Las agresivas políticas privatizadoras que el PP ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid en los últimos años han terminado por esquilmar el Estado de Bienestar. El mejor ejemplo es la serie de privatizaciones que se han acometido en la Sanidad pública madrileña en los años 2016 y 2017. En esa etapa, hasta un 60,35 por ciento del gasto de la Sanidad pública en esta comunidad autónoma se adjudicó a empresas asociadas a lobbies (poderosos grupos de presión) a través de un total de 921 contratos de los 1.695 que fueron firmados en el año 2017 tras los pertinentes concursos y licitaciones públicas convocados por el Gobierno regional, según informa Europa Press.

Los datos, tan elocuentes como sospechosos, están recogidos en el informe La influencia de los ‘lobbies’ en la sanidad madrileña, elaborado por el colectivo Auditoría Ciudadana de la Deuda (Audita Sanidad), cuyas conclusiones fueron dadas a conocer hace unos días por el economista Vicente Losada y el médico Juan Ruiz-Giménez.

El informe asegura que “parece saltar a la vista con el estudio de un solo proveedor de los diferentes centros de gasto de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en este caso el Grupo Siemens, que en la mayoría de los centros de gastos hay sospecha de fraccionamiento de contratos, infringiendo lo que marcaba la Ley de Contratos del Sector Público 3/2011 aún en vigor en el año 2016”.

Según estos expertos, se puede sospechar que hay “fraccionamiento de contratos” en multitud de casos, no encontrando una “explicación racional” al desfase en el volumen total de contratos adjudicados en el año 2016 por licitación pública, que fue de 1.143 frente a 485.119 contratos menores, lo que representa el 99,7% de la contratación. “Entendemos que lo que marca el espíritu de la ley es que los contratos menores sean la excepción en la contratación pública”, aseguran los técnicos auditores en su estudio pormenorizado.

El uso indebido y repetido de contratación por la vía del contrato menor conculca además el derecho de competencia, según Audita Sanidad. Teniendo en cuenta el peso de la contratación pública en el PIB español (cerca del 20%), y que la Comisión Nacional de la Competencia advierte en su Guía sobre Contratación Pública que “la competencia entre los licitadores es la manera de asegurar que las entidades del sector público, y la sociedad en última instancia, se beneficien de las mejores ofertas en términos de precio, calidad e innovación de los bienes o servicios finalmente contratados”, este “reiterado uso y abuso” de la firma de contratos menores en el sector sanitario no solo infringe la ley, sino que además es “económica y socialmente dañino”.

Es más, la Comisión Nacional de la Competencia calcula que anualmente los sobrecostes por falta de competencia en la contratación pública se elevan a unos 40 millones de euros. Es decir, un auténtico agujero para las arcas públicas.

A los expertos de Audita Sanidad les llama poderosamente la atención que casi medio millón de contratos menores hayan podido ser aprobados por los servicios competentes en control de contratación, “siendo responsable toda la cadena funcionarial, desde la intervención económica, los servicios jurídicos y financieros”, añade el informe. Y llama aún más la atención que las Estadísticas del Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid, en su comparativa de formas de adjudicación para los años 2015, 2016 y 2017, y por tipos de contratos, no recoja datos concretos de tal cantidad de contratos menores suscritos por la Comunidad de Madrid.

“Y de hecho existe una Central de Compras del Servicio Madrileño de Salud que entendemos no debería limitarse a la compra centralizada de fármacos que, por otra parte, son objeto de contratos menores, aunque no se ha tenido intención de incorporar este tema en nuestro estudio detallado, como decíamos al principio”, añaden los autores del informe.

Por último, cabe señalar que el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 3/2011 (aún en vigor), en su artículo 86 punto 3, especifica: “Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, siempre que estos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto.”  No obstante, ninguno de los contratos menores consultables en la web portal de Contratación Pública (Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid/Consejería de Sanidad) ofrece acceso a los expedientes de contratación que deberían ser públicos, por lo que es “imposible comprobar la debida justificación”. Una vez más, nos encontramos ante la falta de transparencia de una Administración pública, la del PP, que por lo que se va viendo ha estado jugando con las privatizaciones y los contratos en la Sanidad pública. Lo cual es tanto como decir que ha estado jugando con los intereses de todos los madrileños.

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