Desde el año 1982, el Tribunal de Cuentas se ha encargado de fiscalizar las cuentas de los partidos políticos en nuestro país. Este control se ha realizado a través del Departamento de Partidos Políticos mediante la fiscalización de la contabilidad anual de las diferentes fuerzas con representación parlamentaria que perciben subvenciones oficiales para gastos de funcionamiento y campañas electorales. Año tras año, el Tribunal de Cuentas ha ido elaborando sus informes periódicos anuales, en los que, también año tras año, ha ido detectando irregularidades en las cuentas de los partidos, de todos los partidos, de los grandes y de los pequeños, casi sin excepción.
Cualquier periodista que haya trabajado en la Sección de Tribunales y que haya husmeado en esos informes del tribunal sabe perfectamente que el cúmulo de defectos, chapuzas y basura que nuestras formaciones políticas han ido acumulando con el paso del tiempo da un material suficiente como para abrir cien causas judiciales. Facturas que no encajan, donaciones de particulares y empresas que no se justifican, libros de contabilidad que no cuadran y dinero que sobra o que falta, han estado presentes, a la orden del día, desde prácticamente los albores de la democracia. La ley de financiación de partidos políticos rara vez se ha cumplido a rajatabla, el sistema se ha mostrado laxo y permisivo con este grave problema, y la Justicia casi siempre ha hecho la vista gorda, salvo contadas excepciones, cuando el hedor de financiación ilegal era ya insoportable, véase el caso Filesa que salpicó al PSOE en su momento o la más reciente trama Gürtel que ha terminado por corroer los cimientos del PP.
En cada informe que confeccionaban, los fiscalizadores del Tribunal de Cuentas avisaban y daban la alerta de lo que estaba ocurriendo con la financiación de nuestros partidos pero allí nadie movía ficha. El balance llegaba a las altas instancias institucionales o judiciales y se archivaba o se metía en algún polvoriento cajón hasta el año siguiente. Las inspecciones brillaban por su ausencia y todo quedaba en un ligero tirón de orejas a los contables de los partidos para que se pusieran las pilas y arreglaran el desaguisado de alguna manera. Y así hemos ido tirando durante cuarenta años, sin que nadie se haya preocupado demasiado por el problema ni se haya tomado en serio que era necesario elaborar auditorías, abrir investigaciones en los juzgados de instrucción, movilizar en fin a la Guardia Civil para que metiera mano al asunto y limpiara a fondo las tuberías, cloacas y alcantarillas de los partidos políticos, por las que fluye demasiado alegremente el dinero de las donaciones y subvenciones para las diversas campañas electorales.
Toda esa laxitud y tibieza parece que ha cambiado de la noche a la mañana. Hoy mismo, nos desayunamos con una sorprendente noticia de la Cadena Ser que avanza que el Tribunal de Cuentas ha remitido a la Justicia ordinaria la contabilidad de Unidas Podemos correspondiente a las elecciones generales del 28 de abril de 2019, en particular la facturación de servicios con la consultora Neurona Consulting. La judicialización se produce después de que el fiscal, Miguel Ángel Torres Morato, aprecie dos tipos de delitos en los servicios facturados a Neurona (“al no estar suficientemente acreditado su elaboración por parte del proveedor”) y concluya que el contrato pudo ser simulado. El fiscal entiende que hay “hechos” que permiten fundamentar la existencia de indicios de la comisión de un delito de fraude electoral (artículo 149.1 de la LOREG) y otro de falsedad en documento mercantil (artículo 392.1 y 390.1 del Código Penal) y concluye: “Dado que este tribunal carece de competencias para el conocimiento de tales infracciones penales”, se pide que dichos pagos a Neurona se investiguen por la vía penal. Para el fiscal, los 290.000 euros facturados a esta sociedad en los comicios del 28A “no tienen consideración de gasto electoral” y, por tanto, no han sido admitidos como “susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales”.
