GRECO es el grupo de estados del Consejo de Europa contra la corrupción, el cual viene recomendando a España, mediante informe, “seguir trabajando por la independencia judicial y la prevención de dicha corrupción”. Esta conclusión no admite mucha controversia en la interpretación, más allá de la suavidad y tono más o menos agradable de los términos, en lugar de decir, para que todo el mundo lo entienda, que desde fuera nos ven como unos manipuladores de la justicia y como unos corruptos.
Resulta que GRECO, tras varias rondas de evaluación, continúa afirmando que la cuestión que no se ha llegado a cumplir, ni siquiera parcialmente, es la relacionada con el régimen de elección del Consejo General del Poder Judicial y el refuerzo de su independencia, por no expresar con claridad que la injerencia política en España, a través del entramado de las redes que facilitan y procuran la realización de favores y su devolución, han destrozado el “intento” de democracia y el de estado de derecho.
El caso es que GRECO depende del Consejo de Europa, y cabe preguntarse ¿Cómo trata la independencia y la imparcialidad este organismo internacional respecto a sus propios actos?. ¿Es escrupuloso en respetar todo lo que exige a los estados miembros?. Somos muy pocos los que nos planteamos estas cuestiones y reflexionamos sobre las mismas, y es por ello por lo que el fraude pasa completamente desapercibido, consolidándose engaños bajo apariencia de transparencia institucional, que se da por existente.
“El Consejo de Europa es una organización internacional de ámbito regional destinada a promover, mediante la cooperación de los Estados de Europa, la configuración de un espacio político y jurídico común en el continente, sustentado sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley. De dicha organización dependen determinados organismos, siendo el más relevante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Ni que decir tiene que el Consejo de Europa debería ser una entidad rigurosa y transparente en sus actos, con respeto absoluto al derecho y resoluciones de los estados miembros, y por ende, a sus justiciables. Sin embargo no siempre ha sido así e incluso en alguna ocasión de forma ciertamente escandalosa.
Un ejemplo de escándalo, que pasó desapercibido, aún habiendo sido publicado en algún medio, fue un acto que realizó este organismo europeo el 24 de octubre de 2017 y que subió a su cuenta de Facebook.
Se trataba de una entrevista que tuvo lugar en su propia sede, recogiendo el testimonio de una de las partes en un proceso por vulneración de derecho al honor que se seguía en España, tan mediático como sensible, entrevista que realizó en ese momento a la parte que había resultado condenada por la Audiencia Provincial de Madrid, por imputar delitos gravísimos a aquel al que acusaba, hechos que situaba hacía más de cuarenta años, sin prueba alguna y sin que “el acusado por la entrevistada” pudiera negarlos, afirmarlos o contar su versión en el mismo medio, titularidad del organismo europeo. (La entrevista se realizó vigente la condena por vulnerar el honor, aún no firme).
Posteriormente, el Consejo de Europa fue a más, ya que “invitó” a la “acusadora” a su Comité de Ministros celebrado el 14 de noviembre de 2018, para seguir insultando e imputando delitos a granel ante nada más y nada menos que 47 delegaciones, una vez más sin prueba, y colaborando desde una institución europea, que dice velar por los Derechos Humanos. Luego resultó que la compareciente también colaboraba con el propio Consejo de Europa en proyectos europeos.
Es decir, el organismo que dice sustentarse sobre los derechos humanos, resulta que en ocasiones permite su vulneración, y no solo es capaz de anular el principio de contradicción, sino que resulta parcial y al parecer, “dependiente” mientras se permite dar lecciones y exigir imparcialidad, independencia y transparencia.
Ante esa tropelía, me consta, porque fui yo mismo el que la redactó, se interpuso una queja ante “the European Ombudsman” (Defensor del Pueblo Europeo) que muy amablemente contestó que nada podía hacer porque el Consejo de Europa es un organismo fuera de su competencia, de hecho es tan independiente que es independiente de la propia Unión Europea.
Tampoco contestaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de nuestro país a las comunicaciones que se presentaron por registro el día 13 de noviembre de 2017, trasladando los hechos, la precitada entrevista, tanto al Secretario de estado de Cooperación Internacional, Don Fernando García Casas, como al Secretario de estado para la Unión Europea, Don Jorge Toledo Albiñana.
