El sector conservador de la Fiscalía española reprueba la Ley de Memoria Histórica que prepara el Gobierno de coalición. Una de tres: o sus señorías del Ministerio Público no hicieron la Transición o no asistieron a los cursillos sobre negacionismo del holocausto nazi que promueve Europa cada cierto tiempo o son los hijos y herederos de aquellos que antaño medraron a la sombra de la dictadura y temen perder sus privilegios. También cabe la posibilidad de que sean trumpistas de nuevo cuño de la corriente Ayuso, gente que pese a su preparación jurídica e intelectual se ha tragado que estamos inmersos en una “batalla cultural” entre comunismo y libertad, que todo puede ser.
El caso es que el búnker de la Fiscalía, la Justicia profunda o Deep Judicatura, ha trabajado en las últimas horas y ha votado no a una ley que solo pretende restaurar la dignidad de cientos de miles de fusilados y represaliados por defender la libertad de verdad, la libertad auténtica contra el fascismo real, no esa mamarrachada cursi y pija que se ha inventado IDA y que consiste en querer salir de tapas y cañas por Malasaña para agarrarse un buen colocón. Que el pueblo llano y desinformado se acabe tragando la gallofa ayusista tiene un pase, pero que juristas con cientos de libros a sus espaldas entren en el revisionismo guerracivilista promovido por Vox resulta harto preocupante.
La ley era sometida a debate del Consejo Fiscal, que finalmente ha aprobado un informe favorable por seis votos a favor contra cinco. El duelo ha estado reñido. No ha habido balas y facas, como en el episodio de los correos amenazantes contra políticos, pero casi. Finalmente, se ha impuesto el bloque progresista del Ministerio Público y el dosier favorable al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática ha salido adelante, según informan las agencias de noticias. En la batalla interna ha resultado decisivo el voto de la fiscal general, Dolores Delgado, cuyo pulgar hacia arriba ha sido determinante para superar el empate entre ambos clanes. Mañana Federico y Herrera darán buena cuenta de ella en sus antenas cavernosas. A Delgado las derechas le pusieron la diana cuando fue designada para desempeñar el máximo cargo del Ministerio Público y se la tienen jurada. Su voto a favor de la ley de memoria será la excusa perfecta para tildarla de lacaya del Gobierno, roja republicana, anticonstitucional y separatista. De ahí para arriba.
Pero mientras las derechas dan el siguiente paso contra la Ley de Memoria, la votación del Consejo Fiscal permite concluir que la polarización no solo está en la calle y en las instituciones políticas, sino también en el mundo de la judicatura, donde se mueven hilos invisibles que los ciudadanos no ven. En la cúpula de nuestro poder judicial, en este caso de la Fiscalía, hay también una batalla soterrada, crispada, a cara de perro.
Los vocales de la Asociación de Fiscales, conservadora y mayoritaria en la carrera, han presentado un texto alternativo que pone serios reparos a la ley de Carmen Calvo. Por su parte, la iniciativa ha recibido el apoyo de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales y del jefe de la Inspección Fiscal (miembro nato), además de Delgado, que ha desequilibrado la balanza.
Los detractores alegan motivos formales como la indefinición de la norma sobre la labor que tendrán que desempeñar los fiscales a la hora de aplicar el futuro texto legal, ya que “no queda muy claro si tendrán una función tuitiva (de amparo a las víctimas), supervisión de organismos públicos o de tipo penal”, según fuentes de esta asociación. Es decir, para estos fiscales la reparación moral de la memoria de miles de represaliados y exiliados no es lo importante, sino si ellos van a tener que hacerse cargo de tal o cual negociado, trabajando los fines de semana. Si tal coartada no es un boicot en toda regla se parece mucho.
El búnker no ha tenido para nada en cuenta aspectos tan moralmente loables de la ley como la abolición de las fundaciones que hacen apología del franquismo; la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; o la exhumación de fosas comunes sufragada con fondos públicos, además de la resignificación del Valle de los Caídos, de donde saldrán definitivamente los guardianes falangistas benedictinos. Por lo visto, toda esa tarea de adaptación de España a una realidad auténticamente democrática y homologada a las legislaciones de otros países que como Alemania o Italia ya acometieron hace décadas la labor de desnazificación tras la Segunda Guerra Mundial tampoco gusta a los togados conservadores de la Fiscalía española, que quizá hicieron novillos en la Facultad de Derecho cuando se impartió la clase de historia sobre los juicios de Núremberg.
La mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales es la misma que ya manifestó duras críticas a la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado e incluso llegó a decir que su designación probaba que el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez pretende tener “sometido” al Ministerio Público. Hasta los llamados moderados de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria calificó de “insólito y lesivo” el nombramiento de la ex ministra de Justicia y advirtió de que su elección destruía “toda apariencia de imparcialidad” en las futuras decisiones de la Fiscalía.
Ruido de sables en los cuarteles, ruido de sables en el Parlamento y ruido de sables también en la Administración de Justicia. Está visto que el estamento conservador de la judicatura va a plantar dura batalla, incompresiblemente, contra una ley que dignifica a nuestro país, profundiza en los valores democráticos y restaña moralmente el terrible genocidio cometido por Franco durante cuarenta años de cruel dictadura.
