El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos negó ayer, y hoy lo hace el Ministerio de forma oficial, que la orden para modificar el Plan Estatal 2018-2021 , que se publicó este sábado en el BOE, “faculte expropiaciones de viviendas privadas o ampare ‘ocupaciones’ u otras prácticas ilegales, tal como han denunciado PP y Vox”. Se trata de una falsa noticia más que surge de la derecha.
Desde hace unos días circula una imagen de un BOE donde se informa que, como solución habitacional, para las víctimas de violencia de género, y cuando no se disponga de una vivienda de titularidad pública, “la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes”.
Ese documento es real, lo que es falso es el mensaje de twitter al respecto, ya que no permite la expropiación de viviendas, según el Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sino que se trata de una medida para que las comunidades autónomas (encargadas de gestionar esta solución habitacional a víctimas de violencia de género o personas sin hogar) puedan acudir a viviendas de titularidad privada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho.
Esto quiere decir que “no se faculta la expropiación, se permite que la ayuda del plan se pueda destinar a pagar una vivienda dentro de cualquier régimen admitido en derecho”.
Esa ayuda podrá ser de hasta 600 euros al mes y hasta el cien por cien de la renta o precio de ocupación del inmueble establecido, y en algunos casos de hasta 900 euros, más otros 200 para gastos de mantenimiento.
Transporte desmiente al PP y Vox y deja claro que “el texto habla claramente de regímenes admitidos en derecho”. Desde transporte se asegura que no se está permitiendo nada ilegal, “solo se faculta a las comunidades autónomas para que con esa ayuda se pague una vivienda”.
“En ningún caso se está amparando ningún tipo de ilegalidad, el texto es perfectamente legal y constitucional”, han insistido desde Transporte.
