El nuevo presidente del CGPJ provoca una crisis que da la puntilla al organismo

Más problemas para un organismo en descomposición, lleva caducado casi cinco años, cuyo bloqueo no tiene visos de solucionarse a corto plazo. Y que, encima, un vocal se hace cargo de la presidencia, de forma provisional, como “sustituto” de un dimitido y de un jubilado, y entra como elefante en una cacharrería generando una crisis entre sus cada vez menos miembros. Nos referimos, como no, al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces que, a los graves problemas que padece, el nuevo presidente, “sustituto”, Vicente Guilarte, ha añadido uno más. Ha echado gasolina al fuego y la institución arde por los cuatro costados. Ha echado a la casi totalidad de los miembros de la comisión permanente, que es el principal órgano decisorio, cuyos miembros tienen dedicación exclusiva y perciben sueldo anual de 133.000 euros, con chófer, despacho y personal burocrático a su disposición, y los ha sustituido por vocales de su confianza que habían trabajado con él en la comisión disciplinaria. Entran las conservadoras Carmen Llombart y María Ángeles Carmona y las progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas. Salen el hombre del PSOE en el CGPJ, Álvaro Cuesta, y Nuria Abad, considerada progresista, y los conservadores Juan Martínez Moya y Juan Manuel Fernández. La “revolución” de Guitarte ha sido tan inesperada que ha logrado lo que hasta ahora nadie había conseguido: poner de acuerdo a seis vocales progresistas y conservadores para presentar un voto particular contra esta decisión que califican de “ilegal”. El conflicto está servido.

María Ángeles Carmona deja la comisión disciplinaria. Entra en la permanente y seguirá presidiendo el observatorio sobre la violencia de género. Prácticamente se convierte en la “numero dos” aunque en el mundo judicial celebran su salida de la comisión disciplinaria donde había generado algunos conflictos debido a su compatibilización con las funciones que desarrolla en materia de violencia de género. Carmona es secretaria judicial, ahora llamada LEAJ, desde 1994 en el juzgado numero 3 de Sevilla. Su nombramiento en el CGPJ fue impulsado por el juez Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla y más tarde ministro de Interior con Mariano Rajoy.

Promocionada por el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, como presidenta del observatorio contra la violencia de género, su nombramiento abrió una brecha en el organismo porque hasta entonces ese puesto estaba unido al de la presidencia de la comisión de igualdad, que ejerce la vocal progresista Clara Martínez de Careaga. Lesmes utilizó el argumento de que Carmona ya había trabajado en el ámbito de la violencia de género con un cargo en la administración estatal. La vocal ha tenido serios enfrentamientos con el gobierno progresista. El mayor ha sido provocado por la ley del sólo sí es sí de cuya modificación, aprobada con los votos del Partido Popular, fue una defensora activa. Carmona considera “correcta” la nueva norma porque “vuelve a las penas que había con anterioridad al introducir agravantes por violencia o intimidación”.

Guilarte habría deseado mantener a Carmona en la comisión disciplinaria que es una especie de tribunal interno controlador, y con capacidad sancionadora, de jueces y magistrados. Pero habría sido demasiado y, además, el Tribunal Supremo no lo permite. Según la alta instancia judicial del país, “la presencia de un miembro de la comisión disciplinaria en la comisión permanente resulta cuanto menos dudosa”. Así pues, nada que hacer, la omnipresente vocal se tendrá que conformar con el observatorio y la permanente, que ya es mucho.

La característica de los nombramientos es que todos trabajaron con el nuevo presidente en la comisión disciplinaria. Son personas muy cercanas y le apoyaron cuando algunos vocales mantuvieron que su nombramiento era incompatible con sus actividades privadas. A Guilarte se le encasilla en el grupo conservador, pero siempre ha ido por libre. Incluso ha alejado de la comisión permanente a algunos de los vocales que bloquearon la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Así pues, no cabe dudar de su “independencia” en ese sentido.

Es más, todo parece indicar que los cambios obedecen a la idea que tiene Guilarte de que su mandato va a ser largo y va a manejar todos los resortes que la ley le confiere para controlar a jueces y magistrados. No puede nombrar miembros del Tribunal Supremo y en tal sentido puede tener dificultad para controlar esta instancia que no preside ya que cuando dimitió Carlos Lemes se decidió una bicefalia: por una parte, la presidencia del Consejo, y, por otra, la del Supremo que ostenta el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Francisco Martín Castán. Guilarte aspiraba a dar el discurso de la apertura del año judicial, el 7 de septiembre, como hacen todos los presidentes del CGPJ, pero, al final, se ha decidido que sea Martín Castán porque tanto desde el Gobierno como en la misma Zarzuela se considera que el órgano de gobierno de los jueces se encuentra en franca descomposición. Y de tal circunstancia no cabe duda.

Habrá que ver en qué termina el recurso presentado por seis vocales, progresistas y conservadores, contra la decisión de Guilarte de modificar la composición de la comisión permanente. Cuando Carlos Lesmes dimitió, se acordó que no se modificarían ninguna de las comisiones que componen el CGPJ. Sólo la de asuntos económicos por incluir en ella al siguiente vocal de mayor edad correspondiente al turno judicial. Guilarte se ha saltado este pacto no escrito.

Los vocales discrepantes argumentan que Guilarte no incluyó en el orden del día del pleno los cambios que iba a llevar a cabo ni adjuntó la documentación correspondiente. Encima existe una duda. Guilarte fue nombrado presidente del CGPJ con efectos 19 de julio, el mismo día en que Rafael Mozo, el anterior presidente, se jubiló. Pero ha dejado para el 1 de septiembre la asunción de presidente de la comisión permanente. Es muy probable que esta maniobra, no muy habitual, la haya hecho porque debe renunciar formalmente a su actividad académica, y ya se sabe cuándo comienza formalmente el curso escolar y universitario..