La portavoz adjunta del PSOE municipal, Mercedes González, ha instado al Ayuntamiento de Madrid a reclamar “sea quien sea quien gobierne” los más de 120 millones de euros de perjuicio patrimonial por la venta de casi 3.000 viviendas de la EMVS al ‘fondo buitre’ Fidere durante el mandato de Ana Botella.

Fidere, a su vez, era la sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone.

Con está resolución se  revierte el fallo inicial dictado el pasado 27 de diciembre, que cifraba en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la EMVS por entender que se hizo a un precio inferior al valor mínimo posible.

Esta petición se ha producido después de saber que el Tribunal de Cuentas ha revocado la condena a la ex alcaldesa de Madrid y a los que fueron concejales en su equipo de gobierno, un fallo que revierte el dictado el 27 de diciembre.

“Es una sentencia esperada”, ha indicado González, porque la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas la preside la ex ministra de Aznar, Margarita Mariscal de Gante y “creemos que debería haberse abstenido de participar en la deliberación y fallo por su reconocida amistad con Manuel Aznar, consejero del Tribunal y cuñado de la ex regidora del PP, Ana Botella”.

Mercedes González ha insistido en que los hechos probados por la Sentencia de Instancia –que declaraban el alcance contable y el perjuicio patrimonial causado a la Empresa Municipal de la Vivienda- “son incontestables”.

“Por eso lo que pedimos a la EMVS y a la Fiscalía es que recurran al Tribunal Supremo para que este, como máxime garante de nuestro sistema de derecho, se pronuncie en casación de manera firme”, ha finalizado.

“Es una sentencia esperada” porque la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas la preside la ex ministra de Aznar”

La resolución ha sido aprobada por dos votos contra uno de los tres miembros de la sala. Los dos consejeros que han votado a favor de la absolución son Margarita Mariscal de Gante —exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella— y José Manuel Suárez Robledano. Ambos nombrados consejeros del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. También nombró consejero a Manuel Aznar, cuñado de Botella y muy amigo de Mariscal de Gante.

El auto entiende que Botella y su equipo “no intervinieron directamente en las operaciones” de venta de los inmuebles, que fueron gestionadas y verificadas por el exconsejero delegado (en alusión a Fermín Oslé).

“La conducta desplegada por los antiguos miembros de la Junta de Gobierno municipal (y de la Junta General de Accionistas) en los hechos objeto de las actuaciones no fue la causa directa de que se produjera el perjuicio a los fondos municipales”.

“Por ello, su cualidad de personas legitimadas pasivamente para imputarles, en este procedimiento de reintegro por alcance, una responsabilidad contable directa, no se ha producido en este caso sometido a enjuiciamiento”, colige el fallo.

Apunta a que la consejera de primera instancia “ha deslizado afirmaciones que no se atienen a la obligada descripción de los hechos relevantes para su subsunción en las normas jurídicas aplicables”.

Voto particular

El consejero Felipe García ha emitido un voto particular discrepante sobre la venta de estas 1.860 viviendas en el que escribe que para “fijar el precio se debió contar con al menos tres tasaciones porque ve la inexistencia de un precio fundado y falto de tasación”.

Entiende que “sí existió responsabilidad contable en esta operación” y que Botella, aunque no participase directamente en la decisión, “era la máxima responsable de la EMVS y no fue ajena al acuerdo de enajenación de esas viviendas protegidas”.

“Por su reconocida amistad con Manuel Aznar, consejero del Tribunal y cuñado de la ex regidora del PP, Ana Botella”

Cree que había otras alternativas a la enajenación de los pisos, “como aplicar criterios profesionales en la gestión de la EMVS” o la inyección de capital por parte del Consistorio para reequilibrar sus cuentas.

“La operación fue lesiva para el colectivo ocupante», desgrana el consejero, para añadir que la transacción no consideró «adecuadamente a un colectivo especialmente vulnerable y resultó dañosa para sus intereses y para el derechos a obtener una vivienda digna”.

También considera que dada la envergadura de la operación, “debieron realizarse varias tasaciones, y no solo la que figura en el expediente”. Y argumenta que, “si bien es difícil dictaminar si el precio global de las viviendas se ajustó o no a los de mercado, existe una clara responsabilidad contable en el descuento de algo más de dos millones que el Ayuntamiento rebajó del precio final a última hora”.

“Este descuento se hizo sin ninguna justificación ni motivación”, expone García en su voto particular. Observa responsabilidad contable en otra rebaja «injustificada de algo más de un millón de euros que hizo la EMVS a los fondos buitre por la venta, a un precio inferior al que constaba en el catastro”, de otra partida de 34 casas, estas de precio libre.

Los condenados en la primera sentencia y ahora absueltos son, Ana Botella, alcaldesa de Madrid en 2012; Fermín Oslé, consejero delegado de la EMVS; Concepción Dancausa (que luego fue delegada del Gobierno en Madrid), Paz González, Enrique Núñez y Diego Sanjuanbenito, miembros del equipo de Botella que estaban en la Junta de Accionistas de la EMVS; y Dolores Navarro y Pedro del Corral, ex altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid vinculados a la EMVS acusados de negligencia grave por permitir la venta de las viviendas.

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