Vaya por delante que cualquier actuación judicial para esclarecer hasta el último céntimo de las cuentas de los partidos debe ser bien recibida y un motivo de alegría y confianza en el sistema. Siempre es una buena noticia que se investigue un asunto supuestamente turbio hasta sus últimas consecuencias porque eso contribuye a la limpieza y regeneración de nuestra democracia. Serán los responsables de Unidas Podemos quienes tengan que dar las explicaciones oportunas. Pero llama poderosamente la atención que tras décadas de laxitud y relajación, y por qué no decirlo, de cierta desidia a la hora de arrojar luz y taquígrafos en las entrañas y sótanos de las formaciones políticas, al Tribunal de Cuentas le hayan entrado ahora las prisas por recurrir a la Fiscalía y por poner orden y control en la financiación de un partido en concreto: Unidas Podemos. Como también resulta curioso que la actuación del fiscal se inicie en este preciso momento, justo cuando el partido de Pablo Iglesias se encuentra inmerso en una investigación abierta por un juzgado de instrucción de Madrid tras la denuncia del abogado podemita despedido José Manuel Calvente. No pensemos mal, habrá sido simple casualidad.
La cuestión fundamental es que los patios traseros de nuestros partidos políticos, de todos los partidos, necesitan ser limpiados de una vez. Pero parece que, de nuevo, el sistema empieza por el más débil y molesto, por la siempre incómoda formación morada, a la que a menudo se suele calificar de revolucionaria, de antisistema y hasta de peligroso movimiento comunista que ha llegado para terminar con el Régimen del 78, con el libre mercado, con la propiedad privada, con los privilegios de las élites y con unas cuantas cosas más.
Nunca es tarde para empezar a movilizar recursos de Fiscalía y mirar con lupa los papeles y libros de contabilidad de los partidos. Lo lamentable es que sus señorías se muestren tan diligentes, avezadas y perspicaces a la hora de detectar una aguja en el pajar de Podemos, un contratito supuestamente simulado, mientras durante años millones de euros iban pasando ante sus narices, en tramas criminales y gigantescas perfectamente organizadas como el caso Gürtel, sin que nadie viera ni oliera nada raro. Cosas del extraño mundo cuántico en el que nos movemos.
Debe esclarecerse todo, lo sospechoso es el pasado y que de esas elecciones solo haya dudas en una factura de Podemos, ya cansa tanta insistencia en el mismo partido, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza.
Podrían mirar las cuentas del PP, con la misma minuciosidad, encontrarían lo que todos imaginamos, millones sin justificar y no hablemos de BOX, estos ya se pasan.
Todas y cada una de las instituciones del estado estan repletas de fascistas y lo penoso es que nadie hace nada para que las cosas cambien.¿Hasta cuando?
Sinceramente esto es culpa única y exclusivamente de los españolitos de a pie ya que, esta gentuza política y judicial llevan toda la democracia? engañándonos y todavía les seguimos votando. Se llevan el dinero de nuestros impuestos a manos llenas y encima si protestas un poco te mandan a la policía. O somos tontos los ciudadanos de este país o habrá que controlar las urnas de la votaciones.
Qué barbaridad!! No hay mejor defensa que un buen ataque. Los ladrones acusando contínuamente de irregularidades en sus cuentas a la gente decente. De ahí que la derechona tenga ese interés continuo de generar tanto ignorante. Le aporta grandes dividendos. Qué pena!!
Qué barbaridad!! No hay mejor defensa que un buen ataque, los ladrones de siempre acusando contínuamente de irregularidades en sus cuentas a la gente decente. De ahí, que a la derechona le interese tanto un pueblo inculto y lleno de ignorantes, pues le aporta grandes dividendos. Qué pena!!
Tribunal de cuentas pertenece a la misma mafia de delincuentes de las cloacas del estado además de burócratas incompetentes. Penosa herencia del franquismo, unos miserables