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El juez Marchena cruza su Rubicón para hacer política

La sentencia que inhabilita al diputado Alberto Rodríguez sienta un mal precedente por lo que tiene de injerencia en el Poder Legislativo

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Manuel Marchena es, de largo entre todos nuestros jueces, el más literario, el más novelesco e interesante de una amplia nómina de magistrados funcionariales, abúlicos y grises. La prensa de la caverna construyó el mito del Kevin Costner de la judicatura patria durante el juicio contra los líderes indepes del procés y solo por ese episodio, que lo introdujo de lleno en la historia de España, se ganó a pulso el título de togado de guardia de las derechas ibéricas. Desde aquel proceso inquisitorial al soberanismo catalán, algunos quieren ver en Marchena el azote de rojos, el martillo de herejes antiespañoles y el antídoto judicial antipodemita. Un hombre con un lado oculto, un profesional de la maza que acumula un inmenso poder y que ya no se sabe si es un juez que hace política o un político que imparte justicia a su manera.

En la últimas horas el mediático magistrado, que está en todas las salsas o capítulos de la historia reciente de este país, ha vuelto a ser protagonista por la polémica sentencia contra Alberto Rodríguez, el diputado de Unidas Podemos inhabilitado por darle una patada a un policía hace siete años. El asunto va camino de convertirse en uno de los casos de atropello a la disidencia más flagrantes de la democracia. Estamos hablando de un representante público elegido legítimamente por el pueblo a quien, de golpe y porrazo, se le priva del acta parlamentaria por unos hechos que ocurrieron en 2014 (cuando ni siquiera era diputado), y a quien se expulsa de las Cortes deprisa y corriendo y poco menos que a empujones, como uno de esos infelices desahuciados de su vivienda que pagan la crueldad de su banco.

Ayer, el magistrado emérito del Tribunal Supremo, Martín Pallín, confesaba que la sentencia le parece “preocupante” por lo que tiene de severa restricción al derecho de participación política, espina dorsal de cualquier régimen democrático. El popular jurista cree que la resolución roza el perjuicio al derecho a la presunción de inocencia del reo, ya que se basa únicamente en el testimonio del policía supuestamente agredido (los vídeos aportados recogen a Rodríguez en la manifestación, pero no en el momento de la supuesta agresión) y además impone una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo del condenado que no tiene fundamento legal ya que, según Pallín, una vez que el Supremo opta por conmutar la pena inicial de 45 días de prisión por una multa de 540 euros ya no hay lugar a la pena accesoria.

Pero planean más sombras de duda sobre el fallo, como que dos de los magistrados han incorporado un voto particular discrepando con la decisión final del tribunal y dejando abierto el debate jurídico. Por otro lado, tampoco parece que se haya respetado el principio de proporcionalidad que debería alumbrar a todo juez en el ejercicio de su cargo, ya que inhabilitar a un diputado para siempre y de por vida por una contusión –la del policía que “curó en un día sin impedimento para sus actividades habituales”– se antoja una condena un tanto excesiva. Es en ese punto donde Marchena puede haberse pasado tres pueblos, como suele decirse coloquialmente.

Obviamente, el asunto va a dar que hablar en el Constitucional y probablemente también en Estrasburgo, tribunales a los que Rodríguez piensa recurrir para ver restituidos sus legítimos derechos. Con todo, si excesivo ha sido el castigo, más aún sorprende la prisa que se ha dado Marchena para que la sentencia fuese ejecutada lo antes posible, sobre todo teniendo en cuenta que España es el país de la lentitud judicial. Por lo visto, aquí parece que un ladrón de guante blanco puede ver aplazadas sus sentencias hasta la eternidad mientras que al diputado que viene de abajo, de la clase obrera, del pueblo, se le aplica el juicio sumarísimo, como en los tiempos franquistas, con una rapidez pasmosa.

En efecto el viernes, y ante la posibilidad de que la Mesa del Congreso de los Diputados decidiera dejar en suspenso la resolución a la espera de aclaraciones sobre la inhabilitación de Rodríguez, Marchena remitió un escrito a la Cámara Baja negando la posibilidad de anular la pena accesoria y advirtiendo que el tribunal considera “obligada” la retirada del acta al tratarse de una condena a prisión, aunque después se hubiese conmutado por una multa. Solo le faltó amenazar con la apertura de un juicio por rebelión, a la catalana, contra todo aquel que no aplicara de inmediato su sentencia.

Lógicamente, ante las presiones de Marchena y la amenaza de una querella por prevaricación de Vox, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, decidió obrar en consecuencia y proceder a la retirada del escaño del representante de Unidas Podemos, desatándose la posterior crisis entre socialistas y morados en el Gobierno de coalición. La ministra podemita Ione Belarra llegó a anunciar una querella contra la presidenta del Congreso (algo inédito en la historia de la democracia) y pidió su fulminante dimisión, de manera que nunca una patada a un policía tuvo tanta trascendencia en el devenir de la historia de España. Objetivo cumplido para las derechas.

Más allá de las consideraciones y argumentos judiciales a favor y en contra del envío al ostracismo de Rodríguez, cabría preguntarse cómo Marchena ha podido llegar tan lejos hasta incurrir en una peligrosa injerencia en el Poder Legislativo. Lo lógico es que la Mesa del Congreso hubiese podido ejercer su soberanía como primer poder del Estado aplazando la inhabilitación del diputado hasta que el Constitucional o Europa se pronunciaran al respecto. A fin de cuentas, Marchena ya había hecho su trabajo y a partir de ahí correspondía a la Cámara Baja tomar las decisiones oportunas.

Los ingleses, grandes pioneros de la democracia, tienen una máxima en política: “Lo que pasa en el Parlamento queda en el Parlamento”. O lo que es lo mismo: si un gobierno de jueces en la sombra puede imponer su ley en el gran templo de la soberanía nacional, liquidando a Montesquieu, mal vamos. Está claro que aquí se ha formado un Estado Mayor de poderosos quintacolumnistas de la judicatura que pretende gobernar España “desde detrás”. Con su decisión, Marchena entra definitivamente en política. Aún no sabemos por qué partido, aunque intuimos que son dos los que se lo rifan. Se admiten apuestas.  

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1 Comentario

  1. Sr.Pallin ( Uria,Bosch) gracias por sus aclaraciones y a usted sr.Antequera por referenciarlos . El tema es clarisimo es una burda maniobra de los de siempre para cargarse el govierno metiendole el dedo a UP y que estos saltasen y se convoquen nuevas elecciones [(o que quede retratado el Psoe pactando con PP con lo cual en la proximas generales no se que votaran los electores pro psoe ( ver la maniobra en andalucia ) ] ya que estos piensan que con las encuestas tienen el viento a favor con lo cual queda claro que el sr. Marchena es una mala persona y presuntamente prevericador al menos es lo que sale en la prensa con lo cual no respecta el codico odontologico de la justicia porque es de parte del tardo franquismo del Pp y los otros y que pasara cuando TJUE le de la razon al diputado Rodriguez ,pagaran con sus cargos la Batet y los juecez del TS por su atropeyo. viva la futura III Republica.

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