Un caso de arbitraje que se sustancia en Madrid desde enero de 2018 puede convertirse en el más grande que se ha llevado en la historia de España, ya que está valorado en 32.200 millones de dólares. La disputa se remonta a 1878 con un acuerdo firmado por el Sultán de Joló (Sulú) y dos particulares británicos para el arrendamiento a perpetuidad de los recursos naturales de algunos territorios de la isla de Borneo e islas adyacentes, que hoy forman parte de Malasia. En ese momento, los recursos naturales eran perlas, nidos de pájaro y madera y el Sultanato formaba parte del Imperio español. El precio del arrendamiento se fijó en 5.000 pesos filipinos de 1878. El contrato se publicó en la Gaceta Oficial de Filipinas y traducido al español por traductores contemporáneos de la Corona España.
Hoy los herederos del Sultán de Joló han tratado de resarcir sus derechos. Sin embargo, aunque el laudo se iba a dictar en España, finalmente se ha fijado la sede del arbitraje en París, que podría dictar resolución el 1 de marzo. El motivo del cambio se sede judicial ha sido el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado mes de junio de 2021 que anuló la designación del árbitro. Mientras tanto, los herederos han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, todavía pendiente de admisión, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y falta de seguridad jurídica.
En 1903 se firmó una adenda al contrato mediante la que se acordó la ampliación del territorio arrendado y se aumentó la cantidad a pagar a 5.300 pesos filipinos. Los arrendatarios continuaron pagando el mismo: primero los dos firmantes originales, posteriormente la compañía North Borneo Trading Company, que quiebra en 1946, por lo que pasa a manos de la Corona Británica, para pasar finalmente a Malasia en 1963 tras su independencia, país al que hoy en día pertenece esta isla. En la década de los años ochenta y noventa los herederos intentaron solicitar renegociaciones al contrato tras el descubrimiento de nuevos recursos naturales como petróleo y gas. Pero, además, el arrendamiento deja de pagarse por Malasia en 2013, por lo que los herederos comienzan un nuevo periplo para reclamar el pago. En cifras concretas, los herederos valoran la indemnización a la que creen tener derecho en 32.200 millones de dólares, no solo por las cuotas dejadas de pagar, sino por lo que calculan que tiene que abonar Malasia por explotar un territorio rico en petróleo y gas.
El acuerdo de 1878 incluía una cláusula de arbitraje pero no identificaba la sede del arbitraje ni la ley aplicable. Dado que el contrato se firmó en suelo español, los herederos presentaron el 31 de enero de 2018 una demanda ante los tribunales españoles contra Malasia para el nombramiento de un árbitro. El 8 de junio de 2018, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España notificó a la Embajada de Malasia la solicitud de designación de un árbitro.
En su sentencia de 29 de marzo de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid designó como árbitro único al señor Gonzalo Stampa. El árbitro único bifurcó el arbitraje en dos fases: jurisdicción y fondo. Malasia envió dos cartas al árbitro impugnando su jurisdicción e incluso compareció brevemente a través de la oficina de Madrid de un bufete británico, aunque luego continuó en rebeldía. Malasia nunca volvió a participar en el arbitraje y, en cambio, decidió presentar una medida cautelar antiarbitraje en los tribunales de Malasia, que fue concedida.
El Sultanato de Joló o Sultanato de Sulú era un estado musulmán que abarcaba gran parte de los territorios en el área del Mar de Joló, en el Suroeste de Filipinas y nordeste de Malasia. Se cree que el Sultanato fue fundado en 1450, aunque algunos historiadores musulmanes afirman que ya existía siglos atrás, desde los tiempos del Rajá Baguinda Alí.
En su apogeo, se extendía sobre las islas que bordean la península occidental de Mindanao en el este, hasta el actual estado de Sabah en Malasia en el oeste y el sur, y la isla de Palawan en el norte. Las fuerzas coloniales españolas consiguieron establecer una fortaleza en Zamboanga que significó un apoyo crucial para las sucesivas expediciones a diferentes territorios del Sultanato.
Hasta el día de hoy la cuestión sobre quién es el legítimo sultán de Joló es disputada por los gobiernos de Filipinas y Malasia y varias ramas de la familia real, aunque la línea de sucesión recayó en la rama de la familia real de los Kiram desde 1823 hasta la muerte del último sultán soberano en 1936.