Incluso desde Abogacía Española, tras contacto con su sede en Bruselas, se planteó que se había acordado en una reunión que sus servicios jurídicos remitieran una queja al CGPJ por entender que se podía tratar de un problema de respeto a las resoluciones Judiciales del Reino de España, queja que finalmente no formularon, a pesar del consentimiento que se otorgó, trasladando que no la presentarían porque les habían comunicado desde el propio Consejo General del Poder Judicial que no tendría ningún recorrido, de hecho literalmente así lo comunicaron, como respuesta oficiosa del CGPJ, con el que alguien “habló”.
Luego resultó que al letrado de la entrevistada le hicieron una entrevista (valga la redundancia) en un medio de información jurídica de la que se hizo eco y reprodujo la página web oficial del Consejo General de la Abogacía española, abogacía.es., precisamente por el caso en cuestión. (Compañeros del Consejo, esto no está bien, deberíais reflexionar para no volver a hacerlo, se trate de quien se trate…).
Hechos estos incisos, fruto de la casualidad, (hay más casualidades sorprendentes por razones de coincidencia laboral y parentesco), cabe preguntarse, ¿Quién controla por tanto al organismo fiscalizador de la corrupción y la independencia de la justicia en los estados miembros? Se sabe de quien depende, de los propios estados, y a su vez viene diseñado por sus políticos, con lo que la respuesta es clara en cuanto al vicio circular. Se podría contestar con una pregunta que fue muy publicitada respecto a la fiscalía española, por analogía. ¿De quién depende el Consejo de Europa?. De los estados miembros, ¿no?. Pues eso.
Llegados a este punto, y ya conociendo algún antecedente más, ciertamente clarificador, volvemos al inicio. GRECO, en sus sucesivas rondas evaluadoras (ponga por favor, veinte cañas, diez cortos, cinco tintos de verano, tres refrescos de naranja, tres de limón, dos coca colas, un bitter y tres gin tonic, con cuarenta cuatro aceitunas y dos gominolas – siempre una menos por si uno no quiere y fomentar el ahorro -), llega a la conclusión que no terminamos de encajar bien el sistema de elección del CGPJ y la independencia, resultando sorprendente que no se tomen medidas inmediatas. Claro que igual entonces no habría quien dijera para otra rondita eso de “ nos pone lo mismo, por favor, y unas chisteras de “moules” (mejillones), de aperitivo, porque por tiempos, e importancia, esto ya suena a sorna o cachondeo.
En esto que ahora resulta que el Presidente del CGPJ, que es a su vez el Presidente del Tribunal Supremo (que error más grande de base, ya que un órgano politizado radiografía una presumible politización del alto Tribunal, sólo con esta coincidencia), amenaza con dimitir, amagando, porque lo cierto es que hasta ahora sigue en el terreno de juego (parece ser que dimitirá hoy lunes), y no sé porque me da que alguien acabará pitando penalti y se tirará a lo Panenka, para exigir acuerdos políticos, base de toda la perversión institucional, entre ellos los de los nombramientos de dos magistrados del Tribunal Constitucional. Y ello, en lugar de levantar alfombras y poner sobre la mesa todas y cada una de las injerencias que han existido, caiga quien caiga, para que la independencia que nos demandan, y que deberíamos procurar sin exigencias de terceros, comience a allanar el camino hacia una democracia y un estado de derecho “de fiar”. Sin embargo, se sigue “de cañas”, mientras la ciudanía paga “las ronditas”.
Y ahora vamos al Tribunal Constitucional. Ese órgano “independiente” de todos los demás órganos institucionales, creado para velar por nuestros Derechos Fundamentales, y que para amparar el derecho a no sufrir dilaciones indebidas de dos años en un proceso judicial, tarda cuatro en resolverlo. El mismo que hace dos días (aunque luego “reculó”) fue capaz de aplazar “sine die” su decisión sobre los señalamientos tardíos (Un juicio laboral en Sevilla se puede ir a 2026), en el colmo de la desprotección de los justiciables, pero cuyos Magistrados son excelsos, porque tienen un “reconocido prestigio”.
Los últimos candidatos al Tribunal Constitucional, a propuesta del Partido Popular, con pacto entre el Presidente y el entonces líder de la oposición, Sr. Casado, y que finalmente accedieron al cargo, resultando nombrados fueron especialmente controvertidos y polémicos. Puntualicemos el porqué, sin valoración alguna y sólo preguntando al lector sobre lo publicado. .
