miércoles, 22septiembre, 2021
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El polémico protocolo enviado a las residencias, IFEMA y la situación de la sanidad en Madrid: La experiencia de una afectada por la Covid

Mayka Torralbo Novella
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad Complutense de Madrid. Autora de diversos artículos y ponencias sobre movimientos sociales, relaciones de género, trabajo y cambio social. Secretaria de la Asociación “Instituto de Sociología Clínica la Esfera”. Psicoterapeuta Humanista. Coordinadora de la Plataforma Estatal de Comerciantes Ambulantes y de la Plataforma de Comerciantes Ambulantes de la Comunidad de Madrid. Vicepresidenta y Portavoz de la “Asociación El Rastro Punto Es”.
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Han transcurrido trece meses desde la declaración de la Pandemia por la OMS (11-3- 2020)  y del primer Estado de Alarma (14-3-2020) y doce desde mi ingreso por la covid-19, y el de mi hermana, que habita en una residencia de discapacidad intelectual. Afortunadamente ambas estamos más o menos bien, pero creo imprescindible recordar las situaciones tan duras que hemos padecido, nosotras y el resto de la ciudadanía, porque si olvidamos dejaremos que nuestros gobernantes repitan, una y otra vez, los mismos errores con distintos “trajes”. Necesitamos de la Memoria para no ser manipulados y resituar lo que son decisiones políticas del ejecutivo autonómico, que preside la Sra. Ayuso, a las que les ha faltado corazón y respeto por los derechos a la salud de la población en general y de los más vulnerables en particular.

Para ilustrar lo expuesto rescataré una parte de las observaciones que  realicé en el contexto de mi experiencia personal y familiar, fundamentalmente durante la primera “ola” sanitaria, las cuales recogí en la ponencia “Reflexionando sobre el impacto de la pandemia por Covid-19 en los hábitos y relaciones sociales de la vida cotidiana: ¿Aumento de la brecha social entre las generaciones, por clase social, género, territorio, etnia?”, presentada en octubre del 2020 en las Jornadas Profesionales de la “Asociación de Profesionales de la Psicología Humanista y Análisis Transaccional” (APPHAT).

Comenzaré exponiendo mi experiencia con mi hermana María de los Ángeles -de la cual soy su tutora legal- que al nacer padeció una meningitis y cuya consecuencia fue una discapacidad intelectual (cognitivamente tiene tres años de edad, pero a nivel intuitivo y emocional es muy grande) y física (hemiparesia en el brazo izquierdo). Está en una residencia a la que yo acudía los últimos seis años varias horas al día para acompañarla y cuidarla (me turnaba con otra hermana y cuando ingresaba en el hospital estábamos las 24h). Con mis cuidados mi hermana estaba atendida y acompañada todo el tiempo, lo que contribuyó a no sobrecargar, aún más, al personal sanitario de su residencia. Durante el primer mes del confinamiento en la residencia cerraron las unidades y gran parte de las zonas comunes fuera de las unidades. El personal se esforzó en cuidar de las residentes, a pesar de la gran incertidumbre y la escasez de recursos, materiales y humanos, para atender las necesidades crecientes de las usuarias, sobre todo a medida que tenían que aislarlas, en sus habitaciones, por tener síntomas que pudieran ser compatibles con la covid-19. Por este motivo contrataron a otro médico para que atendiera las tardes y algunas auxiliares y enfermeras de refuerzo; no obstante, gran parte del personal tuvo que doblar turno en múltiples ocasiones.

El día 8 de abril de 2020 ingrese en el hospital con neumonía bilateral por la COVID-19, agravándose progresivamente mi enfermedad. Mi hermana Mari Ángeles ingresó unos días después, en otro hospital, por el mismo motivo. Estuvo muy grave y sin esperanza de remontar por sus diversas comorbilidades (insuficiencia respiratoria, diabetes, sobrepeso, epilepsia, inmovilidad, etc.); sin embargo, contra todo pronóstico sobrevivió. El punto de inflexión fue cuando una enfermera del Hospital Universitario de Móstoles decidió hacerme una videollamada porque mi hermana no paraba de preguntar por mí. Una vez que vio que estaba “malita” y con mascarilla, al igual que ella, desde su inteligencia emocional entendió por qué no iba a verla, y así dejó de sentirse abandonada. De esta forma comenzó a remontar hasta que veinte días después la dieron el alta. Esta experiencia demuestra la importancia vital de los afectos y el contacto (en este caso virtual) para encontrar el SENTIDO de seguir viviendo y demuestra que nada está escrito, por muy dependiente que sea una persona o esté en un estado de máxima fragilidad.

