ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que uno de sus asociados fue detenido por efectivos de la Guardia Civil e ingresado ilegalmente durante más de una semana en la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de Guadalajara, bajo un diagnóstico aparentemente falso emitido por un médico forense no identificado. Ningún juzgado se ha responsabilizado del referido internamiento porque al parecer el procedimiento fue declarado “secreto con instrucciones de no notificar al interesado ni una sola resolución.”
Se da la circunstancia de que durante los siete días que duró el internamiento el paciente permaneció absolutamente incomunicado y sin asistencia letrada en base a una desconocida orden judicial, con reserva y advertencia a los profesionales médicos de mantener en secreto las motivaciones de dicho acuerdo.
Figura en el alta de hospitalización emitida por el propio hospital que el ingreso de A.D.B. en la unidad de psiquiatría se produjo el 14/05/2019 sin su consentimiento, donde permaneció aislado y fuertemente medicado durante siete días, hasta el 21/05/2019 cuando fue autorizado el regreso a su domicilio, sin que conste en el referido documento la identidad del juzgado o del tribunal que autorizó el internamiento, ni del forense que emitió el dictamen.
La única referencia que se hizo por el centro médico a las inciertas circunstancias del ingreso fue que “el paciente acude al juzgado en calidad de detenido por no haberse presentado a varios requerimientos judiciales. Una vez allí es valorado por el médico forense y se procede al ingreso judicial del paciente para estudio de probable clínica psicótica”. Extremos todos ellos pendientes de aclaración.
Del documento emitido después por la unidad de psiquiatría llama poderosamente la atención el hecho de que se descartara la “clínica psicótica” que por el contrario se afirmaba desde el juzgado, por lo que ACODAP sospecha que ese diagnóstico del médico forense no identificado pudiera ser falso y tendencioso.
En el parte médico que se hizo después por la unidad de psiquiatría se desmentía el diagnóstico del médico forense -que no se identificaba- y se recalcaba que la situación de estrés que sufría el paciente tenía una “base real” (bien documentada), que hacía innecesario prolongar su ingreso hospitalario.
Sigue diciendo ACODAP en su denuncia que “esa insistencia del centro hospitalario acerca de que A.D.B. no padecía ningún brote psicótico, sino que se trataba de una simple situación de estrés con base real” es lo que hizo sospechar a la asociación denunciante de corrupción sobre que quizás “la detención que se produjo antes del ingreso también pudo haber sido ilegal, y que la organización de todo ese trámite que culminó con el internamiento psiquiátrico de su asociado pudo deberse a una represalia” pudiéndose estar hablando en este caso de un presunto delito de detenciones ilegales.
De hecho, la única resolución judicial a la que se ha podido tener acceso de aquel “extraño” procedimiento de internamiento dice ACODAP que es un auto de denegación del habeas corpus interesado por el detenido “donde el juzgado en funciones de guardia aseguraba que la detención se produjo para asegurar la presencia de A.D.B. en una comparecencia supuestamente acordada por el juzgado de lo penal, para resolver una solicitud de prisión provisional”.
Sin embargo, sigue diciendo la asociación denunciante que “no existe ninguna constancia oficial de que esa comparecencia se hubiera celebrado, ni siquiera de que nadie la hubiera pedido, ni hay evidencias de que tan siquiera se hubiera acordado”.
En la denuncia se sospecha que “detrás de toda esta trama de ilegalidades podría estar el mismísimo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, porque no sería la primera vez – dice el escrito- que Vicente Rouco Rodríguez utiliza a los médicos forenses de los juzgados para falsear diagnósticos (véase la denuncia de esta misma asociación sobre los recuentos paralelos de fallecidos por covid-19) , llegando incluso a represaliar con este mismo modus operandi a jueces de su territorio con la única finalidad de separarlos de sus investigaciones o simplemente desacreditarlos, lo que se probará en el momento procesal oportuno”.
Por esa razón, se termina pidiendo en la denuncia que el CGPJ “investigue lo necesario sobre lo que sucedió realmente, y se requiera a los juzgados intervinientes para que aporten al procedimiento los respectivos expedientes, así como que por la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de Guadalajara se acompañe absolutamente toda la documentación que se le hubiera exhibido, así como las instrucciones que hubieran recibido oralmente o por escrito de cualquier autoridad judicial, policial o sanitaria. De la misma manera se le recibirá declaración a Vicente Rouco Rodríguez”.
