Los cimientos de nuestro estado de derecho han sufrido un terremoto de magnitud incalculable. La trama de espionaje más extravagante de la reciente historia contemporánea ha provocado un seísmo a todos los niveles del Estado. No se salva nadie. Ni tan solo el poder judicial, quien más allá de haber sido señalado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como el autorizante del espionaje, tendrá que resignarse a admitir que en el juicio del procés no hubo igualdad de armas entre acusaciones y defensas.
El abogado del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, Andreu van den Eynde, aparece en la lista de espiados. Y en este contexto no puedo sino remitirme al código deontológico que rige el ejercicio de la abogacía cuya inobservancia puede conllevar la imposición de gravosas sanciones. De entre los principios más elementales que rigen el ejercicio de la profesión se encuentra el deber de confidencialidad y el de secreto profesional. Y la pregunta que me hago, y que muchos de ustedes se plantearán, es qué sucede cuando un letrado es espiado sin su conocimiento en el seno de una causa judicial.
La respuesta es bastante sencilla. No entiende de colores ni de partidos. Sólo de lógica. Y esta lógica queda todavía más patente cuando hablamos del juicio del procés, en cuyo bando acusatorio se encontraba el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la acción popular ejercida por VOX.
Antes de continuar, debo recordar que el Ministerio Fiscal, aun teniendo autonomía funcional y no estar jerarquizado al poder ejecutivo, tiene en la cúspide de su sistema al Fiscal General del Estado que es escogido por el Presidente del Gobierno y puede dar órdenes e instrucciones de actuación a los fiscales jerárquicamente dependientes. Por otro lado, la Abogacía del Estado está integrada orgánicamente como una subsecretaria dentro del Ministerio de Justicia.
De alcanzarse la convicción de que el Gobierno conocía el contenido de las escuchas intervenidas por el software Pegasus, concluiríamos que en el juicio del procés se ha vulnerado el derecho de defensa del condenado Oriol Junqueras habida cuenta que dos de las tres acusaciones personadas pudieron escuchar las conversaciones entre el exvicepresidente y su letrado, conociendo la estrategia defensiva que éstos iban a emprender para preservar el derecho a la presunción de inocencia frente a la incriminación de las acusaciones.
No sería inocuo pensar que las defensas de los líderes independentistas acudieran al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como paso previo necesario para solicitar la revisión de la sentencia condenatoria del Alto Tribunal español por afección del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa.
El Tribunal Supremo aguarda expectante el devenir de los acontecimientos. Y no es para menos, puesto que podría verse obligado a declarar la nulidad de las actuaciones, con la consiguiente indemnización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los condenados por haberlos mantenido privados de libertad.
Este episodio, sin embargo, todavía es difuso. Pocas son las voces que se han pronunciado acerca de este particular. No obstante, lo que sí que es evidente es el papel del ejecutivo de Pedro Sánchez: condena rotundamente el espionaje y declara desconocerlo por completo. No así su Ministra de Defensa, quién afeó hace quince días en la sesión de control al gobierno que era la única vía que el proyecto rupturista catalán dejaba para preservar la unidad del Estado.
Nuestro sistema político y democrático vive las horas más amargas de su historia. El poder legislativo se encuentra bloqueado para llevar a cabo tramitaciones parlamentarias dada cuenta que no existe un clima de negociación ni de confianza óptimo para el entendimiento. El poder judicial está a las puertas de un nuevo revés en el que se le pedirá la nulidad del juicio del procés. Y tanto el ejecutivo español como el catalán se hallan extinguidos por falta de confianza de las cámaras. Uno porque siendo el gobierno más progresista de la historia ha permitido la trama de espionaje más espeluznante del último tiempo. Otro porque sin sus abstenciones el primero no habría llegado al gobierno.
¡Que no nos engañen! No ha existido ninguna autorización judicial para proceder a la instalación del software Pegasus. Y no ha existido porque en nuestro estado de derecho no existe resquicio para su legalidad. En España se interceptan las comunicaciones mediante una autorización judicial, avalada por el CGPJ, que se remite a la operadora para que intercepte una determinada comunicación. ¡No para todas! ¡Y tampoco con un software!
Que el CNI espíe a sediciosos, delincuentes, y colaboradores (aunque estos sean abogados), con permiso judicial, para evitar un golpe de estado (lo volveremos a hacer) lo entiende cualquier demócrata de España y de cualquier país del mundo.
Sr Ortiz, a lo mejor un dia a usted le acusan de sedicioso o delincuente o colaborador, por que quizás su nombre aparece en algun mensaje sin ninguna relación con el caso y le espían a usted y a su abogado i le meten en la carcel sin ninguna garantia legal, i además se saltan todos los procedimientos judiciales que estos mismos jueces han escrito…
Puede que entonces piense que quizás España no es un estado de derecho como ellos lo llaman.
Ortiz.Creo que no estamos de acuerdo, Sr. Ortiz. Actuando como delincuente no se puede juzgar a alguien que: Puede ser o no delincuente. Traicionar sus propias leyes, no perece ser muy democrático. Partiendo del juicio del nada «emérito» Se puede deducir que la mentira, el apaño y la indecencia de nuestras, poco fiables, instituciones coronadas o no, todo es una farsa mediocre para mantener el franquismo. Nos mintieron desde el inicio de la «pseudo democracia» Nos clavaron un régimen del 78 para perpetuarse en el poder y justificar el genocidio franquista. Los catalanes no hicieron eso.
Remigio los golpistas atentaron contra la democracia y el estado de derecho utilizando las instituciones catalanas, traspasando todas las línea rojas que una democracia puede aceptar.
Los golpistas hicieron lo más deleznable que se puede hacer a una sociedad; ponerla al borde de una guerra civil (lo del apoyo de los rusos no era ninguna broma). En ese contexto y en el de «lo volveremos a hacer» el de llevarnos a un enfrentamiento, está más que justificado el espionaje. ¿Qué debemos hacer esperar a terminar como Ucrania?
Sobre la Constitución del 78 decirle que contó con el consenso de todas las fuerzas políticas mayoritarias del momento; nacionalistas y comunistas incluidos, y fue aprobada con 88% de los votos de los españoles.
Nadie nos «clavó» ningún régimen.
Sr. Ortiz, deje de elucubrar, no hay rusos, y si, lo mejor es declarar la independencia y salir de este estado nefasto que se llama España. Se puede quedar con toda la màfia de PPSOE y VOX i C’s, para vd solo.