Afortunadamente mi hermana pudo ser ingresada porque: 1) enfermó en el mes de abril cuando la presión hospitalaria era menor que en marzo; 2) en ese momento el Protocolo de la Comunidad de Madrid, que prohibía derivar a los usuarios dependientes de las residencias geriátricas y de discapacidad a los hospitales, había sido modificado al sustituir la frase “criterios de exclusión” por “recomendaciones de exclusión” y 3) debido a ello el personal de la residencia pudo optar a valorar su traslado al hospital y no excluirla totalmente de esta posibilidad como hubiera ocurrido si hubiera enfermado días antes de la modificación del Protocolo.

La rectificación del citado Protocolo fue consecuencia de la denuncia que realizaron los familiares de una residente del “Centro Nuevo Versalles de Fuenlabrada” de Madrid, del apoyo que recibieron por el “Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid” (CERMI) y de grupos políticos de la oposición en la Asamblea de Madrid. Obligando con ello al ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso no sólo a modificarlo, sino, también, a dar explicaciones ante la opinión pública sobre el por qué se discriminó en sus derechos a estos colectivos, negándoles a recibir la atención hospitalaria que les correspondía al igual que al resto de la población. Ante esta evidente injusticia tuvieron que buscar una justificación, consistente en defender que habían enviado por error un borrador del Protocolo en lugar de su versión definitiva. Sin embargo, diversos medios de comunicación, basados en testimonios y documentos, aseguran que no fue un borrador porque el Protocolo remitido a las residencias carecía de tal calificación y, además, estaba firmado por Carlos Mur de Viú: director de coordinación socio-sanitaria. Así mismo, el entonces consejero de Asuntos Sociales, el Sr. Alberto Reyero (Cs) manifestó por mail, y posteriormente públicamente, su desacuerdo con los criterios de exclusión del citado Protocolo, razón por la que le quitaron sus competencias sobre las residencias y se las dieron al Sr. Enrique Ruiz Escudero (PP): Consejero de Sanidad.

Según los datos aportados por los medios de comunicación, el gobierno autonómico excluyó de ser atendidos en los hospitales al sector más vulnerable de nuestra sociedad, y no procedieron a la medicalización de sus residencias, lo cual llevo a que entre el 15 de marzo y el 15 de abril del 2020 fallecieran 5.000 personas con covid- 19 -o con síntomas compatibles- en las residencias de la Comunidad de Madrid: el 30% de las muertes producidas en los geriátricos por esta causa en todo el Estado español. El mayor porcentaje de las 17 autonomías, y que no es justificable por el número de sus plazas residenciales, porque solo son el 13,5%. Tristemente parte de la generación de nuestros padres se ha ido en soledad, sin poder despedirse de sus familiares y sin la atención sanitaria que les correspondía.

Por otro lado, como mencione anteriormente, yo ingresé el día 8 de abril en el Hospital 12 de Octubre con neumonía bilateral. Al día siguiente fui trasladada al hospital de campaña IFEMA, al considerarse mi situación como moderada. Un traslado que estaba a cargo del ejército de tierra y que se realizó entre grandes medidas de seguridad. Fuimos en un autobús lleno de pacientes, totalmente plastificado y observábamos como los soldados dirigían todo el operativo. Yo iba con mi bala de oxígeno entre las piernas, y todo era surrealista, parecía una escena de una película de guerra, y nosotros éramos el material altamente contaminante.

