democràtica de Catalunya, Unió Democràtica de Catalunya o el Partido Popular, hoy sean inexistentes o se hayan empequeñecido en Cataluña de una forma asombrosa. Representan mucho menos votos, mucho menos escaños y muy poca influencia política. Eso no significa que no haya en el bloque independentista contradicciones. Claramente hay un independentismo de derechas y hay un independentismo de izquierdas. Pero, en general, todo el movimiento independentista ha virado hacia la izquierda. Y eso es un dato político. Nadie puede hacer política hoy en Cataluña sin ese dato. Y me atrevería decir que no se va a poder hacer política en España sin ese dato. Es un dato muy importante. Eso es algo positivo. Ahora bien, si seguimos presentando al soberanismo como el antiguo nacionalismo de Convergència i Unió, de derechas, conservador, elitista y, podríamos decir, un poco etnicista, que defiende una nación basada en una historia, en unas raíces, en una sangre. Hoy en Cataluña eso es absolutamente minoritario. No digo que no exista, pero es absolutamente minoritario. Y, por tanto, hay que tener en cuenta que el movimiento soberanista es un interlocutor por la izquierda, no por la derecha. Además, hay una parte también de la izquierda española que se ha quedado paralizada defendiendo que el derecho de autodeterminación y que el soberanismo es una ideología burguesa. Se equivocan radicalmente. Y creo que se le puede preguntar a los cubanos, o a otros movimientos revolucionarios en el mundo como los vietnamitas. Le pueden preguntar qué es el movimiento de liberación nacional. Que son movimientos progresistas basados en un sentido patriótico. Sí, patriótico. Pero a veces el patriotismo también es antiimperialismo y anti-opresión. Y una buena parte de los catalanes no aceptan el modelo constitucional del 78 porque lo ven opresivo para su deseo de libertad y para sus derechos nacionales. Y eso, de alguna forma, es una realidad política que no la defienden las grandes empresas y multinacionales catalanas. No la defiende la burguesía catalana, la gran burguesía catalana es aquella la cual llamaba al rey pasado en septiembre del 2017 para que sacasen sus sedes de Cataluña. La gran burguesía catalana, el círculo Ecuestre o la Patronal Foment del Treball hablan en Castellano en muchas ocasiones y no son independentistas. De hecho, han criticado el movimiento independentista a fondo. Actualmente, la base del movimiento independentista es de mediana y pequeña burguesía y una base también obrera. Creo recordar que hay una encuesta interna del sindicato de comisiones obreras donde casi la mitad de los sindicalistas de ese sindicato simpatizan con las ideas soberanistas e independentistas. Y estoy hablando del primer sindicato obrero en Cataluña. Así pues, es un movimiento muy transversal, popular, bien afincado en la clase trabajadora.

Hay que tener en cuenta ese giro hacia la izquierda. También hay combatir y evitar que ese movimiento pueda moverse hacia la derecha y abrazar posiciones excluyentes. Esa concepción debe ser desterrada, igual que la derecha española, durante mucho tiempo, ha colonizado a una parte de la izquierda española. Y la izquierda española debe librarse de esa tutela de la derecha. Eso ocurre en Cataluña y ocurre en Madrid. Y, evidentemente, si esa izquierda dialoga entre sí y se aleja de las derechas habrá puntos de colaboración ahora y en el futuro.

8. Quería pedirle si puede enviar un mensaje a la izquierda que quizá en algún momento ha abrazado doctrinas que no tienen lo suficientemente en cuenta la plurinacionalidad del Estado.

En primer lugar, un primer mensaje hacia los republicanos españoles. Estoy convencido de que la República española solo es posible hoy día si hablamos de Repúblicas. Significa que esa República tiene que tener una mirada muy distinta hacia los distintos pueblos que en el Estado español se quieren autodeterminar. No es posible pensar que la República española unitaria va a traer la solución a las demandas que hay en Cataluña, en Euskadi, Galicia o en Andalucía. Solo una mirada de Repúblicas y una mirada multipolar va a permitir que haya, porque yo la deseo, una República española. Pero al mismo tiempo, esa República española deberá admitir la posibilidad de Repúblicas en Cataluña, Galicia, Euskadi o en otros territorios en el Estado. Estas Repúblicas deben cooperar. Esa es una idea que ya viene de los años 30. En ese entonces, buena parte de la izquierda española y la izquierda catalana hablaba de Repúblicas Ibéricas, como un concepto de colaboración de distintos pueblos en un proyecto común, pero que este proyecto común no era unitarista ni era centralista y que se apoyaba mutuamente. Yo incluso le digo a los amigos independentistas que es mejor tener un vecino amigo, que no un vecino enemigo. Nos interesa un estado español. Incluso si uno es independentista, que no es mi caso, interesa un Estado español progresista y republicano. Igual que nos interesa una Italia o una Francia republicana porque siempre serán nuestros vecinos.  El miedo no va a permitir la unidad de España. Solo el amor va a permitir la unidad y hoy la unidad es colaboración, coordinación y todas las palabras que queramos añadir.

Vamos a un futuro distinto, pero yo deseo que sea un futuro conjunto. ¿Por qué? Porque hoy en día es imprescindible colaborar. Nadie quiere la autarquía. Absolutamente nadie. La autarquía no haría que viviésemos mejor, pero la colaboración no se puede establecer en base a un centro que manda y a unas periferias que obedecen. Solo una coordinación puede permitir un futuro de colaboración y evidentemente para que haya colaboración hay que darle la vuelta a la tortilla. Necesitamos Repúblicas. República española y República en otros pueblos porque eso sin duda servirá para que los trabajadores y las trabajadoras y las clases populares de todas esas naciones vivan mejor en una sociedad más libre y más justa.

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