viernes, 26abril, 2024
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En marcha la iniciativa por un millón de firmas para una ley europea por el derecho a la salud frente al beneficio privado en las vacunas contra la pandemia

Una de las impulsoras de la campaña “Right to Cure” es la diputada valenciana de Unidas Podemos, Rosa María Medel

María José Pintor
María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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análisis

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La campaña Right to Cure ya está en marcha en Europa para conseguir un millón de firmas que se presentarán en la Comisión Europea con el principal objetivo del desarrollo de una ley que defienda el derecho a la salud frente al beneficio privado en las vacunas contra la pandemia.

Una de las impulsoras de la iniciativa es la diputada valenciana de Unidas Podemos, Rosa María Medel.

Esta campaña de recogida de firmas, según recoge su página web, persigue, teniendo en cuenta el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 114, 118 y 168, que la  Comisión Europea desarrolle toda la legislación necesaria para garantizar que los derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes, no obstaculicen la accesibilidad o la disponibilidad de ninguna vacuna o tratamiento futuro de Covid-19.

Nueva ley

Además, el millón de firmas pretende conseguir una ley que garantice que la legislación de la UE sobre datos y exclusividad del mercado no limite la eficacia inmediata de las licencias obligatorias expedidas por los Estados miembros, así como introducir obligaciones legales para los beneficiarios de los fondos de la UE en relación con la transparencia de las contribuciones públicas, los costes de producción, así como cláusulas de accesibilidad y asequibilidad combinadas con licencias no exclusivas.

Tras el registro oficial de la iniciativa, los promotores de la campaña ya han comenzado en la web habilitada para la acción a la recogida de firmas necesarias que tienen que tener al menos un millón antes de un año de al menos 7 países miembros. 

Una vez conseguidas las firmas de apoyo, la Comisión dispone de seis meses de plazo para aceptarla y proponer la legislación oportuna o rechazarla

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