El recibimiento y trato en IFEMA fueron muy buenos. Me ubicaron en el control número 9, y en un pabellón que recientemente habían instalado la toma de oxígeno. Era una zona muy amplia y diáfana: había un punto de control de enfermería y muchas camas, separadas entre sí por 3 metros, y nada más. Todas nuestras pertenencias teníamos que dejarlas en el suelo, pues no había ni una simple mesita. Me trajeron una caja de cartón para poder apoyar el plato de la comida o depositar una botella de agua (días posteriores nos trajeron mesitas). No teníamos ningún tipo de intimidad y los baños eran comunitarios y muy alejados, en mi caso tenían que llevarme en silla de ruedas y con oxígeno, porque en pocos días se agravó mucho mi enfermedad y estuve a punto de ingresar en la UCI. Afortunadamente me libré, aunque hasta que cerraron IFEMA todo el tiempo estuve monitorizada y con diversos tipos de mascarillas para poder respirar. A las 20.00h todas las tardes ponían la canción RESISTIRÉ, un momento muy emocionante en el cual los pacientes y todo el personal del Recinto compartíamos el sentimiento de estar juntos luchando por la vida. Seguidamente aplaudíamos en un gesto de reconocimiento mutuo.

Pasados los primeros 15 días comencé a comer y hablar algo más, y a partir de ese momento los diversos trabajadores, ante mis preguntas, me relataban sus experiencias desde la apertura de IFEMA. Algunos de ellos provenían de los centros de atención primaria y otros fueron contratados como refuerzo por la pandemia (a estos últimos cuando cerró IFEMA los despidieron). En sus narraciones destacaban su incredulidad de que hubieran inaugurado este “hospital” -en marzo de 2020- y enviado a pacientes de otros hospitales, concretamente al pabellón 5 – único habilitado al principio-  que no estaba dotado de los mínimos recursos hospitalarios: no había instaladas tomas de oxígeno y las balas de oxígeno eran insuficientes -incluso algunas de ellas no eran aptas para los pacientes que iban empeorando-; no había un carro de parada cardiorrespiratoria; ni pilas para los pulxiosimetros o material básico para anotaciones, etc. Esta situación les creo una responsabilidad inaudita ante los pacientes y, por ello, un gran malestar. Así mismo, lamentaban que durante todo el tiempo que estuvo abierto IFEMA no habilitaran una zona totalmente “limpia”, más bien todo era zona “sucia” y, por ello, consideraban que tenían una mayor exposición al virus y elevado riesgo de trasladarlo fuera del Centro.

 Por otro lado, se quejaban de la gerencia por falta de planificación, organización y de protocolos claros de actuación. Esta era la razón por la que en los diversos controles –que progresivamente se fueron abriendo- tuvieran criterios diferentes de funcionamiento, dado que los trabajadores se organizaron entre ellos para suplir la dejadez de la gerencia. En IFEMA estuve ingresada 20 días y tras su cierre me derivaron al Hospital 12 de Octubre (en él que estuve una semana). En él, también, sus sanitarios describían situaciones muy duras: estaban desbordados e impotentes ante las imparables defunciones que se producían en soledad y en un cortísimo espacio de tiempo. Además, tenían el drama de ser los responsables de decidir sobre la vida de los pacientes, por la falta de suficientes camas, respiradores y espacio en la UCI.

En ambos hospitales el personal estaba muy agotado al tener que luchar contra el estrés, sufrir la escasez de personal y de equipos básicos de protección, así como por el desconocimiento de la enfermedad y el sentimiento de que era imposible llegar a todo; aun así, me transmitían que habían establecido fuertes vínculos de afecto y solidaridad entre los compañeros, y que ese era el principal motor de la resiliencia para continuar ejerciendo su trabajo con el objetivo de salvar vidas. A pesar de que en un principio lo hicieron a “pecho descubierto” y en un contexto que ellos definían como de “guerra”.

Eso mismo pensé yo, mi generación no ha vivido ninguna guerra en nuestro país, pero esto debía ser lo más parecido, al menos en sus consecuencias inmediatas para la población. De hecho, cuando me dieron el alta hospitalaria sentí que la sociedad que había dejado cuando ingresé, tan solo un mes antes, había cambiado sustancialmente y que estábamos asistiendo a un “embrionario” y profundo cambio social. El cual nos iba afectar en nuestra forma de relacionarnos mucho más de lo que podíamos imaginar; si bien, aún no éramos conscientes de ello, porque en nuestro imaginario colectivo estábamos racionalizando la situación como “inevitable”, temporal y transitoria, en tanto en cuanto se controlase la pandemia. Por lo tanto, subyacía la idea de que en breve la situación sería revertida.

