El ‘Pacto del Botànic 2’ seguirá profundizando en las políticas sociales para mejorar la vida de los valencianos en los próximos cuatro años. El Consell ha hecho un importante esfuerzo inversor en servicios sociales en la pasada legislatura, lo que ha permitido a la Comunitat Valenciana situarse como la primera autonomía donde más ha crecido este gasto por habitante.

Así lo reconoció hace unos meses la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en su informe sobre el gasto autonómico, tanto en sanidad, educación y servicios sociales, en el que destaca que la Comunitat Valenciana “se encuentra entre las 7 comunidades que han recuperado el gasto social por habitante respecto a 2009”, previo a los recortes provocados por la crisis.

El informe, que ha realizado un estudio sobre la evolución del gasto social desde 2007 hasta 2018, resalta que el mayor crecimiento en gasto por habitante “se ha producido en los años 2017 y 2018, superando incluso este año la media destinada a este fin en el conjunto de comunidades autónomas y que alcanza los 285,95 euros”.

Así, en la Comunitat Valenciana el gasto por habitante en servicios sociales en 2018 se sitúa en 286,65 euros, lo que significa un incremento del 68,8% respecto a la cantidad destinada en 2015, que fue de 169,70 euros.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, destacó en su día que estos resultados reconocen “el cambio de tendencia” que se ha producido en los últimos años, así como “el esfuerzo que se está realizando” y los avances desde 2015 en el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales ya que, hasta esa fecha, “el deterioro, la nula relevancia y la ausencia de evolución o mejora eran la constante registrada año tras año”.

La vicepresidenta reiteró la voluntad del Consell del Botànic de “sistematizar, poner orden y prestigiar los servicios sociales como la cuarta pata del Estado de Bienestar”, de manera que sea posible transformar el sistema “burocrático y asistencialista” de anteriores legislaturas, en un modelo “coherente, sólido y efectivo al servicio de las personas”.

En este sentido, ha recordado que en estos tres últimos años se han puesto en marcha proyectos muy importantes como el nuevo modelo de servicios sociales, que ha supuesto una inversión para la ampliación de los equipos municipales de 41 millones de euros, un 327% por ciento más de lo que se invertía en 2015, y que ha permitido la contratación de cerca de 1.574 nuevos profesionales, así como la implementación pública en la atención a personas en situación de dependencia.

Avances en políticas sociales

Oltra aseguró que además de incrementar las inversiones también se han puesto en marcha importantes iniciativas que van a “blindar” los servicios sociales como un derecho subjetivo. Esta ley, que ha sido fruto de un amplio consenso social, garantizará “la universalidad del sistema” y situará los derechos sociales a la misma altura que sanidad y educación, convirtiéndolos en un “rasgo definitorio de la Comunitat Valenciana” y garantizando que cualquier persona que los necesite tenga acceso a ellos.

La nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos “es el puntal” del Código Social Valenciano que se está elaborando desde el departamento que dirige la vicepresidenta, y supone “un avance determinante en la universalidad de los derechos sociales que transforma la concepción asistencialista de las antiguas políticas en una concepción moderna de derechos subjetivos y universales”.

“Asimismo supone la creación de un Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, que reconoce las prestaciones sociales como un derecho subjetivo”, una consideración que el Consell ya ha realizado con las prestaciones de dependencia, la renta, las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género o las prestaciones de acogimiento familiar, “lo que garantiza que no estén condicionadas por la dotación presupuestaria”.

Además, el Consell piensa impulsar la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica en el marco del Plan Nacional. Integrada en Energía y Clima, avanzando en la descarbonización y con el objetivo de reducir un 40% las emisiones contaminantes en 2030 y que el 100% de la energía provenga de fuentes renovables en 2050, incluirá la futura Agencia de Cambio Climático.

 

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