La situación de la Justicia en España es, cuanto menos, catastrófica. La crisis institucional provocada por la actuación del Tribunal Constitucional o la no renovación del Consejo General del Poder Judicial son, en realidad, el menor de los males de una administración cuya única función es, precisamente, impartir una justicia justa, en la que todos los ciudadanos sean tratados de igual manera y sin ningún tipo de privilegio.
Sin embargo, en España esto no es así. Los tribunales están conquistados por los intereses de los poderes económicos, bancarios, financieros y empresariales. Los jueces se han convertido en enemigos del pueblo. No hay más que ver las sentencias que se dictan sobre todo en las altas instancias judiciales que, a pesar de las pruebas presentadas en los procedimientos, siempre se colocan a favor de los poderosos. Bancos, compañías energéticas, aseguradoras, constructoras o grandes fortunas saben que, finalmente, terminarán ganando las demandas o las querellas que les interpongan.
Esto ocurre, principalmente, por la capacidad de influencia en jueces y fiscales que tienen los grandes despachos de abogados que, cuando ven que con la ley están abocados a una derrota, despliegan todas sus armas para satisfacer a sus clientes y garantizarse millonarias minutas. La consecuencia es un sistema perverso en el que se rompe la igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama la Constitución. Además, se genera una impunidad para los que más tienen que deja a la ciudadanía afectada por la codicia de esta élite absolutamente desamparada.
Para mantener este sistema corrupto y podrido, esos grandes despachos recurren a lo que haga falta dejando en un baúl la ética y el respeto a cualquier tipo de deontología. Si las influencias no les sirven, entonces, si es necesario, inician el juego sucio.
Tal y como publicamos en Diario16, el accionista de Banco Santander y abogado, Eduardo Martín-Duarte, demandó la entidad y a Ana Patricia Botín en 2020 acusándoles de manipular la junta de accionistas del Santander.
Del mismo modo, este medio publicó en exclusiva cómo el juez Andrés Sánchez Magro dictó en su día un auto judicial de medidas cautelares que reconocía la apariencia de veracidad de los hechos denunciados por el accionista del Banco Santander y cómo en el procedimiento se habrían aportado diferentes documentos en los que, por ejemplo, el BNY Mellon, depositario del 5% del capital social del Santander, manifestaba que no garantizaba la autenticidad de las firmas de las delegaciones de voto a favor de Ana Botín ni la legalidad de las mismas. Esas delegaciones habían sido confeccionadas por el propio Banco Santander en vez de por el banco norteamericano que, simplemente, las devolvía a la entidad con esa advertencia sobre la autenticidad de las firmas y la legalidad de las delegaciones.
Por otro lado, más de 4.000 millones de delegaciones de acciones depositadas en Deutsche Bank, BNP, CITIBANK, etc. habrían sido también confeccionadas por el Santander, dando el propio banco las instrucciones de voto, limitándose los bancos custodios a firmar y sellar el documento que les remite el Santander, contraviniendo la normativa española y norteamericana sobre las delegaciones de voto.
Pese a esas y otras pruebas aportadas a petición del demandante y abogado Martín-Duarte, la sentencia dictada por el juez del Juzgado Mercantil 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, desestimó la demanda sin hacer ninguna mención a toda la prueba practicada, entre la que se incluía la declaración de Ana Patricia Botín y del secretario general, Jaime Pérez Renovales, que fuentes cercanas al caso confirmaron a Diario16 que era determinante para apreciar la manipulación de las juntas de accionistas del Santander.
El accionista del Banco Santander presentó recurso de apelación contra la sentencia para que la Audiencia Provincial de Madrid pueda determinar si efectivamente las maniobras denunciadas, utilizadas presuntamente por el Santander para captar las delegaciones a favor de Ana Patricia Botín y ser ellos los que directamente dan las instrucciones de voto a los bancos custodios, conllevan la manipulación de las juntas del banco cántabro.
Y es aquí cuando entra en acción el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). A solicitud de Uría y Menéndez, despacho que defiende a Banco Santander y a Ana Patricia Botín, emite una certificación que es utilizada para intentar que el recurso de apelación del accionista sea inadmitido a trámite.
