Andrea Orcel ha acusado al Santander de presentar pruebas manipuladas en su contestación a la demanda interpuesta por aquél, según publicó el diario Vozpópuli. El banquero italiano, cuya contratación fue anunciada a bombo y platillo, con publicación en la CNMV de hecho relevante incluida, por la entidad presidida por Ana Patricia Botín, ha indicado que se han presentado tres correos electrónicos que omiten datos importantes para la causa que tiene abierta por su no incorporación al banco cántabro como Consejero Delegado.

Sin embargo, esta no es la primera vez en que el Santander es puesto en duda respecto a la manipulación de documentos, puesto que en el caso de las cesiones de crédito este era uno de los puntos en que se imputaba la comisión de delitos.

Recordemos algunos aspectos. El informe Fraud Report publicado por el Financial Times en noviembre de 1999 afirmaba, entre otras cosas lo siguiente: «El presidente del banco, Emilio Botín, cuando compareció ante un magistrado en junio de 1992, fue acusado de defraudar a la Hacienda española en 100.000 millones de pesetas. Manteniendo depósitos fuera del balance y reduciendo su coeficiente de caja, el Santander pudo constituir un importe menor de reservas obligatorias (hasta el 25% del total) para el Banco de España, el cual pagaba intereses miserables. El esquema llevaba consigo nuevas prácticas ilegales y carentes de ética. Entre 1986 y 1990, el Santander adjudicó 42.774 créditos a falsos prestatarios, creados a partir de gente fallecida, identidades imaginarias y alias. El esquema estaba basado en un apirámide y con tantos intermediarios que hacía su detección casi imposible. No menos de 435.000 millones de pesetas de dinero negro vinieron por este sistema de inversores reales a los que se ofrecía un 15% de interés».

Durante seis años el Santander comercializó la cesión de crédito con un valor global de 432.965 millones de pesetas. El informe pericial solicitado por el juez instructor de la causa más de 9.500 de esas operaciones fueron calificadas de titular «discrepante» por haberse empleado titularidades falsas para formalizar las cesiones: personas que desconocían la operación o que habían fallecido.

Según publicó El País un informe pericial de Hacienda sostenía que el «Santander comercializó este producto financiero a finales de los ochenta mediante la utilización de titularidades falsas con fines de elusión fiscal y con la implicación de la cúpula directiva […] el informe pericial alude a los “quebraderos de cabeza” sufridos por la asesoría fiscal del banco por “titulares declarados que se niegan a aparecer como tales, fallecidos, contratos que no aparecen o que no están firmados”».

El mismo diario afirmaba que el Santander siempre mantuvo «que las cesiones se diseñaron y comercializaron al margen de su cúpula directiva. El informe pericial destaca, sin embargo, la existencia de una circular interna (marzo de 1988) que informa de la “puesta en práctica” de este producto (las cesiones) para “atender a determinado segmento de nuestra clientela actual y potencial, con la ventaja de que no tiene retención del 20% y, por tanto, sin obligación de información global a Hacienda». Sin embargo, el informe pericial de la Agencia Tributaria señalaba la importancia de una nota de Rodrigo Echenique a los jefes de organización, con instrucciones «a fin de hacer imposible o dificultar al máximo el seguimiento de las operaciones».

En un auto de la jueza María Teresa Palacios se afirmaba que los inspectores de Hacienda detectaron en diferentes sucursales y en la central del banco cántabro que «disponían de antecedentes documentales e informáticos de esa información que decían carecer, ante lo que el banco, que había asegurado a los clientes la opacidad del capital invertido, les sugirió la posibilidad… de valerse de testaferros, siendo facilitados algunos por los propios clientes, pero otros por el banco, y en varios casos sin conocimiento de éstos […] en el mes de enero de 1990, con esa información inauténtica que el banco remitió a Hacienda, los inspectores citaron a los que aparecían como titulares de los CNPC en diferentes provincias, revelándose que un 34% de aquéllos eran los testaferros (más de 1.000 datos inveraces distribuidos por toda España), de los que unos eran familiares, empleados o socios de los titulares o sin otro vínculo que obtener una contraprestación económica, y, otro grupo, personas que, sin su anuencia y en una absoluta ignorancia, aparecían en lugar del titular, viéndose sometidos al requerimiento de la Hacienda Pública… inclusive a soportar la publicidad del hecho y de su identidad en rotativos de ámbito nacional por utilizar sus datos el banco».

Por tanto, lo que denuncia Andrea Orcel no es nuevo para el Santander. Lo sucedido en el mayor escándalo judicial de la historia de España, las cesiones de crédito cuyo final fue la Doctrina Botín, es una muestra de que podría verse como un presunto patrón de comportamiento de la entidad presidida por Ana Patricia Botín.

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