El impuesto a la banca y las energéticas del Gobierno terminará casi con toda seguridad en los tribunales. Los grandes prebostes y élites del capital tienen claro que Pedro Sánchez se ha tirado a la piscina por razones políticas (para remontar en las encuestas ante una elecciones cada vez más próximas) pero transgrediendo la ley y las normas de competencia. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido de que la introducción de impuestos “a la carta” sobre determinados sectores o empresas –como los tributos temporales a la banca y energéticas que el Gobierno pretende imponer– no suele ser una buena idea porque plantea problemas legales y de equidad e introduce un elemento de inseguridad jurídica que no contribuye al fomento de la actividad económica, según informa Europa Press.
Compartiendo el objetivo del Gobierno de repartir equitativamente los costes de la guerra en Ucrania, la Fundación recomienda en su último Boletín Seguimiento situación económica y respuesta a la crisis de Ucrania centrarse en la negociación de un amplio pacto de rentas.
Además considera que, si fueran necesarios recursos adicionales, estos deberían provenir de medidas tributarias de carácter general que no minen la seguridad jurídica y el principio de igualdad y se centren preferentemente en la ampliación de las bases impositivas de los grandes impuestos.
“Según aumentan sus beneficios, las empresas han de pagar más impuestos pero, al menos en principio, dos empresas con beneficios similares deberían pagar impuestos parecidos, pertenezcan o no al mismo sector”, argumenta la Fundación.
En caso contrario, la Fundación avisa de que se estarían introduciendo diferencias de trato arbitrarias entre sectores y, por tanto, entre sus respectivos accionistas, consumidores y trabajadores, sobre los que recaerá en última instancia la carga efectiva del tributo.
En este sentido, Fedea cree que podría haber motivos para desviarse del principio de igualdad de trato en circunstancias muy tasadas, pero si se opta por hacerlo, la Fundación insiste en que las razones deberán ser sólidas y explicarse muy bien para evitar una apariencia de arbitrariedad que tendería a espantar a empresarios e inversores ante el temor a que sus futuros beneficios puedan ser también “minorados” arbitrariamente “a capricho del Gobierno de turno”.
En principio, Fedea no comparte el argumento del Gobierno para imponer un nuevo impuesto a la banca. Según explica la Fundación, los supuestos “beneficios extraordinarios” provendrían de las incipientes subidas de tipos de interés que se están comenzando a registrar en los últimos meses, pero tales subidas son sólo el comienzo de una cierta vuelta a la normalidad tras un largo y atípico período de tipos de interés negativos.
“En cualquier caso, resulta complicado hablar de beneficios extraordinarios en un sector caracterizado en los últimos años por sus estrechos márgenes y por una rentabilidad sobre fondos propios reducida e incluso inferior a su coste de capital”, ha señalado.
En el caso de las empresas energéticas, Fedea cree que las conclusiones han de ser más matizadas. Aquí sí podría hablarse con cierta propiedad de “beneficios caídos del cielo”, especialmente en el caso de los generadores eléctricos que no utilizan combustibles fósiles, cuyos costes no han subido mientras sus precios de venta en el mercado spot han llegado a multiplicarse por seis en meses recientes.
Ante un shock tan brutal, Fedea considera que hay margen para actuaciones temporales y modulables, como el mal llamado tope al gas, que mitiguen el shock redistribuyendo parte de las rentas desde los generadores inframarginales hacia los consumidores domésticos e industriales.
De su lado, Fedea ha sugerido eliminar la bonificación general al precio de los carburantes y las rebajas de los impuestos sobre la electricidad y redirigir los recursos ahorrados por esta vía hacia medidas de apoyo a rentas bajas y medias, incluyendo una reducción transitoria de los tipos del IRPF para los tramos inferiores de renta y la reflactación de la tarifa del impuesto con la inflación acumulada.
En concreto, la Fundación considera que habría que eliminar la bonificación general al precio de los carburantes y las rebajas de los impuestos sobre la electricidad, porque estas medidas tienden a estimular la demanda de energía y a ralentizar el ajuste de empresas y familias ante la nueva situación.
Los recursos ahorrados por esta vía deberían redirigirse hacia medidas de apoyo a rentas, especialmente las bajas y medias y las de productores especialmente afectados por el alza de los precios de determinados insumos.
En el caso de los hogares, las ayudas podrían canalizarse a través de una reducción transitoria de los tipos del IRPF para los tramos inferiores de renta, y quizás mediante la reflactación de la tarifa del impuesto con la inflación acumulada.
Por otra parte, Fedea echa en falta un esfuerzo más decidido por negociar un pacto de rentas que facilite un reparto ordenado y equitativo de los costes de la guerra y ayude a evitar una espiral de precios y salarios que agravaría los problemas, entre otras vías, a través de una pérdida de competitividad.
Es lo normal por parte de quien tiene conciencia de su poder frente a la legislación previamente condicionada para un determinado funcionamiento del mercado, y falta de conciencia social para compartir los males generales del momento. Estos son los mismos que hace poco nos decían que todos éramos responsables de la deuda y nos pedían que nos ajustáramos el cinturón, mientras recibían un apoyo Estatal multimillonario para un mercado que niega dicho procedimiento, para recuperara el agujero que solo ellos (bancos y cajas, no estaba solo en las cajas –unas con ayudas directas y otras con avales y créditos a bajo interés que pagamos todos por valor de 200.000 millones de Euros) habían organizado, con empresas offshore, en paraísos fiscales. Ahora, con las cosas revueltas por una guerra pero con el privilegio de una recuperación que solo ellos han recibido plenamente, y unas condiciones de mercado en el que pueden explotar la miseria ajena, ofendidos y molestos, recurre al ejercito de especialista legales, muchos de ellos participes de la construcción de leyes debidamente construidas a favor de la minorías y del capital, para impedir que pierdan la posición de privilegio que, como vemos, dispara sus beneficios.