Una reunión de obispos en el Vaticano. Foto: Osservatore Romano.

No resulta infrecuente el toparse con algún individuo que cuando cree que ha sido atacado a causa de su actividad profesional utiliza inopinadamente su oficio como escudo para defenderse atacando.

Según los casos, podríamos calificar algunos de esos comportamientos como propios de una personalidad cobarde. Es eso que se denomina tomar la parte por el todo o atribuirse una representatividad que no se tiene.

Por ir a lo concreto, tenemos el caso de algún actor de  cine que ante una crítica no especialmente conveniente para él se revuelve y dice que se trata de “un ataque contra la cultura”. O la de aquel torero que después de recibir una pitada de estruendo de parte de la afición dijo que se estaba atacando la tauromaquia.

Abundantes son también las ocasiones en las que algún político, jeta y torpe, reacciona airadamente ante un comentario no precisamente bondadoso a propósito de su actividad manifestando que “es un ataque contra la Democracia”. ¡Ahí va, campeón!

Obligatorio en este recorrido es el detenerse en la parada de la prensa y, en algún periodista, que ante idéntica situación clama que lo que ocurre es “una ataque a la libertad de expresión”. Sic.

Sirve todo lo anterior para dirigir el foco de atención sobre una polémica ahora muy activa y que tiene que ver con el patrimonio inmobiliario de la Iglesia Católica, no destinados al culto o la acción  social, y que no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Se trata de que aquellos edificios de todo tipo propiedad de la Iglesia, no destinados al culto o a las actividades de carácter social,  paguen el IBI algo que ahora no ocurre en virtud de los Acuerdos de Cooperación entre España y la santa Sede firmados en 1979 y que sustituían a los antiguos concordatos. Esos acuerdos alcanzaban asuntos jurídicos, sobre enseñanza y asuntos culturales, sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y sobre asuntos económicos.

Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado a través de su vicepresidenta, Carmen Calvo, que se procederá a los cambios legislativos y normativos que permitan abonar ese impuesto y que afectaría a miles de inmuebles entre los que existen numerosos denominados inmatriculados, es decir, registrados a nombre de la Iglesia pero sin aportar títulos que acrediten su propiedad. Muchos de estos bienes provienen de donaciones de particulares.

La propia vicepresidenta compareció ante el Congreso de los Diputados para anunciar esta iniciativa que se equipararía a la situación que existe en Francia e Italia respecto de los bienes eclesiásticos.

”Yo creo que están en disposición de colaboración y puesta al día de alguna cuestiones que hacen falta y que están en el ánimo de la sociedad española en general y de la inmensa mayoría de los católicos españoles, que en ese sentido han evolucionado bastante. Hay una agenda importante que vamos a tratar y que vamos a tratar esta misma mañana”, ha declarado Calvo a SER.

La polémica radica en el diferente grado de acuerdo con los cambios tributarios anunciados. El propio Papa Francisco, en declaraciones a Jordi Évole en un “Salvados”, señalaba que “los hombres de Iglesia son ciudadanos, y tienen que cumplir con todo su derecho de ciudadano. Hay cosas dedicadas al culto, hay propiedades dedicadas al fin social. Todo lo que no sea culto o bien común, hay que pagar impuestos”.  Posición concordante con la que ha expresado el Ejecutivo.

No parece que existe al mismo grado de apoyo a las reformas fiscales en el seno de la Iglesia Católica española que defiende el valor de los Acuerdos de 1979. Lógicamente porque lo que está en juego es el pago anual de algunos millones de euros.

Difícil solución

El principal problema a la hora de iniciar la tramitación de la nueva norma se encuentra en que los Acuerdos establecidos entre España y el Vaticano tienen rango de ley y de Tratado Internacional y cambiar una ley hace falta que la mayoría del Congreso así se pronuncie. Y esto, con la frágil composición de la actual Cámara Baja será, por lo menos complicado.

Ya en 2008 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a través también de su vicepresidenta entonces, María Teresa Fernández de la Vega, acordó con Roma una ampliación de lo acordado y que tenían que ver, precisamente, con asuntos económicos.

En cualquier caso el Gobierno deberá esperar al mes de marzo momento en el que se renueva la Conferencia Episcopal para iniciar las conversaciones que casi con toda seguridad van a ser duras.

En estos días y en relación a lo aquí expuesto se han oído comentarios de algún religioso o de personas cercanas señalando que la iniciativa gubernamental destinada a que se abone el IBI es “un ataque a la fe, a la iglesia”.

La parte por el todo, porque el patrimonio de la Iglesia Católica no es una cuestión de fe. Se trata de equiparar a todos los ciudadanos respecto de las obligaciones de contribución al sostenimiento de las instituciones públicas.

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