El Tribunal Supremo ha empezado a afinarle el problema judicial al rey emérito. Ayer, la Sala de vacaciones de este órgano judicial rechazaba la adopción de medidas cautelares como la retirada de pasaporte contra Juan Carlos I y recordaba que el exmonarca, de momento, no está investigado por nada. Llama la atención que a estas alturas, y con la que está cayendo, los magistrados del Alto Tribunal consideren que el ex jefe de Estado es un hombre limpio de polvo y paja. En Suiza, el fiscal Yves Bertossa tiene en su despacho una montaña de papeles, documentos y pruebas sobre las supuestas relaciones entre el emérito, Corinna Larsen y los asesores de millonarios y grandes fortunas Dante Canonica y Arturo Fasana. Sin embargo, para la Justicia española todo ese novelón plagado de testaferros, cuentas opacas, paraísos fiscales y sociedades interpuestas no es prueba suficiente para dictar medidas cautelares contra el que fue gran patriarca de la Transición.
Según informa Europa Press tras acceder a la providencia firmada por el presidente de la Sala, Francisco Marín, el Supremo desestima las peticiones de Òmnium Cultural alegando que el sistema procesal español no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado, como es el caso de Juan Carlos I. Ómnium había interpuesto el martes −un día después de conocerse que el emérito había decidido fijar su residencia fuera de España− un escrito para que se tomasen “ciertas medidas”, dado que la Fiscalía está investigando si Don Juan Carlos habría cometido delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Así, la entidad que dirige Jordi Cuixart, uno de los líderes soberanistas condenados por sedición tras promover el referéndum del 1-O en Cataluña, había solicitado al Supremo que citara a declarar a Juan Carlos I en calidad de investigado y en caso de no comparecer, “dictar orden internacional de detención”. También había solicitado que, como quiera que actualmente se desconoce el paradero del monarca emérito, se ordenara la retirada de su pasaporte y se dictara prohibición de salida de territorio nacional, para el caso de que el rey aún estuviera en España.
Estas medidas reclamadas por Òmnium Cultural, que han sido rechazadas un día después de registrarse, se unen a la querella que la entidad presentó hace un mes, también en el Supremo, contra Juan Carlos I por presuntos delitos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal. En la querella, Òmnium pide que se investigue la procedencia de la “fortuna” de Don Juan Carlos en posibles cuentas en el extranjero y que se requiera a Suiza el bloqueo de las citadas cuentas en ese país porque hay “indicios suficientes para iniciar una investigación por corrupción” y porque la Fiscalía helvética también está indagando al respecto. Esta querella fue registrada en el Tribunal Supremo el pasado 3 de julio y la Sala de lo Penal, que preside el magistrado Manuel Marchena, aún no se ha pronunciado al respecto.
Es evidente que, con esta decisión, el Supremo trata de ganar tiempo mientras la Fiscalía, encargada del caso de las comisiones del AVE a la Meca, traduce al español toda la documentación remitida en francés por el fiscal Bertossa. Sin embargo, llama la atención que alguien sobre el que pesan sospechas tan graves como el blanqueo de capitales y la creación de un supuesto entramado de empresas a nivel internacional pueda moverse con entera libertad por el mundo, sin que la Justicia española tome cartas en el asunto. Una vez que los fiscales tienen ya en su poder el dosier de Bertossa es obvio que la investigación está en marcha y se deben en poner en juego todos los mecanismos legales para impedir que el delito se siga cometiendo.
La querella de Òmnium Cultural (abocada al fracaso de antemano, tal como los propios abogados de la organización catalanista sospechaban) no tenía otro objetivo que dejar en evidencia la tolerancia reverencial que el sistema judicial español tiene respecto a todo lo que tenga que ver con el rey emérito. Con su decisión de no dictar medidas cautelares, el Supremo queda en entredicho, ya que cabe preguntarse si los magistrados habrían actuado con la misma condescendencia con cualquier otra persona investigada por los fiscales suizos. A buen seguro que si el personaje en cuestión fuese un peligroso delincuente internacional, ya se habrían adoptado todas las medidas cautelares oportunas.
Además, la colaboración judicial entre estados no solo es recomendable sino que en ocasiones, como es este caso, resulta obligatoria. Una vez más, la pesada sombra de la inviolabilidad del rey consagrada en el artículo 56 de la Constitución ha hecho temblar a la cúpula judicial de nuestro país, que ahora se enfrenta a una bola nieve (el escándalo de las cuentas del rey emérito) que cada día crece y se hace más y más grande.
