Tal vez avergonzadas por su espeso silencio, o por las continuas cortinas de humo que lanzan o las sandeces en las que centran su atención, la inmensa mayoría de la prensa española y el grueso de la clase política han pasado de puntillas y deprisa y corriendo por el informe que Philip Alston, relator de la ONU sobre derechos humanos, ha realizado sobre la situación social en la que se encuentra nuestro país.

El informe del relator de Naciones Unidas ha sido demoledor, aunque la situación que refleja es conocida. Según cuenta Alston, el 55 % de los españoles, es decir 26 millones de personas, tienen dificultades para llegar a fin de mes. 2,6 millones de conciudadanos, el 5,4 % de la población de nuestro país, sufren así mismo privación material severa. Y el 26, 1% de la población española y el 29,5 % de los niños, es decir casi uno de cada tres, se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social.

Las palabras del representante de las Organización de Naciones Unidas reflejan un panorama desolador y devastado. Según ha declarado Philip Alston, “he visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país, barrios pobres ‘con condiciones mucho peores que cualquier campamento de refugiados’”. Alston al mismo tiempo ha asegurado “que la recuperación tras la recesión solo ha beneficiado a las grandes empresas y a los ricos”. Tal vez por ello, y por la actuación de las nefastas élites españolas, la expresión que más ha escuchado el relator de la ONU en los lugares de España que ha visitado ha sido “nos sentimos abandonados”. Algo que cobra su total sentido a través de un panorama en el que entre el año 2007 y 2017 los ingresos del 1 % más rico crecieron un 24 %, mientras que para el 90 % del grueso de los españoles subieron apenas un 2 %. De un panorama en el que en plena Crisis el gobierno español optó por recaudar un 5 % menos de impuestos que cualquier gobierno europeo, y en el que los grandes beneficiarios fueron los miembros de ese 1 % más rico.

Esta es la situación en la que se encuentra España, un país rico según la ONU pero donde muchos son pobres. Un país, el nuestro, con un 14 % de paro, el doble de la media de la UE, con precariedad y subempleo, con una realidad en la que, según Cáritas y el propio informe FOESSA, “el empleo no garantiza la integración social”, y donde la tasa de cobertura de las políticas sociales ha pasado del 74 % en el 2008 al 56 % actual. Un país, España, donde 7.000 personas mueren al año por la llamada pobreza energética, donde hay jubilados que tienen que elegir entre comer o poder pagar las medicinas, un país con una segregación escolar rampante. Un país donde todas estas cosas se traducen en personas con nombres y apellidos, personas que son cuidadosamente ocultadas por unos medios de comunicación que prefieren hablar de PINes, de Venezuelas o de Procesos, por no hablar de otras cosas, y en el que las élites se ríen descaradamente de nosotros.

La ONU, su relator, ha puesto a España ante su espejo. Tal vez por ello, aquellos que tienen especial interés en deformar la realidad, en acallar los problemas, han pasado rápidamente página. No sea que alguna vez los españoles optemos por aguarles la fiesta en la que viven. A costa nuestra, por cierto.

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