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El presupuesto del Ministerio de Trabajo permitirá reforzar las políticas de empleo post-Covid

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) aumenta un 2,5% y permite mejorar la calidad de la protección a las personas trabajadoras

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, compareció ayer en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para desgranar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 correspondientes a su departamento. Estas cuentas permitirán reforzar las políticas de empleo post-Covid.

Evolución positiva del paro

El presupuesto del Ministerio de Trabajo y Economía Social para 2022 es de 30.142 millones de euros. Respecto al año 2021, y gracias a la evolución positiva del paro, requerirá de 2.478 (-7,6%) millones de euros menos que en 2021 ya que disminuye el gasto en prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que no requerirá los recursos extraordinarios que permitieron en 2021 y 2022 hacer frente a los cuantiosos efectos de la pandemia en el ámbito laboral. El resto de las partidas se incrementan en un total de 599 millones de euros.

“El proyecto de presupuestos para el Ministerio de Trabajo y Economía Social para el ejercicio de 2022 supone reforzar el salto tanto cuantitativo como cualitativo que iniciamos con los Presupuestos Generales del Estado en 2021 en el conjunto de las políticas de empleo”, ha señalado Joaquín Pérez Rey en su intervención.

Objetivos para el 2022

En este sentido, los presupuestos están diseñados para responder a seis objetivos fundamentales:

El primero: Desplegar unas Políticas Activas de Empleo (PAE) para generar trabajo de calidad. El segundo punto: contribuir a la reactivación económica y a la transformación verde, digital y social. En tercer lugar: mejorar el sistema de protección por desempleo. El cuarto punto: reforzar la protección de la salud laboral. El quinto objetivo: articular una auténtica política pública de Economía Social y por último y no menos importante: combatir las desigualdades y brechas en el ámbito laboral.

Gasto en prestaciones

Los presupuestos, a tenor de la evolución positiva del empleo en los últimos meses, no requieren del mismo nivel gasto en prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que el exigido en los anteriores presupuestos.

El presupuesto de 2022 destina 22.093 millones de euros a la protección de las personas en desempleo, sumando en este epígrafe tanto las prestaciones contributivas como las asistenciales.

El descenso en las necesidades de gasto se une a una mejora de los ingresos gracias a la aportación de un mayor número de personas trabajadoras que permitirá mejorar la capacidad de autofinanciación y reducir la contribución del estado destinada a prestaciones la cuarta parte del ejercicio de 2021.

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha comparecido en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para informar los temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 correspondientes a su departamento.

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

El presupuesto del Ministerio de Trabajo y Economía Social para 2022 es de 30.142 millones de euros. Respecto al año 2021, y gracias a la evolución positiva del paro, requerirá de 2.478 (-7,6%) millones de euros menos que en 2021 ya que disminuye el gasto en prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que no requerirá los recursos extraordinarios que permitieron en 2021 y 2022 hacer frente a los cuantiosos efectos de la pandemia en el ámbito laboral. El resto de partidas se incrementan en un total de 599 millones de euros.

“El proyecto de presupuestos para el Ministerio de Trabajo y Economía Social para el ejercicio de 2022 supone reforzar el salto tanto cuantitativo como cualitativo que iniciamos con los Presupuestos Generales del Estado en 2021 en el conjunto de las políticas de empleo”, ha señalado Joaquín Pérez Rey en su intervención.

En este sentido, los presupuestos están diseñados para responder a seis objetivos fundamentales: desplegar unas Políticas Activas de Empleo (PAE) para generar trabajo de calidad; contribuir a la reactivación económica y a la transformación verde, digital y social; mejorar el sistema de protección por desempleo; reforzar la protección de la salud laboral; articular una auténtica política pública de Economía Social y combatir las desigualdades y brechas en el ámbito laboral.

Gasto en prestaciones

Los presupuestos, a tenor de la evolución positiva del empleo en los últimos meses, no requieren del mismo nivel gasto en prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que el exigido en los anteriores presupuestos.

El presupuesto de 2022 destina 22.093 millones de euros a la protección de las personas en desempleo, sumando en este epígrafe tanto las prestaciones contributivas como las asistenciales.

El descenso en las necesidades de gasto se une a una mejora de los ingresos gracias a la aportación de un mayor número de personas trabajadoras que permitirá mejorar la capacidad de autofinanciación y reducir la contribución del estado destinada a prestaciones la cuarta parte del ejercicio de 2021.

