A principios de febrero de 2020, cuando el COVID-19 se estaba extendiendo más allá de China, James LeDuc comenzó a recibir llamadas de periodistas que preguntaban si el SARS-CoV-2 podría haberse originado en un laboratorio.
Él no lo creía así. No obstante, el 9 de febrero, envió un correo electrónico a su antiguo colega y aprendiz en el Instituto de Virología de Wuhan (WIV), Yuan Zhiming. LeDuc lo alentó a «realizar una revisión exhaustiva de las actividades de laboratorio asociadas con la investigación sobre coronavirus para que esté completamente preparado para responder preguntas relacionadas con el origen del virus». Incluyó una lista de tres páginas de «algunas áreas en las que quizás desee investigar».
En la revisión propuesta por LeDuc se incluyeron las siguientes preguntas: «¿Hay alguna evidencia que sugiera una falla mecánica en la biocontención durante el tiempo en cuestión? ¿Se utilizaron y certificaron adecuadamente las cabinas de seguridad biológica? ¿Los sistemas de filtración de aire de escape funcionan correctamente?».
Las preguntas eran aptas. Dos meses y medio antes, según el informe provisional del Senado de los Estados Unidos, los funcionarios de adquisiciones de WIV publicaron una licitación en un sitio web del gobierno en busca de un costoso incinerador de aire. La publicación estaba fechada el 19 de noviembre de 2019, el mismo día en que llegó el oficial de seguridad visitante de CAS para abordar una situación «compleja y grave» allí.
Los científicos de WIV no son agentes libres que pueden compartir con franqueza lo que ocurrió en sus laboratorios. El WIV está bajo el control del Estado y el Partido Comunista Chino. El hecho de que se puedan ver las presiones políticas bajo las que están no significa que no estén bajo ellas. Los científicos estadounidenses tardaron en darse cuenta de eso.
Sin la cooperación del gobierno de China, no se podrá saber exactamente qué sucedió o no en el WIV, o qué conjunto preciso de circunstancias desató el SARS-CoV-2. Pero los despachos de WIV, cuando se superpusieron con las pruebas adicionales que compiló el equipo del Senado, apuntan a una catástrofe en ciernes: presión política para sobresalir, recursos inadecuados para salvaguardar el trabajo arriesgado y un esfuerzo por eludir la culpa una vez que se produce una crisis.