Ha pasado un año desde que ingrese y estoy de baja por las secuelas que me ha dejado la enfermedad, por esta razón sigo necesitando revisión médica y soy testigo de que no se ha reforzado suficientemente la sanidad pública, a pesar de estar a las puertas de la cuarta “ola” sanitaria, muchos pacientes siguen con secuelas por el covid-19 y todo el sistema está desbordado. Desde el comienzo de la pandemia la relación con los sanitarios es telefónica, excepto para las urgencias, y hace unos días he tenido que presentarme en mi centro de salud, (uno de los muchos de atención primaria que desde el comienzo de esta crisis no tiene médico por las tardes) porque tenían que haberme llamado el día anterior y no lo hicieron. La persona que me atendió me informa que están desbordados porque tienen la mitad de médicos dado que no están sustituyendo a los que están de baja. Me pide que tenga paciencia, que ya me llamaran para ver cómo sigo y darme el parte de confirmación de la baja.

La doy las gracias por su trabajo y me voy lamentando que sigamos en esta situación a pesar de que con la pandemia se ha evidenciado la fragilidad de nuestra sanidad -por los sucesivos recortes desde el año 2008-, se ha “abandonado” el seguimiento a los enfermos crónicos y ralentizado la atención al resto de pacientes. Por consiguiente, la carga de esta crisis sanitaria está recayendo, una vez más, en sus trabajadores, que ya de por si estaban muy sobrecargados, y en la ciudadanía al quedar desatendimos en nuestros legítimos derechos. No ha bastado con que al personal sanitario –y no sanitario- se le pida que lo den todo y en todo momento, humanamente y profesionalmente (y doy fe de ello) incluso sin que en un principio dispusieran de los recursos de protección adecuados (mascarillas, EPIS, etc.) sino que los responsables políticos siguen exprimiendo al personal y solicitando a la ciudadanía que aguantemos, mientras ellos siguen sin reforzar la sanidad pública.  

Esta situación se está haciendo crónica a medida que la crisis sanitaria se prolonga en el tiempo, y pareciera que persiguen que nos vayamos resignando, acostumbrando, a no ir al médico al no ser una urgencia. Porque si llamas no te atienden y si vas a un ambulatorio tendrá que ser entre aquellos que hayan dejado abiertos, ya que muchos de ellos siguen cerrados; ir en el horario de mañana, porque por las tardes no hay médico (dado que no se están cubriendo ni bajas ni vacaciones) y de lunes a viernes porque los 37 Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUP) siguen cerrados desde el principio de la pandemia. Si decides ir a un centro de atención primaria tendrás que quedarte en la calle haciendo fila y a la intemperie, tengas la edad que tengas y en la situación que te encuentres. Y todo ello por las decisiones políticas del ejecutivo regional de la Presidenta Ayuso, porque hay que recordar que las competencias en materia sanitaria están casi todas delegadas a las Comunidades Autónomas.

El reiterado argumento de que no encuentran personal sanitario para ser contratado igual es por las razones que denuncia la Marea Blanca: tienen contratos precarios; sobrecarga en los centros de atención primaria, al tener que detectar a los contagiados, rastrear los contactos, realizar el seguimiento de pacientes postcovid, atender al resto de enfermos, las urgencias y, además, vacunar a la población, sin personal suficiente; por otro lado, está la situación crítica del SUMMA 112, el servicio de urgencia cuyas UVIS móviles carecen de médicos y sus sanitarios están en una situación extremadamente precaria. Por otro lado, los sanitarios plantean que no se destina suficiente presupuesto a infraestructuras, al mantenimiento de los centros existentes, y que se mantienen plantas cerradas en hospitales públicos, a la vez que se ven obligados a habilitar otros espacios para la instalación de camas o ucis, que carecen de equipamientos adecuados. Mientras tanto la administración regional ha gastado millones de euros en la adecuación de otros Centros para la atención de los pacientes por la COVID-19, -leves y moderados- sin dotarlos del equipamiento hospitalario imprescindible. En la primera “ola” fue IFEMA y durante la segunda “ola” se construyó el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal de Madrid. 