En 2022 aumentan los recursos que se destinan a prestaciones asistenciales, lo que permitirá dar cobertura a las personas que más lo necesitan.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recibirá un total de 29.121 millones de euros y aumentará los recursos destinados a personal en un 3,65%. También crecerán un 29,73% las inversiones en digitalización para poder atender las necesidades de este organismo esencial para la protección social que afronta una transformación integral.


El programa destinado a los servicios públicos de empleo cuenta con su mayor aportación histórica, de un total de 92 (+4,5%) millones de euros.

Políticas Activas de Empleo

La otra gran partida, la destinada a financiar las Políticas Activas de Empleo (PAE) mantiene sus recursos. Se destinan 6.480 millones de euros a este concepto en los presupuestos de 2022. Es un aumento del 0,2% respecto a 2021, un ejercicio en el que se produjo un incremento extraordinario del 35,7% en los recursos de las políticas activas, una palanca imprescindible en la apuesta por la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras y por la mejora del empleo.

Formación profesional para el empleo

Hay que señalar que estas políticas contarán con 1.055 millones de euros más, destinados a la formación profesional para el empleo. En conjunto, los 7.535 millones de euros suponen la mayor dotación para financiar políticas activas en toda la historia.

Las comunidades autónomas podrán disponer de unos recursos similares a los del ejercicio anterior para poner en marcha sus programas.

El SEPE gestionará, adicionalmente, 63,3 millones de euros dentro del Plan Nacional de Competencias digitales para adecuar y hacer avanzar las competencias digitales y adaptarlas a las demandas del mercado laboral.

Mayor calidad de la protección

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) se revaloriza por segunda vez en lo que va de legislatura en un 2,5% que se sumará a la anterior subida del 5%. En los dos últimos años, este indicador se ha incrementado en 41 euros.

Previamente, esta referencia no se incrementaba desde 2017 y permaneció prácticamente congelada entre los años 2011 y 2017.

Mejora de partidas presupuestarias

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social incrementa sus recursos el 12,52%, lo que permite elevar su presupuesto hasta los 197,81 millones desde los 175,80 millones de dotación del presupuesto de 2021, el primero desde su nacimiento.

Se incrementa en 23,22 millones de euros la dotación de personal, eje prioritario para reforzar la Inspección.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) lo hace el 1,25%, hasta los 42,2 millones de euros, reflejo del interés por garantizar los derechos de las personas trabajadoras, especialmente en los entornos de más riesgo. En este marco, se potenciará el trabajo del Laboratorio de ensayo del Centro Nacional de Medios de Protección.

El Consejo Económico y Social (CES) aumenta su dotación un 1,8%, hasta los 8,91 millones de euros.

Fondo de Garantía Salarial

Se mantiene prácticamente igual la dotación del Fondo de Garantía Salarial, con 830,2 millones de euros. Un 96% de sus recursos están destinados al pago de prestaciones y no se prevé que un incremento de la quiebra empresarial requiera de más crédito.

Economía social

El Ministerio de Trabajo y Economía Social refuerza su compromiso con el trabajo autónomo y la economía social para que consoliden su peso como colectivos relevantes en el mercado de trabajo con una partida presupuestaria de más de 15 millones de euros.

Este presupuesto permitirá desarrollar los elementos centrales de la Estrategia Española de la Economía Social y apoyar el sector como herramienta de transformación y referente en materia de Responsabilidad Social de las Empresas.

Aumentan los recursos y se modernizan las herramientas de conocimiento y gestión para distribuirlos apoyando al máximo de entidades en todos los territorios.

Igualdad

La promoción de la igualdad de oportunidades y el empleo de calidad para las mujeres son objeto de políticas transversales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A los programas de contratación de mujeres de colectivos vulnerables y a los incentivos a la contratación de sustitución se suman, ahora, los programas relativos al empleo en el ámbito rural y urbano y los proyectos piloto de cooperativas y empresas de inserción.

Jóvenes

Avanzar en las políticas de integración laboral de los jóvenes es otro de los ejes fundamentales de los presupuestos del Ministerio que suponen una apuesta por garantizar las condiciones de trabajo decente para este colectivo que ha sufrido dos crisis económicas.

Además de desarrollar programas que incentivan la contratación de jóvenes o de formación en alternancia junto con los previstos en Garantía juvenil, se pondrán en marcha incentivos para el retorno del talento emigrado y por planes de empleo joven en programas como el Investigo, dirigido al ámbito de la ciencia y la tecnología o la contratación para la primera inserción laboral.

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