Entre las noticias que se publicaron al respecto, se decía de uno de los recientes Magistrados, que estuvo imputado en una pieza del caso Palma Arena, que aparecía en unas grabaciones del caso Lezo hablando de “pieza principal” y de “movimientos” para colocar fiscales, que fue conferenciante de la Fundación Faes, que en 2004 el Presidente de Baleares convocó un concurso mediante el procedimiento de negociación sin publicidad, invitando a tres empresas a presentar ofertas, y lo ganó su despacho, habiendo leído en una publicación que, según el Juez Castro, instructor del caso, fue un fraude por estar amañado, aunque hay que decir, en su favor, que respecto a lo que ha estado imputado, se le ha absuelto, o al parecer también le ha prescrito.
Con anterioridad a nombrarle Magistrado han corrido ríos de tinta sobre el mismo, arrojando luz sobre incompatibilidades, negocios, intereses, contradicciones, e incluso, según publicó un periódico digital, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, llegó a decir, que el ahora Magistrado había intervenido a la vez como instructor y como Presidente del Tribunal del Deporte en un expediente disciplinario por el que se sancionó al expedientado, pese a que la ley de Administraciones públicas prohíbe la duplicidad para preservar la imparcialidad. (Noticia de Infolibre de 10 de noviembre de 2021).
¿Ustedes creen que así es posible trabajar por la transparencia, por la independencia, por un estado de derecho donde todos seamos iguales ante la ley, y por un sistema democrático con garantías?…
El 15 de diciembre de 2012, el Consejo de ministros aprobó, a propuesta del titular de la cartera de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, una terna de candidatos por parte de España para formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), entre los que estaba este Magistrado, que al parecer también había sido Juez “Ad hoc” en el citado Tribunal, ( los “jueces ad hoc” actúan en calidad de juez en los casos de ausencia o imposibilidad de intervención del juez titular de este órgano internacional). En este mismo artículo hemos hablado del Consejo de Europa del que depende el TEDH, y hemos visto su falta de imparcialidad y falta de respeto a una resolución española, dando publicidad a la versión de una de las partes en litigio, y en el mismo caso, vigente el plazo para formular demanda ante dicho Tribunal, permitiendo y promoviendo la comparecencia de la acusadora en su Comité de Ministros, para seguir acusando. La pregunta es tan necesaria como urgente¿Nos encontramos ante un círculo vicioso contra la independencia ocultado mediante apariencias del buen nombre y mejor función que se presupone de las instituciones al interés general?.
En este artículo silencio cuestiones “casuales” que podrían ser claves para entender dónde nos encontramos y ante quien. No me compete a mi analizarlas, ya que sólo soy un abogado, que he investigado “las casualidades” en un caso civil de honor que me encomendó un cliente, Jesús Carballo, ex seleccionador nacional de Gimnasia Artística Femenina, al que destrozaron la vida sin pruebas y sin haberle hecho ni una sola pregunta. Desde entonces, me levanto día tras día con la esperanza de que esta salvajada, donde la trazabilidad analizada da auténtico pavor, no le vuelva a suceder a nadie más.
La política de alternancia maneja el poder y el vicio. Unos llegan cuando los otros “se queman”, mientras a los ciudadanos se nos trata de engañar con la “milonga” de que tenemos democracia porque votamos, y todo ello mientras la corrupción “se actualiza y recoloca”.
Desde las instituciones seguirán hablando del Consejo de Europa, del Informe Greco del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y, mientras se negocia quien debe formar parte de unos y otros, se debate el sistema de nombramientos, o se producen más bloqueos que en un partido de baloncesto, el estado sigue pudriéndose. Ello es posible porque los ciudadanos pagamos la cuenta de ese trabajo ficticio para una presumible independencia que nunca llega, engañados en el objetivo final, ya que ni somos, ni de seguir así seremos, iguales ante la ley.
Y todo ello mientras la gran mayoría de jueces y fiscales, trabajan a destajo, sin mejora de los medios de que disponen, pero con dedicación y total independencia, que luego, “dependiendo” del caso de que se trate, puede no servir para nada más que para la satisfacción del deber cumplido y para haber seguido fielmente las obligaciones de su juramento, que no son otras que las propias de la noble tarea de impartir JUSTICIA.