Por todos estos motivos en algunas zonas de Madrid se están realizando manifestaciones semanalmente para concienciar a los ciudadanos de la situación y la necesidad de exigir que refuercen la sanidad pública, porque la financiamos entre todos y es para todos, y nos va -literalmente- la VIDA en ello. Y yo me pregunto, al igual que los sanitarios… ¿Se pretende progresivamente y de forma encubierta ir desmantelando la sanidad pública en general y la atención primaria en particular? ¿Sera aplicando la estrategia de “dejarla morir” por falta de suficiente presupuesto y así justificar, ante la opinión pública, los convenios con la sanidad privada y el desvío de parte del presupuesto público hacia ella? ¿Se quiere aprovechar esta situación de prolongación de la pandemia para que normalicemos la falta de atención sanitaria y que el modelo que se ha impuesto en esta crisis, la relación telefónica, se convierta en el modelo habitual?

Esta es la amenaza que tenemos encima: que pretendan mantener en el tiempo la atención sanitaria a distancia, no como una opción complementaria a la presencial sino como la forma principal, lo que en la práctica representaría nuevos recortes. No podemos demorar más en el tiempo despertar de este letargo, de esta especie de shock que nos impide reaccionar, producto de la sobrevenida e inesperada pandemia que en tiempo record ha modificado nuestras costumbres, hábitos y valores más arraigados. Tomar concienciar y reaccionar se lo debemos a todos los que, incansablemente, han luchado para que disfrutemos de estas prestaciones públicas y universales; se lo debemos al personal sanitario -y no sanitario- que no han escatimado esfuerzos por cuidar de todos e pesar de los escasos recursos disponibles y, sobre todo, se lo debemos a nuestros seres queridos dependientes y a los de mayor edad, que debido a las medidas de distanciamiento social y las restricciones a la movilidad nos hemos visto obligados a “abandonarlos”, al prohibirnos ir a visitarlos para evitar posibles contagios, incluso en sus últimos momentos. Por este motivo se ha producido una gran herida intergeneracional y un trauma social, por el daño que hemos infringido -y nos hemos infringido- al dejarlos solos: una situación inédita e inimaginable hace tan solo un año, y que es la más sangrante de todos los cambios que se han producido a raíz de la pandemia en nuestras vidas cotidianas.

Escribo con la esperanza de que rememorar lo sucedido nos sirva para exigir el refuerzo de la sanidad pública; elaborar el duelo por tantas y tantas pérdidas, de nuestros valores, de la forma de relacionarnos, por el tiempo no compartido y por todas las personas queridas que se fueron en soledad sin podernos despedir de ellas y para que el modelo asistencial de las residencias se mejore y humanice. La Memoria es un “antídoto” contra los que quieren reescribir la historia de forma interesada y puede ayudarnos a que como ciudadanos exijamos que se cuide, con el respeto y la dignidad que se merecen, a nuestros mayores y personas con discapacidad, sobre todo cuando hemos delegado su custodia a los responsables de las residencias, sean estas públicas privadas o concertadas. Porque corresponde a las administraciones públicas facilitar los recursos suficientes a estos Centros, así como velar por el bienestar  de sus residentes, que son personas muy vulnerables. Para ello es imprescindible disminuir la ratio de usuarios en relación al personal sanitario, contratando más personal y asegurándose que el dinero público –o de particulares en las plazas privadas- que se destina a la atención de los usuarios es invertido en que tengan calidad de vida.

Por otro lado, reclamo que la administración pública proporcionen EPIS para visitar y acompañar a nuestros seres queridos, que hayan dado positivo o enfermado por la COVID-19 y que estén en residencias o en hospitales. La prohibición de visitarlos o acompañarlos durante la enfermedad o en sus últimos momentos, actualmente ya no es justificable, ni debería ser aceptado. Una petición fácil de conceder como ha quedado demostrado durante las elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021, en la cual se proporcionaron EPIS a los miembros de las mesas electorales.

Por último, decir que siempre se puede cambiar el rumbo de la historia, pero para ello la ciudadanía tenemos que implicarnos socialmente y políticamente reclamando a nuestros gobernantes que cuiden de lo que es de todos: poniendo en el centro de la agenda política el cuidado de la vida y la vida de los cuidados impulsando Políticas Públicas Humanistas.

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