El IPC adelantado del mes de enero registra una tasa interanual del 6%, cinco décimas menos con respecto al dato del mes anterior. En este comportamiento, el INE destaca la bajada del precio de la electricidad, en contraste con la subida que registró en enero de 2021.
Por su parte, la estimación de la inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados, refleja un aumento de tres décimas, situándose en el 2,4% anual, 3,6 puntos por debajo de la tasa general. Este aumento debe ponernos en alerta ante el traslado del aumento de los costes de producción de las empresas al precio de productos y bienes básicos, encareciendo así la cesta de compra habitual.
El IPC sigue muy elevado
Los datos de IPC siguen registrando valores muy elevados, perjudicando gravemente los intereses de la clase trabajadora. De hecho, en 2021, los asalariados y asalariadas perdieron 1,6 puntos de poder de compra, cifra que alcanza los 2,6 puntos en quienes percibieron el SMI.
Precio de la luz
Y, a pesar de que se espera una moderación paulatina de los precios, las estimaciones siguen situando la inflación media en valores elevados –un 3,7% según el Banco de España-, generando una situación insostenible con los trabajadores y trabajadoras como principales damnificados.
La ampliación de los beneficios y los márgenes de las empresas energéticas se está produciendo a costa del recorte del poder adquisitivo, generando un agravio distributivo que debilita el consumo y la recuperación.
La moderación salarial o el reclamo de una política monetaria más restrictiva son recetas que, no combaten las causas de la inflación -cuyas causas se ubican en las disfunciones de los mercados internacionales del gas y del petróleo y en un sistema de fijación de precios que permite a las multinacionales una captación abusiva de rentas a costa de los consumidores-, comprometerían la recuperación y favorecerían la apertura de nuevas brechas de desigualdad y pobreza.
La patronal debe sentarse a negociar un nuevo AENC
En este contexto, es fundamental que el Gobierno actualice cuanto antes el SMI, que debe alcanzar los 1.000 euros mensuales con efectos retroactivos desde el 1 de enero y avanzar así en la senda de crecimiento propuesta por la Comisión Asesora para el Análisis del SMI concluyendo en 2023 con un SMI equivalente al 60% del salario medio del país.
Además, los convenios deben incorporar aumentos salariales superiores a la previsión de inflación media (que la mayoría de las estimaciones sitúan en el entorno del 3,5%), de forma que se dé una mejora del poder adquisitivo, adaptándose, como siempre, a las circunstancias económicas particulares de cada sector y empresa. Y se deben incorporar cláusulas de revisión salarial que vinculen la nómina al IPC para el caso de que éste supere la previsión, pues solo así se otorgará transparencia y seguridad en las negociaciones, permitiendo aumentos inicialmente más moderados.
El sindicato UGT emplaza a la patronal a sentarse a negociar ya el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que debe facilitar la negociación de los convenios colectivos y garantizar aumentos del poder de compra de la clase trabajadora. Se trata de una demanda razonable y acorde al escenario de expansión económica que ayudaría a reducir los niveles de conflictividad en las empresas.
