Cada año el Gobierno de Estados Unidos elabora informes sobre la observancia de los Derechos Humanos en los distintos países del mundo.
El relativo al año 2020, sobre España, puede consultarse aquí.
En el documento se analiza, pormenorizadamente la observancia de los Derechos Humanos, sobre todo basándose en informes de Naciones Unidas y Organizaciones Internacionales como Amnistía Internacional, entre otras.
Llama la atención que en el epígrafe específico «presos y detenidos políticos» se señale a la situación concreta de los presos políticos catalanes. El epígrafe, concretamente, dice así:
«El 8 de marzo, el relator especial de la ONU para las cuestiones de las minorías expresó su preocupación por las restricciones y los cargos penales contra los políticos catalanes y los activistas de la sociedad civil involucrados en el “referéndum” de octubre de 2017. El relator especial pidió al gobierno que cumpla con sus obligaciones legales de proteger los derechos humanos de las minorías, incluida la minoría catalana, especialmente en lo que respecta a las libertades de expresión; reunión pacífica, asociación; y participación en la vida pública. El defensor del pueblo rechazó la categorización de la población de habla catalana como minoría.
El relator especial coincidió con las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en que las detenciones prolongadas y posteriores condenas de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los dos activistas de la sociedad civil condenados en el caso, el 13 de mayo, Amnistía Internacional criticó la interpretación de la sedición de la Corte Suprema como «excesivamente amplia» y alegó que resultó en la «criminalización de los actos de protesta». El 3 de noviembre reiteró su llamado al gobierno a liberar a Sánchez y Cuixart.
En julio, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias reiteró su recomendación anterior de poner en libertad a siete de los nueve presos proindependencia catalanes condenados por sedición por el Tribunal Supremo por su papel en el “referéndum” de octubre de 2017 sobre la independencia catalana. Representantes de varios partidos políticos nacionales catalanes llamaron a los condenados «presos políticos», pero ni el gobierno ni ninguna ONG internacional de derechos humanos apoyaron esta afirmación.»
Posteriormente, en el epígrafe destinado a la libertad de expresión, vuelve a indicarse que «en un informe del 8 de marzo, el relator especial de la ONU para cuestiones de minorías expresó su preocupación de que la sentencia de octubre de 2019 sobre 12 políticos catalanes y activistas de la sociedad civil interfiriera con la libertad de expresión y la disidencia política no violenta de la minoría catalana y podría servir como una señal para prevenir la disidencia política de otros grupos minoritarios. El Defensor del Pueblo rechazó la categorización de la población de habla catalana como una minoría».
Se analiza la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, se señala también la sentencia que en un principio condenó a Cesar Strawberry, los ataques a la prensa, o la corrupción del país.
Llama asombrosamente la atención que al hablar de corrupción, únicamente se habla de las investigaciones abiertas a Podemos, que además, en la mayoría de los puntos que señala el informe son asuntos ya archivados.