Según el demandante y abogado, dicha certificación habría sido emitida de manera espuria y torticera por el director de los servicios jurídicos del ICAM, Pedro Lescure Ceñal.
Martín-Duarte denuncia que Lescure habría hecho un uso indebido de la firma del secretario del ICAM, que desconocía por completo el asunto y no había ordenado, ni emitido, ni firmado el certificado en cuestión.
Según la información recibida por Martín-Duarte de miembros de la Secretaría del ICAM, la certificación aportada por el abogado de Uría Menéndez al Juzgado para tratar de que el recurso de apelación no fuese admitido, no es la que habitualmente emite el ICAM al no llevar numeración, llevar el logotipo en lugar diferente y certificar diferentes aspectos que el ICAM no podría certificar, al ser competencia del Consejo General de la Abogacía.
En definitiva, le manifestaron que aquella certificación no habría sido emitida por la Secretaría del ICAM, que tampoco habría sido firmada por el secretario del Colegio y que no debería obrar en manos de los abogados del Santander y de Ana Patricia Botín.
El secretario del ICAM, según indica Martín-Duarte, ha reconocido que no firmó firmado el certificado ni conocía de su existencia, resultando que habría sido Lescure el que habría emitido la certificación. Sin embargo, en vez de encabezarla y firmarla él como director de los servicios jurídicos, emitió una certificación suplantando al secretario. El propio Lescure, según ha podido saber Diario16, habría reconocido ser el autor y emisor de la certificación.
En dicha certificación se comunicaba que Eduardo Martín-Duarte, supuestamente acordada por el ICAM, había sido dado de baja del Colegio de Abogados, lo que le incapacitaba para firmar el recurso contra la sentencia de Sánchez Magro. Sin embargo, no había existido ninguna comunicación preliminar a Martín-Duarte quien desconocía completamente la iniciación del proceso de baja y la resolución que la habría acordado, lo que según éste provocaría su nulidad.
El abogado demandante ha solicitado a los servicios jurídicos del Colegio de Abogados todos los archivos electrónicos y demás documentación relativa a su baja y a la solicitud por parte de Uría Menéndez de la certificación que presentó al Juzgado para tratar de conseguir la inadmisión del recurso de apelación.
Después de un mes y medio, el director de los servicios jurídicos del ICAM se habría negado a facilitar los archivos en formato electrónico a Martín-Duarte, ante lo cual éste habría anunciado al ICAM que llevaría a cabo acciones judiciales por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, estafa procesal, cohecho y asociación ilícita entre otros, contra los miembros del ICAM presuntamente involucrados y contra diversos abogados del despacho Uría Menéndez, entre ellos su próximo presidente, Jesús Remón Peñalver.
El pasado día 20 de diciembre se celebraron las elecciones en el Colegio de Abogados, en las que ha salido elegido Decano Eugenio Ribón. Éste se encontrará con el problema de la actuación de los servicios jurídicos del ICAM en el caso de Eduardo Martín-Duarte y las acusaciones de favoritismo a los grandes despachos que, según varios abogados consultados por Diario16, son los que en la práctica manejan el ICAM a su antojo.
la justicia en España es una farsa solo esta para defender a los poderoso siempre asido y siempre será
e sido formalmente jurado popular por mi comunidad autónoma
les he comunicado mi descontento ya que no quiero tener nada que ver con los tribunales de justicia mas bien injusticia pero todo asido en vano mean desestimado mi recurso de exclusión advirtiéndome de que seré sancionado con una multa de 150 euros sino me presento y pudiendo elevarse la cuantía hasta los 1500 euros dicen que es un derecho y también una obligación como ciudadano pero no tienen en cuenta de que seme esta robando tiempo de la vida que me queda sin mi consentimiento lo que tengo muy claro es que si soy convocado are lo posible y lo imposible para ser descartado llegando al extremo de no prestar ningún interés en el juicio y negarme a votar a favor o en contra del procesado esto de ser jurado selo tendrían que mandar hacer a los que cobren rentas básicas autonómicas y que así a porten al estado